Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Antes de continuar con el orden del día, les comunico ya que la interpelación número 19/19, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, se tramitará en primer lugar en la sesión de mañana viernes, día 4. En el orden del día estaba como número dieciocho y pasará a tramitarse como punto número catorce. Es a petición de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad y lo saben todos los implicados tanto de esta interpelación como de la siguiente, lo saben ya. Por lo tanto, el cambio en el orden del día será que el número dieciocho pasa a tramitarse como número catorce.

Y proseguimos con la sesión, con el punto número nueve: debate y votación de la proposición no de ley número 13/19, sobre el colegio Ánfora de Cuarte de Huerva, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Por el Grupo Ciudadanos, señor Trullén, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos aproximadamente.

Proposición no de ley núm. 13/19-X, sobre el colegio Ánfora de Cuarte de Huerva.

El señor diputado TRULLÉN CALVO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes.

La sentencia 168 de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nulas tres resoluciones del Departamento de Educación de 2015. En estas resoluciones, en primer lugar, se denegaba la licencia de apertura al Colegio Internacional Ánfora de Cuarte de Huerva y, posteriormente, se disminuía el número de unidades concertadas de doce a nueve. Esta sentencia dicta que la actuación de la Administración fue arbitraria por injustificada, y también indica que se puso en una situación de inseguridad a las familias del centro y que, por lo tanto, se vulneró el derecho fundamental a la educación recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución.

A pesar de ello, el pasado junio, encontrándose en funciones tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, el Gobierno de Aragón presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Gobierno de Aragón no ha aceptado todavía que obró de manera que puso en jaque, en 2015, los derechos y las libertades de una buena parte de la sociedad aragonesa.

Señorías, libertad de enseñanza y libertad de creación de centros docentes son dos derechos recogidos explícitamente en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Las Cortes Generales regularon estos dos derechos en la Ley Orgánica de educación de 1985, y lo hicieron mediante la implantación del actual sistema de conciertos educativos. Este sistema de conciertos educativos ha configurado desde entonces un espacio integrador, con una única red, donde los dos tipos de centros, los públicos y los privados concertados, conviven y, juntos, garantizan el cumplimiento del derecho fundamental a la educación.

Desde entonces, son muy numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que indican que la libertad de creación de centros docentes incluye la libertad de acceso a un concierto educativo, y estoy hablando de sentencias de abril de 1987; de mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 1990; de mayo de 1991; de junio y octubre de 1994, y un largo etcétera de sentencias del Tribunal Supremo que ya indican que los dos tipos de centros son necesarios, son complementarios para garantizar las libertades de creación de centros y la libertad de enseñanza recogida en nuestra Constitución.

Hasta aquí, lo que dice la ley, no según mi interpretación, sino según la interpretación de los propios tribunales de justicia.

Pero hablemos ahora de política, porque en 2015, cuando se produjeron estos hechos, existía una circunstancia particular: el Gobierno del PSOE con Chunta fue investido gracias al apoyo de Podemos, Podemos votó a favor de la investidura del señor Lambán, y lo hizo a cambio de un decálogo de condiciones. La condición número ocho de ese decálogo decía explícitamente: «La priorización de la escuela pública frente a la concertada». Podemos pedía explícitamente en ese decálogo la denegación de la apertura del Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva, pero pedía también la denegación de la concesión de Magisterio a la Universidad privada San Jorge y pedía también la eliminación de aulas concertadas en determinados centros como el San Gabriel de Zuera.

Y el PSOE cumplió, ya lo creo que cumplió, y el resultado ha sido una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia sobre el Ánfora por infringir el derecho fundamental de la educación, sentencia del Constitucional contra la retirada de la concesión de Magisterio a la San Jorge por vulnerar la autonomía universitaria y sentencia en contra del cierre de aulas concertadas en el San Gabriel de Zuera por aplicación improcedente de algo que no existe, señorías, que es la subsidiariedad de la escuela concertada respecto a la pública. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado muchas veces y ha dicho que ambas redes son complementarias entre sí.

