Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Vamos a dar comienzo al orden del día de la Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior [a las dieciséis horas y cuarenta minutos].

Como es costumbre, vamos a dejar el punto primero para más tarde, y pasaríamos al punto número 2, que es la comparecencia del presidente del Tribuna Superior de Justicia de Aragón, a petición propia, para presentar la memoria judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón correspondiente al año 2009.

Bienvenido, señor presidente, a esta comisión, y tiene la palabra para exponer por un tiempo de veinte minutos. Cuando quiera.

Comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para presentar la memoria judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón correspondiente al año 2009.

El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (ZUBIRI DE SALINAS): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados.

Es para mí, una vez más, un honor tener la oportunidad de comparecer ante esta Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior de las Cortes de Aragón. Lo hago en cumplimiento de la previsión estatutaria y también del propio compromiso que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón tiene asumido de transparencia y de poner en conocimiento de los representantes de los aragoneses el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestra comunidad autónoma.

La presentación en este momento de la memoria correspondiente al año 2009 —por razones de agenda, no se ha podido hacer con anterioridad— me va a obligar a referirme, por una parte, y cumpliendo el mandato de tiempo que me corresponde, dedicaré una parte del tiempo a exponer las grandes líneas de esa memoria, que, por otra parte, sus señorías ya conocen, y, por otra parte, exponer en los últimos minutos la situación de los meses transcurridos de este año, no para hablar, ciertamente, de una memoria del año 2010, que no ha terminado y que no ha sido elaborada por el momento, pero sí para ver las líneas por las cuales va transcurriendo el decurso de nuestro trabajo judicial y, en general, el funcionamiento de la Administración de Justicia en Aragón, de forma que, de esta manera, podremos ver las previsiones que para el año próximo tendremos en el ámbito de la Administración de Justicia.

En la introducción de la memoria correspondiente al año 2009, elaborada en la primavera del año 2010 del presente año, poníamos de relieve la situación en la que se encuentra el funcionamiento de nuestra sociedad y la situación de la economía española y también de la economía aragonesa, con una depresión económica fuerte durante ese período (finales de 2008-2009), y que todavía, por desgracia, se ha prolongado a lo largo de estos meses pasados.

Y eso supuso, y son los datos que obran en la propia memoria, un notorio incremento en la entrada de asuntos a resolver ante los diversos juzgados y tribunales, fundamentalmente en la jurisdicción civil, mercantil y social, y, por otra parte, unas limitaciones presupuestarias en orden a la creación de juzgados o a la realización de edificios judiciales o instauración de los nuevos medios técnicos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. La confluencia de esas dos variantes dio lugar a una situación difícil a lo largo de este año, una situación que yo creo que se ha solventado con dignidad en nuestro territorio como consecuencia, fundamentalmente, del buen trabajo de jueces y magistrados, juntamente con secretarios judiciales y con el personal al servicio de la Administración de Justicia. En nuestro territorio, como ya he repetido en varias ocasiones, tenemos una Administración de Justicia profesionalizada, con alta estabilidad, en cuanto al conjunto de funcionarios, y con un deseo de arraigo en la tierra; creo que esto es muy importante para el buen funcionamiento de cualquier Administración y, en lo que me concierne, de la Administración de Justicia. Pero, eso sí, las dificultades a la que antes me refería existieron y se mantuvieron a lo largo del año.

Para paliar en parte ese problema, durante finales del año 2009 y hasta el verano del año 2010 hemos tenido un refuerzo en la jurisdicción social en la ciudad de Zaragoza, fundamentalmente para resolver los casos de despido, que eran relevantes y que, además, tenían unas consecuencias no solamente para los litigantes, sino para la propia Administración Pública, en tanto en cuanto los salarios de tramitación debían ser abonados. Pues bien, este refuerzo ha tenido una viabilidad, yo creo que muy notoria, ha dado lugar a la resolución de un número relevante de sentencias y de procedimientos. Es verdad que los procedimientos de despido son, en principio, más sencillos que otros, pero los otros procedimientos han quedado para el trabajo más sosegado de los magistrados de lo social de la ciudad y, en último término, de la Sala de lo Social del Tribuna Superior de Justicia.

En el año 2009, aparte de los datos que tenemos en cuanto a nuestras funciones, tuvimos dos reformas legislativas importantes, la reforma de la Ley Orgánica del poder judicial y la reforma de varias leyes procesales (operadas estas últimas por la Ley 13/2009), promulgadas en el mes de noviembre del año 2009, pero que han entrado en vigor, las procesales, en mayo de 2010. Ahí se reformaban de una manera muy relevante las leyes de enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, las del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y también, en parte, las del orden jurisdiccional social y otras.

Pero, fundamentalmente, me referiré a la Ley de enjuiciamiento civil. La reforma, de una manera importante, lo que hacía fundamentalmente es ampliar las competencias de los secretarios judiciales como técnicos del proceso, a fin de que ellos puedan hacer propias unas funciones que venían demandando durante tiempo y que, por otra parte, se descargue a los jueces y magistrados de parte de la labor de organización del proceso, de organización de la secretaría, para que puedan centrarse, fundamentalmente, en la labor jurisdiccional, que el constituyente y el Tribunal Constitucional han considerado la propia del ejercicio del poder judicial: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La puesta en marcha de estas leyes, sobre todo de esta ley de reforma procesal, trajo consigo un trabajo notorio que se ha realizado a lo largo de los primeros meses de este año.

Por seguir la temporalidad, perdonen, quería decir que, cuando concluyó el año 2009, a 30 de diciembre, se crearon en el territorio de Aragón dos juzgados nuevos: uno de ellos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel y, otro, el Juzgado Penal número 9 de Zaragoza. Respecto al primero, me parece importante hacer incidencia porque colma una espera de largos años de la ciudad de Teruel, que era la única capital de provincia que tenía únicamente dos juzgados de primera instancia e instrucción, con el problema de carga competencial y el problema de guardias notorio que tenía. La creación de este Juzgado número 3 ha supuesto una normalización del trabajo para estos juzgados, y a partir de ese momento, con algunos problemas que estamos detectando en estos meses y que vamos a tratar de corregir próximamente, pero lo cierto es que, con la existencia de este Juzgado número 3, creo que queda colmada la planta de juzgados y tribunales en la ciudad y provincia de Teruel, cosa importante.

Decía que, para la puesta en marcha de estas reformas procesales, el año 2010 ha supuesto un notorio trabajo de preparación y de estudio técnico. Y, en este sentido, quería poner de relieve —me parece importante— la constitución de las comisiones de trabajo del funcionamiento de los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo y social, que han sido integradas por magistrados, secretarios judiciales, abogados y procuradores, y que, finalmente, en el mes de mayo pusieron de relieve sus trabajos, sobre todo sobre la asignación de competencias a unos y a otros y los problemas que en el proceso podían dar lugar, se puso de relieve en un acto público en el Colegio de Abogados de Zaragoza.

Por otra parte, se elaboró, desde el mes de febrero hasta el mes de junio, una ponencia sobre la nueva oficina judicial, que propone, entre otras cosas, la puesta en funcionamiento de un servicio común de ejecución civil en la ciudad de Zaragoza. Esto es importante por cuanto, de esta manera, se avanza en un ámbito que creemos que está retrasado y que está planteando problemas, la ejecución de las sentencias. Tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, pero especialmente en el ámbito civil, la pendencia de más de cuarenta mil procedimientos en esta ciudad, en este partido judicial, es preocupante, en tanto en cuanto hace que aquellas personas a las que la justicia le ha dado, es decir, ha considerado que tenían derecho a la pretensión que ejercitaban, no vean colmada esa demanda que tuvo una sentencia, y una sentencia firme, y que, sin embargo, no se puede ejecutar. Es verdad que la ejecución de las sentencias no depende solo de la agilidad de la oficina, sino también de la situación del condenado o de los condenados, por cuanto la situación económica es la que es y en muchas ocasiones aquel que tiene que pagar una prestación económica o de otra naturaleza pues en este momento no tiene medios suficientes para cumplirla. El cumplimiento forzoso de las sentencias trae consigo otros problemas (problemas de embargos, problemas de subastas, etcétera) que hacen que también se haga más lenta esta ejecución. Pero tenemos nuestro empeño en que, con unos servicios comunes eficaces, podremos agilizar la ejecución de las sentencias, especialmente en el ámbito civil.

Quería poner también de relieve la situación a lo largo de este año. En el primer semestre de este año, la situación de la carga competencial de juzgados y tribunales en Aragón se ha estabilizado de modo fundamental. Únicamente, se nota todavía un repunte en el ámbito de la jurisdicción mercantil, y así lo demuestran los datos del Consejo General del Poder Judicial: de un ingreso de mil ciento cuatro en la provincia de Zaragoza el año pasado, se ha pasado a mil seiscientos treinta y dos, como planteamiento exponencial, ¿eh?, el año no ha terminado, pero el planteamiento es ese, de forma que sigue habiendo un aumento en el ámbito mercantil, no así, en civil, penal, contencioso-administrativo y social. Habrá que arbitrar las medidas para que estos juzgados puedan funcionar sin agobios y, por lo tanto, con el tiempo suficiente para adoptar sus medidas y las decisiones judiciales pertinentes.

En cuanto a creaciones de órganos judiciales, la propuesta que hacía la sala de gobierno era importante en cuanto a creación de plazas, fundamentalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en los juzgados y tribunales de Zaragoza y de Huesca, una vez cumplido a lo que anteriormente me refería de Teruel, y, sin embargo, lo que se cumplió en el año 2009 fueron estrictamente esos dos juzgados (quizá escasa la dotación para este año 2009 en el territorio de Aragón). Pero la situación para el año presente es diferente, y digo que me congratulo de ello porque nunca habíamos tenido en un año el que se creen seis juzgados en este territorio: se crean, por una parte, dos juzgados de primera instancia en Zaragoza, los números 20 y 21, todos ellos a fecha 30 de diciembre; los juzgados de primera instancia e instrucción número 5 de Huesca, donde había una necesidad apremiante de agilizar la jurisdicción sobre todo en el ámbito civil; los juzgados de primera instancia e instrucción número 2 de Barbastro y número 2 de Fraga (estas ciudades tenían juzgado único con el sistema, por lo tanto, de guardia permanente y de dedicación completa y preferente al ámbito jurisdiccional penal y a violencia de género especialmente, y la situación era difícilmente sostenible). Con estas creaciones, creo que no solamente se duplica la planta, sino que se resuelven estos problemas de tramitación y de agilidad en los procedimientos a los que antes hacia referencia.

Por último, se crea una plaza de juez de adscripción territorial, que fue introducida por la reforma orgánica a la que me refería anteriormente, de noviembre del año 2009, y que es una novedad en nuestro funcionamiento judicial. Creemos que esta figura, aunque sea escasa (uno solo para el territorio es poco), pero creemos que va a servir para que un magistrado titular, y no un suplente o un sustituto, pueda sustituir en los casos de necesidad o reforzar algún juzgado o tribunal cuando sea menester. De esta manera, creo que habremos avanzado en la profesionalidad y, por lo tanto, en lo que, en términos del Consejo General del Poder Judicial, se llama calidad de la justicia.

Quiero hacer referencia brevemente a la situación de las obras en los edificios judiciales. También teníamos alguna carencia, y por eso poníamos de relieve la necesidad de mejora de las instalaciones del propio edificio del Tribunal Superior de Justicia; la puesta en marcha de la Audiencia Provincial de Zaragoza, con su edificio propio largamente demandado por parte de jueces y magistrados; la situación de los juzgados de la ciudad de Zaragoza, con un total de siete sedes, en las cuales se ubican; los problemas de la Audiencia y juzgados de Huesca..., fundamentalmente estos. También había otros problemas que ya están en vías de solución.

Pues, bien, lo realizado a lo largo de estos meses del año 2010 y lo que se espera para los próximos meses creo que es satisfactorio, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos: por una parte, se ha terminado ya la obra y se ha puesto en marcha, el edificio para juzgados de Fraga; por otra parte, se han iniciado las obras para el edificio de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que comenzaron el 6 de septiembre de este año 2010 y que tienen una previsión de culminación, aproximadamente, para el otoño del año 2012; se ha hecho también el planteamiento de los edificios para juzgados en Ranillas, que tendrán sede única para todos los juzgados de la ciudad de Zaragoza, y que espero que tengan la dotación de infraestructuras, medios tecnológicos, espacios, seguridad, etcétera, para que todos los juzgados puedan radicarse allí y todos los profesionales y todos los ciudadanos puedan tener un buen servicio judicial, como creo que merecen; por otra parte, se culminaron a principios de este año 2010, por parte de Ministerio de Justicia, pero también con colaboración de la comunidad autónoma, las obras de ampliación y remodelación de la Audiencia y juzgados de Teruel, que era también largamente demandada, y algunos de los juzgados de Teruel estaban asentados en espacios fuera de lo que es el edificio judicial y con una muy mala situación, muy mala ubicación. Esto se fue resolviendo, y en este momento puedo decir que tanto la Audiencia como los juzgados de Teruel tienen unas buenas instalaciones, mucho más amplias que las anteriores, y que creo que allí podrá ser uno de los lugares en los que se instaure esta nueva oficina judicial en su plenitud.

Mantengo todavía algunas necesidades para el próximo año o para los próximos años. Por una parte, en la ciudad de Huesca: la ciudad de Huesca tiene todavía una sede para la Audiencia Provincial, una sede para los juzgados que es insuficiente, y, por tanto, va a tener algunas sedes desplazadas para los órganos judiciales que se han de crear, que se crean para esta fecha de 30 de diciembre del año 2010, en el que nos encontramos. Pues bien, es necesario que tanto la Audiencia como los juzgados tengan una ubicación suficiente en la ciudad de Huesca para que cuenten —y podamos contar todos— con los medios necesarios para que allí se preste el debido servicio judicial, con las nuevas tecnologías, con las instalaciones adecuadas, y también ámbitos formativos para los propios integrantes de la carrera judicial, pues la formación continua es algo continuamente demandado por los propios integrantes del poder judicial y por el propio Consejo General del Poder Judicial.

Por otra parte, también considero una necesidad para implantar en los próximos meses esa nueva oficina judicial. No basta con que se promulguen leyes y que se intenten cumplir, es necesaria la puesta en marcha de los instrumentos para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. La oficina judicial es un medio instrumental para el funcionamiento del poder judicial, pero, sin ese medio, no es posible el desarrollo adecuado del proceso, del hecho al proceso debido que las partes tienen, y, finalmente, el dictado de las sentencias y la ejecución de estas sentencias. Por eso creo que es muy importante la aplicación de los nuevos medios y las nuevas tecnologías al servicio de la Administración de Justicia que se lograrán, finalmente, a través de esta nueva oficina judicial.

Por eso, la puesta en marcha de los servicios comunes (me refiero de entrada al servicio común de ejecución procesal civil, al que antes me refería) y también de los servicios comunes de ordenación del procedimiento de los diversos ámbitos, creo que es una de las asignaturas que tenemos pendientes y que hemos de afrontar los próximos meses.