Tres exigencias de Podemos, tres cumplimientos del PSOE, tres sentencias en contra. Esto es lo que sucede cuando se gobierna de espaldas al Estado de derecho, esto es lo que sucede cuando se gobierna pensando no en el bienestar de las personas, sino en ciertas ideologías sectarias que solo buscan la confrontación de la sociedad. [Aplausos].

Buscaron la confrontación y la encontraron, y se encontraron con treinta mil personas en la calle pidiendo justicia, pidiendo lo que los tribunales ya han dicho una y otra vez: que son necesarios los dos tipos de centros, los públicos y los concertados, para garantizar el derecho a la educación recogido en nuestra Constitución.

Señorías, ahora nos encontramos en una nueva legislatura. En esta ocasión, Podemos no solo ha votado a favor de la investidura del señor Lambán, sino que está en el Gobierno del señor Lambán. No sé si el señor Lambán puede dormir bien por las noches, pero, en cualquier caso, yo me atrevería a decirle que dormiría mucho mejor si decide dejar finalmente atrás este enfrentamiento innecesario con la educación concertada... [corte automático del sonido]...

Retirar el recurso del Ánfora sería un símbolo de que realmente buscan lo que todos queremos, que es una convivencia pacífica entre el sistema concertado y el público. Significaría, además, cumplir su propio programa de gobierno. Y por eso nosotros pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios para instar al Gobierno a que retire el recurso del Ánfora.

Muchas gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.

Para el debate del resto de los grupos, tiene la palabra, señor Sanz, por Izquierda Unida.

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.

Señor Trullén, yo, de verdad, no sé cómo puede defender una cosa y su contraria en la misma sesión plenaria. Esta mañana hablaba de la necesidad de fortalecer la escuela pública, la red pública, las infraestructuras públicas, mandando mensajes cuasi catastróficos sobre la situación de la red, y ahora dice que lo que hay que garantizar, evidentemente, es el negocio, la concertación... [rumores], la concertación, y, sobre todo, obviando una cuestión fundamental. Miren, somos representantes públicos y tenemos la obligación de hacer valer lo público, ¿verdad? Y lo público también es hacer valer la capacidad de lo público para planificar un derecho fundamental que garantice igualdad, calidad, inclusión, como es la escuela pública, que es lo que debe hacer esta Cámara y mandatar al Gobierno para que fortalezca la red pública. Y el que quiera hacer negocio, evidentemente lo puede hacer, pero que, evidentemente, el que quiera, que se lo pague.

A partir de ahí, defiende un concierto que es innecesario, que es innecesario, y deberíamos ir a ver qué ha pasado en ese concierto para que, al final, esté judicializado. Yo les pido, señores del Gobierno, que no solo mantengan el recurso, sino que continúen con esa senda de compromiso que implica el garantizar que, con el derecho de todos y de todas, se hace negocio.

Porque, fíjense, es obligación, y no le he oído a usted hablar aquí desde esta tribuna de eso, es obligación planificar, y es un derecho de esta Administración, planificar y garantizar a través de esa planificación, mediante una red pública suficiente, algo que sí es una rémora y que responde a otros tiempos. Evidentemente, como no había una red pública suficiente para garantizar las necesidades de escolarización, había que concertar. ¿Y quién está detrás de la concertación? Todos y todas lo sabemos.

Mire, hablaba de un concierto irregular, un concierto irregular porque existía un compromiso para la construcción de un centro que ya está construido y que, por lo tanto, no tenía sentido, que tenía informes desfavorables, precisamente, para la concertación. Pero aquí hubo una cuestión muy clara, o sea, cuando el 3 de febrero del citado año que usted ha puesto encima de la mesa, que gobernaba quien gobernaba, se paraliza la ejecución de esa obra, al final, evidentemente, tiene que venir la concertación y ponerse encima de la mesa. Hoy no tiene ningún sentido, los padres tienen lo que demandaban, hay un centro público que da solvencia y da respuesta a las necesidades.