Y bien, por último, porque no quiero extenderme más y pasarme del tiempo concedido, quería decir que la situación en la que nos encontramos en este momento es esperanzadora de cara al futuro, pero todavía hace falta un esfuerzo, un esfuerzo que también demando a las Cortes de Aragón, porque tiene que aprobar el presupuesto correspondiente a la consejería y en el ámbito de la Administración de Justicia. Esa llamada administración de la Administración de Justicia, es decir, la prestación de medios personales y medios materiales, incluidos edificios para el funcionamiento del poder judicial, es imprescindible para el buen funcionamiento de este como un poder del Estado independiente para atender a los ciudadanos y dar respuesta a sus demandas en derecho. Sin ello, no podremos servirles como merecen.

Es verdad que, en este momento, la situación presupuestaria, la situación económica de las administraciones públicas no es fácil, ustedes lo conocen mejor que yo, pero yo puedo decirles que la apuesta en justicia siempre es una apuesta positiva. Hemos hecho estudios, hemos trabajado, juntamente con otros operadores jurídicos, respecto a la relevancia de la seguridad jurídica y del buen funcionamiento de la Administración de Justicia para un despegue de la economía. Y es verdad, y así se constata en niveles internacionales, que, cuando existe una seguridad de que aquella pretensión que, legítimamente, puede ejercitarse tendrá una respuesta fundada en derecho en un plazo razonable y podrá ser ejecutada, esto da confianza a los inversores, da confianza a los empresarios, da, en definitiva, confianza al conjunto de la ciudadanía para lograr asentarse en ese territorio.

Creo que Aragón, como antes les decía, tiene unos buenos mimbres en cuanto que tiene un personal experto, un personal profesional y un personal que lleva ya años en nuestro territorio de Aragón y que desea continuar prestando sus servicios allí. Pues bien, lo que nos falta fundamentalmente son esas necesidades, que, aunque están en marcha, ero tienen que completarse, en los ámbitos de edificios, en los ámbitos de informatización y en los ámbitos de formación. Si logramos esto, creo que habremos hecho un buen servicio a los ciudadanos y conseguiremos también colaborar al despegue de nuestra economía y, en definitiva, al buen funcionamiento de nuestra sociedad.

Nada más, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas gracias, señor presidente.

¿Entienden los grupos parlamentarios que es necesario suspender la sesión? ¿No?

Pues, con la disculpa del portavoz de Izquierda Unida por su ausencia, es el turno de intervención del portavoz de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, cuando quiera.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, bienvenido. Gracias por su comparecencia, que, como bien ha indicado, es una previsión estatutaria y una disposición favorable.

Señorías, en relación con esta memoria, que agradezco que haya hecho referencia ya a meses del año 2010, no propiamente en el contexto de una memoria anual del año 2010, porque estamos en los últimos coletazos de ese año 2010, pero, necesariamente, nos tenemos que circunscribir a lo que propiamente es la memoria judicial del Tribunal Superior en relación con el año 2009, y lo cierto es que hay aspectos que quedan ya casi a dos años vista, y ha estado bien que usted haya actualizado algunos aspectos de los meses del año 2010.

Dividiré mi intervención en el análisis de su memoria en cinco apartados.

El primero, la nueva oficina judicial. Nos parece clave y fundamental la previsión de la memoria en relación con la necesidad de llevar a cabo las RPT, las relaciones de puestos de trabajo de todos los funcionarios; nos parece que es el «a-e-i-o-u» y que está bien que usted lo diga en esa memoria. Así como las previsiones en relación con esa nueva oficina judicial, de solicitud de que se establezca un servicio común de ejecución, por un lado, y, por otro, un servicio común de registro y reparto en la ciudad de Zaragoza. Así como también nos parece que es el «a-e-i-o-u» y que no tendría ningún sentido la nueva oficina judicial sin la implantación definitiva y generalizada de las nuevas tecnologías de información y comunicación, a la que usted hace referencia en esta memoria.

En relación con las necesidades de nuevas plazas de magistrado y juzgados, ya ha hecho usted referencia a lo que ha acontecido en los meses del año 2010, pero nos parece importante que, año tras año, usted indique cuáles son esas necesidades y, al mismo tiempo, que estas Cortes hagan suyas, al menos a través de enmiendas, no propiamente en lo que se refiere a las plazas de magistrado y de juzgados, pero sí también en los aspectos de personal a los que luego me referiré.

Y en ese sentido, a mí me parece que es imprescindible, precisamente por el objetivo de dotarse adecuadamente, para favorecer y para que verdaderamente haya una justicia propia de tal nombre y un servicio moderno de justicia para una sociedad como la aragonesa, la solicitud que usted hacía de ampliación de seis plazas de magistrado de salas (dos para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, una de magistrado para la Audiencia Provincial de Zaragoza y tres para la Audiencia Provincial de Zaragoza, la primera para la ampliación de la sección 1 y las otras para dotarlas de cuatro magistrados), así como la creación que usted solicitaba de diez juzgados y dos jueces de adscripción territorial —ya ha hecho referencia a lo acontecido en el año 2010—.

Y usted indicaba como dotaciones más urgentes la necesidad de crear en el año 2010 nada más y nada menos que diez juzgados, y usted ha hecho referencia a la solicitud que consideraba imprescindible o más urgente para el año 2010 de esas noticias de dos juzgados a los que se ha referido, con lo cual queda claro que, incluso, lo que usted pedía como consecuencia del año 2009 para las necesidades del más urgente de 2010, ya nos adelanta que no se ha visto satisfecho y que no se ha visto cumplido.

En relación con las personas que prestan su servicio a la Administración de Justicia, también estamos de acuerdo con la indicación que hace de que es necesario dotar a los órganos judiciales de personal titular, limitando lo máximo posible las interinidades, frente a lo que viene siendo habitual, y en concreto cuando hablan de la necesaria formación actualizada en medios técnicos, informáticos y telemáticos, o de la necesidad de dotar de ese personal titular, desde el mismo día de su funcionamiento, especialmente a los juzgados de nueva creación.

También nos parece importante que usted subraye, con suavidad pero con firmeza, que es una práctica incorrecta el que, de modo general, se hagan coberturas de las plazas de nueva creación por comisiones de servicio. Efectivamente, yo creo que las comisiones de servicio tienen la razón de ser que tienen, en esta Administración y en las demás, y, desde luego, no tiene ningún sentido que se haga —por así decir— picaresca o que se utilicen las comisiones de servicio para lo que no están previstas. Y, por lo tanto, nos alegramos de que usted subraye esa práctica incorrecta generalizada.

También, en relación con las sustituciones e interinidades de personal, nos parece importante que subraye que esas sustituciones y esas interinidades deberán prever, precisamente, la formación suficiente, el hábito y dominio suficiente de las herramientas informáticas, por un lado, y, por otro, de los procesos a tramitar por parte del personal interino o del personal sustituto.

Y lo mismo en relación con las ampliaciones y refuerzos, cuando usted indica que, hasta la puesta en marcha efectiva de la nueva oficina judicial se mantengan los refuerzos existentes en toda la relación de destinos, como la sala de lo contencioso-administrativo, los juzgados de lo penal, de lo mercantil, de primera instancia, de lo social y juzgados mixtos de Huesca, Teruel, Calatayud, Egea, La Almunia, Barbastro, Fraga y Agrupación de Cuarte de Huerva.

Así como su reivindicación, que nos parece también justa, de igualar la plantilla de funcionarios en todos los juzgados de primera instancia de Zaragoza.

Y también en sus referencias a equipamientos, cuando indica que, entre esos equipamientos, considera urgente —¡qué menos!, pero es importante que usted lo haya indicado— que se dote a todos los jueces y magistrados de legislación básica actualizada —¡qué menos!— en lo que se refiere a legislación básica actualizada sustantiva y procesal en ediciones de textos legales —pues yo creo que está bien que usted lo indique, porque habla de cuál es la situación: que los jueces y magistrados no disponen ni de la herramienta mínima necesaria para poder desarrollar su labor—, o cuando indica la necesidad de dotar a todos los secretarios judiciales de legislación procesal actualizada —yo creo que usted da una foto fija muy definida cuando usted indica esta necesidad—, o la necesidad de dotar de ordenador portátil a los miembros de la sala de gobierno. Son reflexiones en las que yo creo que usted, muy suavemente, pero muy contundentemente, nos da un reflejo claro de cuál es la situación.

También —y, con esto, quiero acabar mi intervención, el quinto apartado en el que yo he fijado mi atención— me parece muy importante y que tiene repercusiones claras en esta Cámara, porque ha sido objeto de debate en esta Cámara, ha sido objeto de debate con el Gobierno también, me refiero a su reflexión en cuanto a los juzgados de paz, cuando dice que ya están constituidas las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, pero que la sala de gobierno entiende que debería generalizarse este sistema —nos alegramos de coincidir, porque esta es una cuestión en la que hemos insistido reiteradamente, yo he tenido el honor de hacerlo, en nombre de mi grupo parlamentario, al Gobierno—, que este sistema de agrupaciones de secretarías de juzgados de paz debe generalizarse de una manera clara para la llevanza de los trámites que son competencia de los juzgados de paz, porque de esa manera se agiliza la tramitación y, sobre todo, el aspecto al que usted se refiere también, al que ustedes se refieren cuando hablan de que «la incorporación de esta función a los servicios que prestan las comarcas podía ser una vía para avanzar en este servicio». Es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado con iniciativas; en un primer momento, nos encontramos con una buena acogida por parte del Gobierno cuando planteamos esta cuestión, la Cámara aprobó una iniciativa por unanimidad en ese sentido, pero, cuando ha pasado el tiempo y no se ha avanzado, al menos no en gestiones, sino en frutos, respecto a esta cuestión... Le puedo contar que, en la última iniciativa de control que yo planteé en este sentido, el Gobierno me contestó que, bueno, que tampoco es tan grave la cosa y que hay cuestiones como que no resultarían suficientemente rentables para echar la carne en el asador en esta cuestión. A mí me parece que, desde un punto de vista territorial, desde un punto de vista de insertar la Administración de Justicia en nuestra realidad territorial y en nuestra realidad institucional, la vía está clara: es la adscripción, la incorporación de esta función, desde luego, como usted indica, a los servicios que prestan las comarcas. Y yo creo que por ahí tendrá que venir, en un futuro que espero que no sea demasiado tardío, una solución a esta cuestión, que me parece que tiene su importancia, aunque a veces, desde determinadas perspectivas, no se le dé la importancia que tiene. Por eso me alegra que usted, en esta memoria del año 2009, indique este aspecto.

Acabo con esto y quiero agradecerle una vez más la elaboración de esta memoria y su presentación. Ya llevamos... creo que son tres años, y me parece importante este hábito de que usted, como presidente del Tribunal Superior, venga al Parlamento, nos haga sus reflexiones, porque, en determinados aspectos, yo creo que es importante que los diputados de la Cámara aragonesa estén informados directamente de la situación de esta memoria judicial y, por otro lado, porque hay aspectos de esa memoria que repercuten directamente y en los que tiene competencia directa el Gobierno de Aragón y, por ende, la función de control y de impulso que estas Cortes tienen.

Le agradezco, pues, esta memoria, y, en esa línea, espero que con más éxito que el año pasado, algunas de nuestras iniciativas presupuestarias tendrán que ver, en conexión directa, con esta memoria, como hicimos ya el año pasado, aunque ya le digo también que no tuvimos demasiado éxito. A ver si este año suena la flauta.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor diputado.

Es el turno del Grupo Aragonés. Tiene la palabra su portavoz, señora De Salas.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE: Gracias, presidente.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, bienvenido de nuevo a esta su comisión en nombre de mi grupo, del Partido Aragonés.

Y agradecerle la presentación de la memoria judicial del año 2009 y también la referencia que ha hecho al año 2010, porque yo creo que es... Yo también iba a hacer y voy a hacer referencia a lo realizado en este año, evidentemente, el año 2010.

Y yo estoy de acuerdo con usted en que la situación, como usted ha dicho, es esperanzadora, y, sobre todo, creo que hay que hacer un balance, o, desde nuestro punto de vista, desde el Partido Aragonés, hacemos un balance desde que la comunidad autónoma, desde que el Gobierno de Aragón gestiona las competencias de la Administración de Justicia, en el año 2008, a través del Real Decreto 1702/2007, yo creo que podemos hacer un balance positivo.

Es verdad que todavía quedan cuestiones por resolver y algunas de las cuestiones usted las pone de manifiesto en esta memoria, incluso en el año 2010, pero yo creo que ha habido no solamente una preocupación por parte de Gobierno de Aragón, del Departamento de Justicia, sino que ha habido una actuación, que es lo que me parece importante, cosa que no se había hecho con anterioridad por parte de los distintos gobiernos centrales, y ha habido una actuación resolviendo aquellas cuestiones reivindicadas, heredadas desde hace..., enquistadas —yo diría— desde hace mucho tiempo, como, por ejemplo, todo lo relativo a la necesidad de espacios judiciales en la Comunidad Autónoma de Aragón y también todo el tema de informatización. Sí que es verdad que en estos momentos hay que poner en marcha, evidentemente, esos programas informáticos, y ahí están los convenios que se han suscrito por parte del Gobierno de Aragón, con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial y también del Ministerio de Justicia.

Una resolución que yo creo que no sería posible, no hubiese sido posible, en esos aspectos en los que se tiene que materializar, evidentemente, y estoy de acuerdo con usted, sin la colaboración de todos los operadores jurídicos, y muy especialmente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de los jueces y magistrados, que hacen un trabajo excelente, y que desde este escaño queremos que usted traslade a todos los miembros de la carrera judicial el trabajo que realizan, que, evidentemente, es un trabajo muy importante, y que la Comunidad Autónoma de Aragón destaca entre las comunidades autónomas en que la actividad jurisdiccional es muy importante y, sobre todo, también la eficacia y la eficiencia del personal.

Dicho esto, aludiré específicamente a la memoria y a algunos aspectos del año 2010 a los que usted ha hecho referencia.

Como usted dice, se recogen avances realizados, hay también carencias y necesidades detectadas —también las hay, también lo he dicho yo—, para el logro, evidentemente, de esa mejor Administración de Justicia, en la que es importante, como ya digo, esa participación de todos (yo creo que ese ha sido leitmotiv que desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Justicia, se ha intentado durante estos tres años), y con un objetivo muy claro, que usted dice en la memoria que es la puesta en marcha del Plan estratégico de modernización del sistema de justicia 2009-2012, con la implantación de la nueva oficina judicial, que a mí me parece que es lo más importante o el reto inmediato más importante de cara a conseguir esa modernización de la Administración de Justicia.

Querría aludir a algunas cuestiones importantes que creo que son destacables. Por ejemplo, la creación de la Comisión Mixta de Coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial. No es del año 2009, usted hace referencia a que este año 2010 se ha creado. Yo creo que esto va a permitir todavía más que haya una mayor cooperación y una comunicación todavía más fluida —me consta que la hay, pero que haya una comunicación todavía más fluida— para resolver todas aquellas cuestiones que usted plantea en la memoria.