Así que, desde luego, Izquierda Unida tiene muy claro que ni en este caso ni en ningún otro caso, ni ningún otro caso, vamos a justificar la concertación porque la red república no sea suficiente. Al revés, lo que debemos hacer es mejorar la red pública para que aquello que sí es residual, que viene de otros tiempos, que es innecesario y que no garantiza en condiciones de igualdad, inclusividad y calidad para todos y todas (para todos y todas, vengan de donde vengan y sean hijos de quien sean) la educación, deje de estar presente en nuestra sociedad y en nuestra red pública, por lo tanto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.

Por el Grupo Parlamentario Aragonés, la señora Peirat.

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Trullén, me veo en la obligación de decirle que, desde mi grupo parlamentario, no llegamos a entender la presentación de esta proposición no de ley... [rumores], o quizá sí.

En la exposición de motivos... [Rumores]. Les pediría un poco de respeto, porque yo así lo guardo cuando ustedes intervienen... [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Estoy absolutamente de acuerdo.

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: En la exposición de motivos de su PNL, cita usted, como bien ha dicho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, concretamente la 68/2019, en la que, como bien afirma, se estima la demanda presentada por cincuenta y nueve padres del colegio Ánfora.

Bien, ante dicha sentencia, se presenta por parte del Gobierno de Aragón un recurso de casación al Tribunal Supremo, recurso que presenta a tenor de un informe motivado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. Señorías, como ustedes saben, es un acto de irresponsabilidad interferir en las decisiones que establecen los servicios jurídicos de las administraciones públicas. En esto, no estamos ante una cuestión política, estamos ante una cuestión jurídica.

A pesar de ello y ante la sentencia que estima las pretensiones de los padres del colegio Ánfora, les tengo que decir que el Gobierno de Aragón está cumpliendo escrupulosamente con esa sentencia, y prueba de ello es que, en la actualidad, el colegio Ánfora tiene las siguientes unidades concertadas: seis en educación infantil, siete en educación primaria, cuatro en educación secundaria, y, por ende, los conciertos se han renovado y formalizado con la total normalidad. Tal es así que han quedado renovados los conciertos de infantil y secundaria hasta agosto de 2023, y de primaria se formalizará para seis años. Y recordarles que están vigentes hasta 2021 y que, cuando llegue esta fecha, se renovarán automáticamente para los siguientes seis años.

Por todo ello, tengo que decirles que el Partido Aragonés va a defender y no va a renunciar a esta defensa de la educación público-privada, entendiendo que la red de centros públicos y privados concertados son perfectamente complementarios y pueden y deben de vivir en armonía.

Tal son las cosas que debo recordarles que, en nuestro pacto de gobierno, su medida cuarenta y seis recoge que se establece una convivencia pacífica entre la enseñanza pública de calidad y las enseñanzas concertadas y privadas.

Dicho esto, haré referencia a que en toda mi trayectoria profesional como abogado jamás he visto que la Administración no haga uso del derecho que le confiere la ley a recurrir una decisión judicial, y mucho menos cuando existe una intervención de los Servicios Jurídicos mediante un informe motivado.

Por lo que, desde mi grupo, el Grupo Parlamentario... [corte automático del sonido]... entendemos que estas Cortes no pueden interferir en las decisiones tomadas por los Servicios Jurídicos cada vez que se produzca un interés específico con respecto a una acción. Esto es inapropiado y, a su vez, irresponsable.

Por todo ello, y porque desde el Grupo Parlamentario Aragonés nos consideramos responsables y entendemos que esta proposición no de ley no es pertinente, ni siquiera la vamos a votar, nos vamos a abstener. [Rumores].

Muchas gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peirat.

Por el grupo Vox en Aragón, señor Arranz, tiene la palabra.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Buenas tardes.

En Vox, está claro que apoyamos la libertad de los padres a optar entre los distintos modelos de educación pública, concertada y privada. Defendemos siempre que esos padres puedan elegir en libertad centro escolar donde matricular a sus hijos, así como ciertos contenidos que puedan recibir de acuerdo con sus convicciones morales.

El caso del Colegio Internacional Ánfora se convirtió en 2015 en una especie de símbolo de lucha del derecho a la educación y a la libre elección de centro educativo, del modelo concertado frente a la escuela pública.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón estima claramente las pretensiones de los padres del colegio Ánfora frente al actuar de la Administración, que vulneró derechos fundamentales, entre ellos el artículo 27 de la Constitución, tachando de arbitrarias e injustificadas las actuaciones inspectoras y demás circunstancias que ya se han relatado.

Entendemos que, con la medida cautelar que ya se dictó en 2015, se recuperó ese concierto en plenitud de derechos y se posibilitó el poder abrir el centro, por lo cual, ante esta situación, entendemos desde Vox que, ciertamente, el Gobierno debe cerrar este capítulo y defender desde los hechos el derecho de los padres a optar en libertad entre la educación pública y la educación concertada.

Nos remitimos directamente a esa medida programática que se ha dicho del cuadripartito, ¿no?, la medida cuarenta y seis: «Impulsar la convivencia pacífica entre la enseñanza pública de calidad y las enseñanzas concertada y privada».

No tiene sentido práctico, entiende esta parte, seguir litigando en esta causa contra el Colegio Internacional Ánfora y continuar con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues parece contundente y clara en sus términos la sentencia, cuando el colegio, además, está funcionando con normalidad desde el año 2015 y su concertación es pacífica. Proseguir con la vía judicial, a nuestro juicio, no es más que alimentar una obcecación y enfrentamiento entre la escuela pública y la concertada, cuando se debe mirar al futuro. Creo que hay para construir allí un instituto de secundaria programado en la zona de Cuarte, que nos parece un tema bastante más interesante sobre el que hablar. Permitir la libertad de educación y elección de centros por los padres es lo que debemos hacer.

Además, que tal litigio emplea recursos de la Administración que están suponiendo gastos y costas judiciales, y creemos que no estamos sobrados de recursos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.

Por el Grupo Chunta Aragonesista, señora Lasobras.

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, señor presidente.

Para situarnos, voy a hacer un argumentario sobre el proceso del colegio Ánfora.

El desprecio a lo público y los amores a lo privado es el fondo sobre el que el Gobierno del PP, bajo la dirección de la consejera señora Serrat, desarrolló su política educativa en la octava legislatura. Brutales recortes presupuestarios en la escuela pública frente a los casi inexistentes en la concertada, cierre masivo de aulas públicas en el medio rural amparándose en diferentes criterios: esa fue la normalidad de esa etapa política.

Y, en cuanto a la construcción de centros privados, está el centro Ánfora de Cuarte que hoy nos ocupa.

Está claro que la anterior consejería de Educación del PP puso especial empeño en que este proyecto saliese adelante, fuese como fuese: primero, creando unas condiciones favorables y unas necesidades artificiales de escolarización que justificaran la concesión del concierto; para ello se dejó de lado la construcción del colegio público Cuarte III, una construcción aprobada y con presupuesto asignado para el 2014; además, se estableció una normativa nunca vista en Aragón que permite concertar antes de construir, siempre que se cumplan los plazos de la construcción, que para eso se encargaba la empresa, y que haya alumnado solicitante, que para eso se encargaba la consejería.

Y, desde luego, la consejera dejó todo muy bien atado: una vez perdidas las elecciones autonómicas el 12 de junio, la consejera en funciones aprueba con carácter definitivo el concierto de seis años para un colegio todavía sin construir y sin claustro de profesores, a sabiendas de: los informes de los Servicios de Inspección del Departamento de Educación eran favorables, eran demoledores; Intervención advirtió que no podía pagar los 1,3 millones comprometidos con Ánfora ni los 10,6 que habría que pagar hasta el 2020.

El centro está promovido por Ánfora Cooperativa Madrileña, investigada por la «trama Púnica» y sin capacidad legal para operar fuera de la Comunidad de Madrid; está proyectado en unos terrenos objeto de dudosas modificaciones en la calificación del suelo por parte del ayuntamiento; la captación de profesorado es previo pago de cuarenta y ocho mil euros para ser socio de la cooperativa... Ese es su aval pedagógico.

En vista de todo lo expuesto, se puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

A mediados de agosto, la nueva consejera de Educación del PSOE deniega el permiso de apertura del Ánfora como centro educativo.