Y en materia de recursos humanos o materiales, a los que usted alude en la memoria, destacar, y, evidentemente, estamos de acuerdo con usted, que era y es necesaria una ampliación de la planta judicial en lo que significa la plantilla de nuevos órganos judiciales. Yo creo que, bueno, en el año 2008, cuatro órganos judiciales; en 2009, tres, y en el año 2010, seis, que yo creo que esto es un hito importante y que, evidentemente, pues, bueno, hemos incrementado el numero de órganos judiciales, y yo creo que también eso se debe al esfuerzo conjunto y también a la presión que desde el Gobierno de Aragón, a través de la consejería de Justicia, se ha podido hacer en el ministerio, además de, por supuesto, desde el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desde la propia Fiscalía Superior, etcétera. Yo creo que era una cuestión necesaria y es una cuestión necesaria.

Un juez de adscripción territorial, usted reclama dos... Bueno, uno es un paso importante, y esperemos que al próximo ejercicio puedan serlo.

Y, prácticamente, la coincidencia de los diez órganos que se solicitan, usted sabe que también se traslada, usted lo traslada desde la sala de gobierno a todos los órganos, también al Gobierno, que también traslada y viene a coincidir, prácticamente, con lo que se aprueba por parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Por lo tanto, pues, bueno, yo creo que ha habido una ampliación importante, es necesario todavía más.

Y en lo que respecta al personal que va adscrito o a los costes derivados de la puesta en marcha del mismo, evidentemente, lo que se refiere a medios personales y materiales es una cuestión del Gobierno de Aragón, y yo coincido también con usted en que es necesaria mayor formación. Me consta que se están haciendo importantes esfuerzos en lo que son cursos de formación para informatización, etcétera, y también para adaptación a esa nueva oficina judicial.

En cuanto al personal o la necesidad de personal, hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que es la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, a la que usted hace referencia. Y, por supuesto, participamos también de establecer un servicio común de ejecución en la propia ciudad de Zaragoza o también un servicio común de registro. Una nueva oficina judicial que va a suponer una reorganización, reestructuración, racionalización de todo el personal de la Administración de Justicia, porque se divide en dos aspectos fundamentalmente, dos estructuras: las unidades procesales de apoyo directo, que habrá tantas como juzgados, salas o secciones, y luego están los servicios comunes procesales. Eso va a suponer, evidentemente, un cambio importantísimo en la reorganización y en el trabajo que desarrolla el propio personal de la Administración de Justicia, que costará un tiempo, evidentemente, pero yo creo que va a racionalizar todo el trabajo. Y todas esas necesidades que se plantean para personal en los distintos órganos judiciales hoy, pues a través de esa reorganización, que me consta, además, que hay una ponencia que se ha constituido en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la que ustedes también participan a través de esos jueces, pues va a permitir una organización óptima, una optimización y racionalización, como digo, del personal y, por tanto, que esas necesidades que se plantean en este año 2009 se puedan ver cubiertas a través de esa implantación de la nueva oficina judicial en Zaragoza, Huesca y Teruel.

En cuanto a las necesidades materiales, yo creo que usted lo ha dicho y sale de una forma expresa en su memoria, todas las actuaciones que se han realizado en relación con necesidad de nuevos espacios judiciales, tanto en la ciudad de Zaragoza, con el edificio anejo en el que ya han empezado las obras, como usted muy bien ha indicado, donde se ubicará la Audiencia Provincial de Zaragoza, y también los espacios Expo, donde se van a incluir todas las unidades judiciales unipersonales de la ciudad de Zaragoza, como también en Fraga (usted ha hecho dos referencias; el próximo viernes, si no me equivoco, es la inauguración oficial); en Huesca capital también hay un proyecto ya redactado, y en estos momentos está en la fase de pendiente de tramitación del expediente de contratación para hacer un nuevo edificio del Palacio de Justicia, y también esas obras menores de conservación y mantenimiento, que antes era muy difícil pedir a Madrid porque nunca se hacían: yo creo ahora, pues sí, dentro de las posibilidades, evidentemente, se están llevando a cabo. Y, por tanto, se ve que hay una planificación real, en connivencia con las necesidades que se planteaban por parte de los juzgados y tribunales de Aragón.

Ya finalizo. Quiero destacar que usted hace una referencia, además, muy interesante de la actividad jurisdiccional, órgano por órgano jurisdiccional, y ahí se ve, evidentemente, esa consecuencia de la crisis económica en el incremento del número de asuntos tramitados, si bien es verdad, como usted muy bien ha dicho, que en este año 2010 parece que la cosa se ha estancado.

Y quiero terminar, simplemente, agradeciendo la colaboración necesaria de los jueces y magistrados a través del Tribunal de Justicia de Aragón, de la sala de gobierno. Me parece fundamental, porque, entre todos, lo que queremos es que mejore un servicio público, necesario e imprescindible como es la Administración de Justicia, reivindicado desde hace muchos años, pero que, por fin, yo creo que se están dando soluciones o pasos contundentes para una mejora, y con retos muy directos, como es todo el tema de la modernización de la Administración de Justicia, que va a suponer —entre comillas— una «revolución» en la tramitación y en la resolución de todos los asuntos. Pero yo creo que, entre todos, como ya digo, se va a conseguir mejorar un servicio público que nos demandaban los propios ciudadanos aragoneses.

También una alusión a todo el tema que hace referencia —se me ha olvidado en mi anterior intervención— a la implantación de ese órgano en el centro penitenciario de Zuera, que ha sido una cuestión pionera en el territorio nacional, que yo creo que ha supuesto también una reivindicación, con lo que es cumplimentar rápidamente las notificaciones, etcétera.

Nada más, y muchísimas gracias por su comparecencia y por su presentación de esta memoria, que yo creo que todos juntos vamos a conseguir ese objetivo, que es mejorar la Administración de Justicia.

Gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señora diputada.

Es el turno del Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz, señora Vallés.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, y en nombre del Partido Popular, quiero dar la bienvenida a esta comisión al señor Zubiri, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y agradecerle no solo su comparecencia un año más en estas Cortes, la información y exposición del contenido de la memoria judicial de Aragón, que nos acerca a todos, a los representantes de los ciudadanos y también al público en general, los problemas que tiene la justicia, decía que no solamente esa explicación, sino también agradecerle y reconocerle la pronta remisión que hace de la documentación, de la propia memoria, a estas Cortes para que nosotros podamos estar informados, pues, como usted ha explicado, porque el calendario judicial nacional nos hace que la comparecencia formal o la explicación formal que es esta comparecencia no se pueda realizar casi hasta el final del cierre del ejercicio siguiente.

Dicho esto, nuestro grupo, viendo con normalidad la realización cada año de esta comparecencia, utilizamos esta comparecencia, por un lado, para conocer cuál es la situación en que se encuentra el servicio de la justicia y para que, entre todos, podamos conseguir una mayor celeridad en la satisfacción de las necesidades y adoptar medidas que puedan mejorar su funcionamiento, y también nos gustaría que sirviera un poco de foro para conocer sus propuestas o bien sus opiniones respecto a alguna serie de medidas o de normativa que se está tramitando en estos momentos de carácter nacional.

Así, analizando en síntesis la propia memoria, evidentemente, la propia estructura judicial la tenemos que dividir en dos aspectos: lo que es competencia del Gobierno de la nación y lo que es de pura competencia de esta comunidad autónoma, y sobre lo que esta comisión —como diría— podemos hacer un poco más de fuerza, si cabe, y, en definitiva, alguna propuesta para su resolución.

El ámbito estatal, a nuestro entender, lo hemos dividido en tres apartados que son de competencia del ministerio y, en cierta medida, también del Consejo General del Poder Judicial, aunque el último también algo le compete a la comunidad autónoma.

El primero es en relación con la planta judicial y la necesidad de ampliar el número de órganos judiciales, demanda que tiene su base en el incremento de la actividad judicial o lo que se denomina el recurso por parte de los ciudadanos a la justicia. Todos hablamos de que se está judicializando la sociedad, pero tampoco tomamos ningún tipo de medida alternativa para evitar este recurso.

Como consecuencia de este incremento de la actividad, a pesar del incremento que le reconocemos de la actividad de los órganos judiciales (hay que reconocer que, en la Comunidad Autónoma aragonesa, cada año los órganos judiciales parece que se superan a sí mismos, parece que nunca han llegado a su techo, y hay que reconocérselo), pues, evidentemente, y a pesar de que, como aquí ya se ha dicho, se crearon órganos judiciales (en el año 2009, tres órganos judiciales; en el año 2010, seis órganos judiciales más un juez de adscripción territorial), la verdad es que esta demanda llega a tal punto que acabamos de crear un órgano judicial y ya estamos solicitando la creación del siguiente, o incluso hay órdenes, como la jurisdicción civil, en que ya se solicitan directamente dos nuevos órganos judiciales, o en algunos casos, a los cuales también se ha hecho referencia, la demanda es tan reiterativa y el retraso es tan preocupante en la citación de los asuntos, como la necesidad de más magistrados en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo del Justicia de Aragón, que realmente ya parece ser preocupante.

Nos preocupa realmente esta situación, porque hay algunos órganos judiciales en que los expedientes que tienen en tramitación ya llegan a casi el 70% de los asuntos que resuelven en un año (es como si los órganos judiciales entraran cada año con la faena del 70%, es decir, como si ya tuvieran el trabajo necesario hasta septiembre), y, por tanto, esa carga judicial nos preocupa.

Como usted ve, estamos hablando de la memoria del año 2009; tenemos ya los órganos que se van a crear en el 2010, le vamos a pedir un poquito más, ya aprovechando su presencia: en el año 2009 pedía dieciocho plazas —ya he dicho que se han creado algunas—, nos gustaría conocer, a su entender, qué dos o tres órganos judiciales serían necesarios para este 2011, es decir, su prioridad o la prioridad de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia para este año 2011, porque ya estamos, como quien dice, en esa fecha.

El segundo punto, de ámbito nacional, es el que hace referencia al Plan estratégico de modernización del sistema de la justicia 2009-2012, sobre el que, en la memoria, nos preocupaba que en el año 2009 decía que había tenido poca incidencia en Aragón, en especial en un punto que nos parece de suma importancia, que es el de la formación profesional. Nos gustaría conocer si realmente esto se ha solucionado, es decir, si ya en el año 2010 la formación continuada a los jueces, magistrados y secretarios judiciales ha sido la adecuada de acuerdo con este plan de modernización. Y también nos gustaría que nos indicase realmente qué aspectos del plan inicial les han comunicado el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial que puedan sufrir un retraso en el programa atendiendo a los presupuestos del Estado del año 2011. Es decir, tenía un programa hasta el año 2012 de implantación de determinado plan; evidentemente, el retraso económico y la reducción de la partida del Ministerio de Justicia va a conllevar algún retraso, y nos gustaría conocer si les han dicho qué aspectos pueden verse retrasados.

El tercer bloque, en el que podríamos hablar de ámbito nacional, pero también interviene un poco la comunidad autónoma, son, a nuestro modo de ver, las medidas especiales que se puedan adoptar o que se tienen que estar adoptando respecto a la propia actividad judicial, para que a cualquier ciudadano, cuando le pidan calificar a la justicia, no le salga, como siempre, «es lenta», es decir, la primera palabra con que un ciudadano califica la justicia siempre es «es lenta». Y me estoy refiriendo al establecimiento o no de esos planes especiales o medidas especiales, sobre los que usted también nos ha hecho un repaso, pero que a mí me gustaría que profundizase.

En primer lugar, en el ámbito mercantil, en el año 2009 y con continuación en el año 2010, se puso en marcha un plan especial de refuerzo de esta jurisdicción, como usted ha dicho, por la situación de crisis económica y financiera y la complejidad de los asuntos. Me gustaría conocer si se va a mantener durante el año 2011 y si se ha extendido al Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, porque en el año 2009 no estaba incluido.

En el ámbito social, ya nos ha comentado que se reforzó el personal de lo social. Nos gustaría conocer si, realmente, ustedes conocen si se va a mantener. Y luego, también un juzgado concreto —me permitirá que barra un poco para casa—, el Juzgado de lo Social de Teruel: durante el año 2009 funcionó el refuerzo en el ámbito judicial; queríamos conocer cuál es la situación realmente a fecha de hoy, en 2010, y si ya consideran que se ha puesto ya al día, y, por tanto, no va a plantearse, o si va a ser su primer destino del juez de adscripción territorial.

Y en el ámbito del Registro Civil, mientras se aprueba o no esa nueva ley que está en tramitación en las Cortes de España, la nueva ley de Registro Civil, que supone la desjudicialización y la conversión de su naturaleza administrativa, si se ha hecho efectivo el refuerzo de personal durante el año 2009, porque, evidentemente, mientras se aprueba o no se aprueba y, en todo caso, en cuanto esta ley entre en vigor y se aplique y este nuevo sistema de registro, lo que no podemos dar es la imagen de retraso, de incomodidades, de espera y, realmente, de sobrecarga —porque, si uno ve el Registro Civil, yo no sé cómo puede hacerse cargo de la normativa— del propio Registro Civil.

Y ya que hablamos de la ley de Registro Civil, me gustaría que nos pudiera dar, aunque sea una pincelada, su opinión sobre la propuesta de desjudicialización de este Registro Civil, su conversión en un servicio de carácter administrativo. No voy a hablar de la informatización del mismo, siempre es bueno que se lleve a cabo su informatización y su acceso por parte de los ciudadanos, y, en todo caso, como cualquier órgano administrativo, siempre estará sujeto al recurso de revisión del control judicial.

Y por último, una reflexión sobre la pendencia en las ejecutorias. Usted también lo ha mencionado, ha dicho que la pendencia no significa inacción. Es verdad que lo que resulta frustrante para el ciudadano es que, una vez obtenida resolución judicial, la sentencia no vea todas sus consecuencias, pero, a nosotros, lo que realmente nos preocupa desde el Partido Popular es que estemos pendientes de la puesta en marcha definitiva de esta nueva oficina judicial, porque, hasta que se ponga en marcha definitivamente ese servicio común de ejecutorias del proceso civil o el servicio común de ejecutorias en todo su ámbito, algo habrá que hacer, y en la jurisdicción penal se establecieron refuerzos en el ámbito del año 2009, que han permanecido hasta mediados del año 2010, se han sustituido, sobre todo los juzgados de lo penal, que tienen que asumir el cumplimiento de las resoluciones de los juicios rápidos. Nos gustaría conocer si se han planteado algún tipo de medida especial respecto a la ejecutoria en el ámbito civil y si se va a mantener o si se va a recuperar el refuerzo de las ejecutorias en el ámbito penal, porque la verdad es que a nosotros nos gustaría que quedara constancia de que la pendencia en el ámbito de la jurisdicción civil es—podríamos decir— de carácter bastante preocupante, es bastante elevada, y, a su vez, el propio Decanato pone en evidencia que, con la nueva modificación, se ha suprimido incluso el servicio de averiguación patrimonial, que venía a ser un servicio de carácter común y, por tanto, que facilitaba a veces esta ejecución.

Respecto a las materias que son de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, pues casi le voy a reiterar lo que le dije hace quince días al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón: realmente, parece que estamos con las mismas cuestiones de años anteriores, aunque sí que es verdad que, en algunos casos, se están dando.