Una vez finalizadas las obras, la inspección de técnicos del Departamento de Educación presenta un informe negativo sobre las condiciones de apertura: existen irregularidades en la tramitación de todo el expediente; los espacios a utilizar presentan deficiencias constructivas importantes (claro, las obras se hacían por la noche, y, si no, pregúntenles a los vecinos y vecinas); al lado de la pared de las aulas continúan las obras, para acceder al patio del recreo el alumnado tiene que salir a la calle; el solar no pertenece al propietario del centro...

Con todo esto, y para nuestra sorpresa, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Aragón obliga a la apertura cautelar del centro en una sentencia muy cuestionada, contraviniendo los informes de los técnicos del Departamento de... [corte automático del sonido]... del Gobierno de Aragón, lo nunca visto. [Rumores].

Después de todo esto, es imposible retirar el recurso judicial presentado hace cuatro meses y que ya está siendo objeto de estudio por parte del tribunal, que supondría una actuación irresponsable de los poderes públicos respecto al funcionamiento de la justicia y de la independencia judicial.

Por eso, nosotros, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, vamos a votar en contra de esta PNL, porque siempre, siempre, vamos a defender la enseñanza pública, laica y de calidad.

Y no estamos tampoco de acuerdo, si no hubiese concertada...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

La señora diputada LASOBRAS PINA: ... —ya termino, señor presidente, perdone—, y, si no hubiese concertada, no tendría que dimitir la directora de Educación Concertada de Madrid tras plagiar su tesis doctoral, la señora Canoyra.

Muchas gracias. [Rumores].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasobras. [Rumores].

Por el Grupo Podemos... [Rumores]. Seguimos, aunque no lo parezca, con el pleno.

Por el Grupo Podemos, tiene la palabra la señora Sanz.

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidente.

Como siempre, debates interesantes en educación, y, claro, pues no podía faltar la defensa a ultranza de la derecha de la educación privada concertada, que me parece... [rumores], me parece muy bien, porque, al final, señor Trullén, de lo que se trata aquí es de modelo educativo, usted, que nos ha nombrado. O sea, para mí, que nombren al colegio Ánfora como símbolo en esta comunidad autónoma de la concertada...

Por cierto, que no hace nadie nunca defensa de la concertada comprometida de verdad que sí que cumple, que esa qué poco la defienden. Defienden, precisamente, un modelo... [aplausos], un modelo exportado, que vino aquí de Madrid, que todos ya sabemos el aprecio que se tiene en Madrid a la educación pública, y lo nunca visto, o sea, la construcción de un colegio, la concertación de un colegio antes de saber ni siquiera las necesidades de escolarización. Ya tenía allí todo, la concertación de las aulas, mientras, por supuesto, se estaba desmantelando la educación pública.

Claro, hablan de libertad. Pues, señor Trullén, usted tiene el ejemplo claro: la libertad, ¿qué libertad era? Las familias de los dieciséis barracones en el Foro Romano esperando la construcción del Cuarte III. ¿Qué libertad tenía esa gente?, ¿qué libertad? Claro, la que ustedes no reconocen ni reconocerán nunca, porque es cuestión de modelo, es cuestión de modelo educativo. Y, mientras unas formaciones políticas defendemos la educación pública de calidad que garantiza la igualdad de oportunidades y la cohesión social, pues otros defienden priorizar, hacer negocio con la educación.

Y le voy a decir una cosa: ¡claro que sí!, claro que sí que estamos en contra de la concertación de aulas vacías como en el San Gabriel, aulas vacías, y claro que se tenían que retirar esos conciertos. Y claro que estamos en desacuerdo con la duplicidad de títulos que pasaba con la cuestión de Magisterio cuando tenemos una comunidad que sufre de despoblación, tenemos el campus de Huesca, el campus de Teruel, que sabemos perfectamente que afecta a ese alumnado y que estaba afectando la vertebración del territorio.

Claro que vamos a apostar por esas políticas, porque son las que creemos, las que defendemos. Y que toda influencia que podamos tener en un Gobierno, así las pondremos encima de la mesa.

Gracias, presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sanz.

Por el Grupo Popular, señora Cortés.

La señora diputada CORTÉS BURETA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.

Señor Trullén, lo que usted ha planteado hoy ya se lo pregunté yo también al consejero en su comparecencia: si, en aras —cité esa medida cuarenta y seis—, en aras de la convivencia pacífica de la escuela pública, privada y concertada, una prueba de esa convivencia pacífica iba a ser la retirada del recurso que el Ejecutivo aragonés tiene interpuesto contra el colegio Ánfora. A mí el consejero no me contestó, ya se está convirtiendo en costumbre. Por eso hoy apoyaremos la proposición que usted trae aquí en forma de proposición no de ley.

La verdad es que la anterior consejería atesoró cierta experiencia en materia de tribunales: las principales o la mayoría de las decisiones de calado que adoptó o pretendía adoptar o llegaron a los tribunales o fueron paralizadas por los tribunales o llegaron al Justicia de Aragón o, incluso, fueron puestas en duda por el propio Consejo Consultivo de Aragón. Con lo cual, seguir empecinados en que la vía judicial resuelva lo que no se puede resolver o no sabe resolver con la gestión, creo que es empecinarse demasiado.

Al final, yo, sinceramente, lo que creo de verdad es que, bueno, pues por el hecho de... o solamente para no tener que pasar el bochorno de que una decisión judicial vuelva a quitarles la razón o la vergüenza de que los tribunales tengan que corregir esas decisiones o les desautorice, yo creo que ese sería un buen motivo para retirar el recurso que tienen interpuesto y, al final, dejar que el colegio Ánfora siga con su funcionamiento, que los profesores impartan sus clases, que los alumnos las reciban y que los padres y las familias decidan libremente si quieren o no llevar a sus hijos allí. Y eso es, al final, de lo que se trata.

Se ha dicho desde esta tribuna que el Ejecutivo aragonés está cumpliendo con el concierto, señora Peirat. Hombre, ¡faltaría más!, faltaría más que una obligación que tienen de cumplir el concierto no la estuvieran cumpliendo.

Y varios portavoces, señora Sanz, señor Sanz, hacen referencia a su férrea defensa de la opinión, de la escuela pública. Y yo soy una gran defensora de la escuela pública y les aplaudo por ello, y me gustaría que ustedes nos aplaudieran a nosotros por eso, nosotros también lo defendemos. Lo que ocurre es que el capítulo II del título I de la Constitución habla de derechos y libertades, y el artículo 27 de la Constitución habla del derecho a la enseñanza, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza supone para las personas físicas y jurídicas la posibilidad de crear centros educativos, y eso es una libertad también de todos y de todas, lo que pasa es que aquí parece que unas libertades son más y otras son menos, y para las familias supone la posibilidad de participar y la libertad de elegir el centro educativo. Con lo cual, si defendemos las libertades y los derechos, defendamos las de todos y para todos.

Y ese artículo está en nuestra Constitución. Por lo tanto, nosotros defenderemos todos los derechos de la Constitución para todos y para todas.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.

Por el Grupo Socialista, señor Villagrasa.

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todas sus señorías.

Lamentablemente, quizás mi intervención sea más gris porque, atendiendo al objeto y al tenor de lo que los señores de Ciudadanos han presentado, es una proposición no de ley que versa sobre una cuestión de derecho procesal. Aquí ha habido un debate global sobre el sistema educativo, pero, en realidad, lo que ustedes piden es desistir de un recurso de casación que la Administración pública, en aras de sus competencias y de sus obligaciones, ha planteado ante un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Ha habido intervenciones de brillantes constitucionalistas, algunos incluso me pudieron dar clase en la facultad, pero hemos de recordar las obligaciones y responsabilidades que el Gobierno de Aragón y la Administración general de la comunidad autónoma tienen sobre la base del artículo 103 de la Constitución, que es la defensa del interés público y la defensa también de los principios importantes del interés general.

Por supuesto que la Comunidad Autónoma de Aragón, ante cualquier elemento o cualquier planteamiento o debate, cuenta con unos profesionales juristas, cuenta con unos letrados de la comunidad autónoma, que basan todo su comportamiento en procedimientos reglados, en aspectos que aparecen nítidamente contenidos en la ley y con los cuales también, en este momento, estamos en una situación judicial que todavía no está en firme.