En lo que refiere a medidas personales, pues decir que, a nuestro entender, se evidencia una cierta mala gestión del propio personal de la Administración de Justicia. Usted lo pone en evidencia de una manera velada, pero aquí hemos reiterado muchas veces la necesidad de que se concluya la RPT de todos los trabajadores, la necesidad de que los puestos de trabajo no se planteen de manera interina, si no de manera fija, y no por comisión de servicios, y de que exista una verdadera y adecuada distribución del personal de la Administración de Justicia.

Las peticiones que usted plantea en la memoria de 2009 vienen a ser reiterativas de las que se han planteado en el año 2008, es decir, parece que no exista ninguna respuesta a sus propias peticiones. Y aquí siempre se está dejando todo en marcha, la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. Y aquí sí que me van a permitir todos una reflexión, y es que esta nueva forma de organización y de funciones de la nueva oficina judicial, evidentemente, supondrá un impulso para la Administración de Justicia, pero, como le decía antes, esta tiene un plazo de imposición, y además va a ser bastante dificultoso en Aragón, y me explico: ya se ha llevado a cabo la reforma procesal, se ha puesto en marcha desde el 4 de mayo la nueva estructura y se han ido introduciendo las nuevas tecnologías, pero también, para la colocación de estos servicios comunes a los cuales hacíamos referencia, es necesaria una redistribución de espacios, y en las capitales de provincia, que es donde se tienen que producir más adecuadamente estos servicios comunes, nos encontramos con que la redistribución de espacios no es para mañana. Es verdad, y aquí se ha comentado, que se han trabajado los nuevos espacios, pero, obras reales, solo tenemos en la Audiencia Provincial: la Expo es un proyecto, el nuevo edificio de Huesca es un proyecto, y, hasta que ese proyecto se haga una realidad, algo habrá que hacer. Y, como decía, en algunos casos, para que esta organización sea una realidad, pues, evidentemente, se tardará, a pesar de que se nos ha informado de que existe un programa de implantación, como decía, de la nueva oficina judicial.

Y esta nueva oficina judicial no solo requiere de una redistribución y organización de funciones y de nuevos espacios, sino también de mejoras técnicas, y es aquí donde se está dando verdaderamente un salto cualitativo, se están introduciendo programas y sistemas. Pero, como antes le hacía referencia, los recortes presupuestarios van a afectar mucho a algunos de los programas, como puede ser el programa de interoperatividad y seguridad, que supone la interconexión entre todos los operadores jurídicos.

Respecto al personal, pues ya le he dicho que, a nuestro entender, no ha existido una respuesta rápida por parte de la comunidad autónoma a la creación de personal de refuerzo o, directamente, de personal para la Administración de Justicia, deja algo que desear —por no decir mucho que desear—, como decía, la gestión del propio personal. Pero, realmente, también a nosotros nos ha preocupado mucho la formación de ese personal, en especial la formación del personal interino, es decir, aquel que se incorpora de una manera rápida y temporal a la Administración, si no tiene la formación adecuada, pues poco nos va a solucionar los problemas que tiene la justicia.

Y también nos ha preocupado el funcionamiento y el mantenimiento de los propios servicios informáticos, y por ello nos gustaría que nos explicara o ampliara un poco más si, a su entender, han sido adecuados los sistemas o las especialidades formativas que se han adoptado en el ámbito del personal de la Administración de Justicia y si se han producido quejas en el funcionamiento y mantenimiento de los servicios informáticos que hayan podido producir algún tipo de retraso o paralización de las acciones judiciales.

Y por último, ya que no aparece en este punto de mejoras tecnológicas, si se ha solucionado la cuestión, planteada por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y por el Decanato, de un programa de reparto y de registro de asuntos, porque ambos, en la memoria de 2009, hacían referencia a esta cuestión.

Antes de terminar, y brevemente, como le he comentado al inicio de mi intervención, queríamos aprovechar su presencia en la comisión para conocer su postura respecto de algunas propuestas de reformas legales, además de la ya mencionada del Registro Civil: me estaba refiriendo a la propuesta de jurisdicción voluntaria, que tiene por objeto reducir la litigiosidad, o, por lo menos, ese es su objetivo en la propia exposición de motivos, pero que ha recibido algunas críticas, y por ello me gustaría conocer su opinión, si la tienen, respecto a su practicidad o a si va a ser adecuada para reducir la litigiosidad de los tribunales, porque, como decía, ha recogido críticas sobre escasa eficacia en sus planteamientos.

Y también sobre los estudios que se están realizando sobre la nueva planta y demarcación judicial, que tiende a la concentración de juzgados, que es una buena solución de cara a la nueva oficina judicial, pero que, en Aragón, pues, evidentemente, supondrá la reducción de algunos órganos judiciales, incluso se está estudiando la reducción o la desaparición de los actuales denominados juzgados de paz, por lo menos con sus actuales funciones, y que, evidentemente, impedirá que exista una extensión de juzgados en todo el territorio y a todos los ciudadanos.

Yo, para concluir, o nuestro grupo, para concluir, decirle que, de la memoria, nosotros destacaríamos dos aspectos a resaltar: primero, el importante esfuerzo de trabajo del personal de la justicia, que, año a año, se tiene que ver frente a mayor incremento de la actividad judicial, y lo cual se le ha unido en estos años la necesidad de adaptarse a las nuevas reformas procesales y a la nueva forma de trabajar con las nuevas tecnologías, y la dificultad que eso le ha añadido, como le decía, a la falta de respuesta en algunos casos por parte de la comunidad autónoma para determinar el personal de refuerzo, y el segundo, pues decirle que, a pesar de que la justicia es el tercer pilar del Estado, como aquí se ha dicho muchas veces y así lo hemos manifestado, ha sido la última Administración a la cual ha llegado —podemos decir— la modernización o la nueva organización de la administración de la propia Administración, y, evidentemente, lo ha hecho tarde y, visto lo visto, lo ha debido hacer en el peor momento, porque, como usted decía, la crisis económica puede demorar aún más los cambios e impulsos que necesitan, y, realmente, nuestro trabajo tiene que ir siempre dirigido a ver las necesidades que tiene la Administración de Justicia y, con soluciones en algunos casos imaginativas o con la mayor eficiencia o eficacia correspondiente, conseguir que estas se solucionen.

Terminar agradeciéndole de antemano la atención y la explicación que nos va a dar a las preguntas que le hemos planteado nuestro grupo, y con la petición de que haga extensiva a toda la judicatura, a todo los secretarios en especial y a todas las personas que trabajan en la justicia, el agradecimiento en nombre del Partido Popular por el trabajo que han realizado durante este año 2009, porque he de reconocer que ustedes se superan año a año y que la actividad de justicia, en lo que es el trabajo personal de los órganos judiciales, tiene que ser enormemente valorada por los ciudadanos, porque, con los medios que en estos momentos se tienen, el trabajo es realmente muy bueno.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señora diputada.

Es el turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz, señor Lana.

El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, buenas tardes, bienvenido a esta comisión, y gracias por la presentación que nos ha hecho de esta memoria judicial correspondiente al ejercicio de 2009.

Memoria anual que, además de recoger la actividad realizada por la Administración de Justicia en Aragón, comprende las incidencias, avances y carencias que, de algún modo, han influido en su evolución y que, sin ninguna duda, deberán considerarse para la definición de las líneas de actuación que a corto y medio plazo convendrá desarrollar desde los distintos ámbitos administrativos, en función y de acuerdo con sus respectivas competencias en materia de justicia.

Actividad judicial que, si bien se ha desenvuelto dentro de unas pautas generales de normalidad, en parte ha sido marcada también por algunas incidencias extraordinarias o las propias consecuencias de una inesperada e indeseada crisis económica generalizada que, al igual que en otros países y regiones, alcanzaba todos los sectores sociales de nuestra comunidad autónoma, y por la que todavía estamos transitando.