Quiero recordar, señorías, que en esta Cámara, incluso en otras ocasiones en la pasada legislatura, hemos pedido al Gobierno de Aragón que fuera todo lo intenso y contundente en proseguir con cuantas acciones judiciales fueran necesarias para la defensa de lo que todos compartíamos, que era el interés público, que es el garante que tiene que cumplir siempre la Comunidad Autónoma de Aragón, gobierne quien gobierne.

La Comunidad Autónoma de Aragón no ha desistido en los recursos de casación, y creo que ese era el petitum de su proposición no de ley, y que quizás ustedes han intentado plantear determinados conflictos en los cuales yo, únicamente, voy a dejar encima la mesa, entre lo que intentan argumentar sobre unos debates también desde el punto vista político y la obligación respecto de las competencias, de las autorizaciones administrativas o de, insisto nuevamente, los procedimientos reglados de la Administración autonómica, Administración que, vuelvo a repetir, es de todos, gobierne quien gobierne.

Y hay otros ejemplos, que podemos irnos a la vía judicial, en los cuales ha habido sentencias por parte el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las que un recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo ha aportado la razón a la Comunidad Autónoma de Aragón, asesorada y liderada por esos letrados, y las cuales en esta propia Cámara también hemos celebrado, como, últimamente, en el expolio y en la recuperación de determinados bienes patrimoniales, en lo que todos estuvimos de acuerdo, porque así entendíamos la defensa del interés público.

Por tanto, señorías, creo que la Administración en ningún momento puede dejar esa defensa del interés público, y, por tanto, tendríamos también una larga serie de sentencias y de jurisprudencia que avalarían que la Administración está para [corte automático del sonido]... el interés público, el interés general de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por tanto, señor Trullén, no votaremos su proposición no de ley.

Gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villagrasa.

Entendiendo que no hay modificación a la iniciativa, y si van a sus escaños, pues comenzaríamos la votación.

Comienza la votación... [Rumores]. Finaliza la votación... [Una diputada sin identificar se manifiesta en los siguientes términos: «Señor presidente, por favor, ¿podemos repetir?».

Repetimos. Por el resultado, me lo imaginaba ya que lo iban a solicitar.

Comenzamos la votación —supongo que pasa lo mismo—. Pues, finalizada la votación, presentes, sesenta y cuatro; emitidos, sesenta y cuatro; sí, treinta; no, treinta y uno; abstenciones, tres. Por lo tanto, decae la iniciativa. Muchas gracias.

Por mucho que uno sabe de matemáticas, a veces se equivoca.

Explicación de voto. ¿Izquierda Unida? ¿No?

¿Grupo Aragonés?

¿Grupo Vox en Aragón?

¿Chunta Aragonesista? Tampoco.

¿Grupo Podemos? ¿Tampoco?

¿Grupo Ciudadanos? Señor Trullén, tiene la palabra.

El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente, agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios. De los grupos parlamentarios que no han apoyado esta iniciativa, solo me ha quedado claro que no les gustan las sentencias de los tribunales.

Tenemos un ejemplo relativamente cerca de ciertos partidos políticos que ponen sus opiniones por delante de las sentencias de los tribunales. Espero, de verdad, de corazón, que no sigan ese camino.

Y, simplemente, decir a la señora Lasobras que estoy totalmente de acuerdo con usted: si alguien plagia su tesis doctoral, debe dimitir.

Gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.

¿Por el Grupo Popular?

¿Grupo Socialista?

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Únicamente recordar que, en la defensa del Estado de derecho, que es en lo que siempre ha estado el Partido Socialista, está el acatamiento de las sentencias y el respeto a la ley. Y, como usted bien sabrá, señor Trullén, y, si no, ha habido distintas intervenciones que le han podido ilustrar, estamos todavía en una vía judicial y falta una sentencia definitiva, que es la del Tribunal Supremo. Por tanto, creo que ese respeto a las sentencias debe ser cuando están en firme.

Gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villagrasa.