De su traslación en esta memoria, se pone de relieve el progresivo incremento del número de asuntos a resolver, con mayor profusión en las causas comprendidas en los órdenes jurisdiccionales civil, mercantil y social, de las resoluciones dictadas y ejecuciones de sentencias o pendencia de los mismos, siendo especialmente destacables en los juzgados y tribunales de Zaragoza y Huesca.

La mera observación de las estadísticas y datos que se reflejan en los diferentes cuadros y gráficos incorporados, donde se contrastan los ejercicios de 2007, 2008 y 2009, así lo corrobora, aunque, paralelamente, pueda establecerse cierta proporcionalidad en la variación de las distintas cifras y conceptos anualizados.

Tras su lectura y algunas consideraciones, tenemos que insistir sobre lo que ya compartíamos con usted en su anterior comparecencia: la necesidad de que, al margen de las acciones que corresponde ejercer de las distintas administraciones implicadas, es imprescindible reflexionar sobre el incesante aumento de la litigiosidad que se viene experimentando, para explorar y encontrar aquellas medidas alternativas que, como el arbitraje, la mediación o la conciliación, tiendan a reducirla gradualmente.

Ello no obsta para reconocer otras necesidades más perentorias de las que adolece nuestro sistema judicial: su estructura, los medios, las instalaciones, los equipamientos y la formación precisan de atención permanente, puesto que son primordiales para la mejor prestación de un servicio público esencial, ágil, de calidad, eficaz y eficiente, que haga de nuestra Administración de Justicia la mayor garante del respeto de los derechos y libertades de los aragoneses, siendo este el objetivo que todos deseamos y pretendemos.

En esta memoria son concluyentes las múltiples necesidades que se plantean en todos los niveles, recursos humanos y materiales que, relacionados con la implantación de la oficina judicial o la ampliación de la propia planta judicial, requerirán de un esfuerzo extraordinario en su atención por las correspondientes administraciones, lo que, sin duda, motivará la intensificación de las relaciones institucionales y una mayor profundización en las cuestiones a tratar en el foro de las comisiones mixtas o bilaterales.

Nos consta, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que se han producido avances, al igual que aquí se ha venido recordando esta tarde, quizás tímidos, seguro que insuficientes, pero avances, que se han promovido en un período y en una coyuntura sensiblemente dificultosos y que nos tienen que hacer ver un futuro de confianza o esperanza, como usted definía, para ver solucionados algunos de los problemas más urgentes, estructurales o de dotación, inherentes a nuestro sistema judicial.

Tanto el Plan de modernización de la justicia, aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial del 12 de noviembre de 2008, como el Plan estratégico de modernización del sistema de justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009, a propuesta del Ministerio de Justicia, para su desarrollo en los ejercicios comprendidos de 2009 a 2012, están dando sus primeros resultados de mejora en la Administración de Justicia de nuestra comunidad autónoma y del conjunto del Estado español.

De otra parte, el Gobierno de Aragón, además de haber resuelto carencias y problemas relacionados con instalaciones, medios y personal, ha impulsado la creación de la Comisión Mixta y firmado el correspondiente convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que, mediante la participación de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y la Administración autonómica, puedan tratarse y agilizarse aquellas medidas dirigidas a la mejor prestación de medios, a las necesidades planteadas por la Administración de Justicia en Aragón.

En nuestra opinión, el mencionado Plan estratégico y la citada Comisión Mixta, nos parecen dos buenos mecanismos a través de los que, a corto y medio plazo, se concretarán las soluciones que se requieren para la finalidad que se persigue, y que, en cualquier caso, se ajustarán a su planificación, acorde con las ineludibles limitaciones presupuestarias con las que deban conciliarse.

Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, estamos convencidos de que las acciones concebidas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, así como por el Gobierno de Aragón, en sus respectivos ámbitos de competencia, seguirán aportando las soluciones que se precisan, del mismo modo que lo han hecho, tal como usted nos avanzaba en su exposición esta misma tarde, durante este mismo ejercicio.

Este es el ánimo que queremos trasmitirle, al tiempo que agradecerle y felicitarle por su exposición sobre la memoria judicial de 2009 y por la labor que, desde los distintos órganos judiciales, viene realizando el conjunto de profesionales integrados en la Administración de Justicia en Aragón: jueces, magistrados, secretarios, auxiliares y personal al servicio de la misma.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor diputado.

Señor presidente, tiene nuevamente la palabra para dar contestación a las cuestiones que le han sido planteadas por los distintos grupos políticos. Cuando quiera.

El señor ZUBIRI DE SALINAS: Gracias, señor presidente.

Gracias a los portavoces de los diversos grupos por sus preguntas, por sus aportaciones y, evidentemente, por su atención a la exposición. Yo creo que esto nos refuerza en nuestro trabajo y nos ayuda mucho de cara al futuro, porque estas aportaciones de los representantes de la sociedad aragonesa nos sirven también para ver las líneas en las cuales tenemos que avanzar en los años próximos de cara al buen funcionamiento de la Administración de Justicia y, en conjunto, a esos servicios que prestamos a la sociedad.

Yo voy a intentar responder ordenando las cuestiones planteadas por temas, y, de esta manera, intentaré contestar a las intervenciones de unos y de otros.

Por una parte, en cuanto a las necesidades de planta y demarcación judicial, nuestras propuestas eran las que constan en la memoria, que, ciertamente, no en todos sus aspectos se han cumplido, pero creo que este año había que poner de relieve que ha habido un esfuerzo de creación en Aragón, y por eso lo he expresado.

Quedan cuestiones pendientes, ciertamente. Ahí, por ejemplo, poníamos de relieve la necesidad de la creación de un registro civil número 2 de Zaragoza, porque el Registro Civil existente, que está a cargo de una sola magistrada, está sobrecargado absolutamente. Bien, esta cuestión quedó pendiente, y, por el momento, está todavía pendiente de solución de esa nueva ley de Registro Civil que va a desjudicializar el servicio. Me referiré a esta cuestión más adelante.

En orden a otras creaciones o a otras necesidades, yo quería hacer dos reflexiones.

Primero, estamos acostumbrados y quizá ustedes ya están acostumbrados a oírme pidiendo siempre más y más plazas judiciales. Yo aspiro a que llegue un momento en que esto se estabilice y que las creaciones sean necesarias en función de unos aumentos de población o unos aumentos de actividad económica que dé lugar a mayor número de litigios. Pero creo que no es bueno el aumento notorio de la litigiosidad que se ha producido en España en los últimos años, porque, si bien es cierto que, en una sociedad plural, democrática, laica, existen esos diversos planteamientos y, por lo tanto, puede haber conflictos, no todo tiene que resolverse por la vía judicial. Y por eso puedo decir que, desde mi punto de vista, lo que hay que apoyar fundamental y decididamente son las medidas alternativas al juicio, al proceso. En último término, es verdad que habrá que acudir a los tribunales, porque son los garantes últimos de los derechos de los ciudadanos, pero hay otras medidas, hay alternativas, y hay sociedades europeas bastante avanzadas que están limitando el número de litigios. Creo que es el camino a seguir, de forma que las necesidades, aunque sean para los próximos años, pero que llegue un momento en que estabilicemos la planta para las necesidades de nuestra sociedad.

¿Qué es lo que considero más necesario para los próximos años, para el próximo año concretamente? Bien, yo creo que hay dos cuestiones que en este momento son preocupantes: una es el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa (ahí es verdad que ha habido una creación de una petición de refuerzo de magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia) y, otra, la creación de algún juzgado más en el ámbito de esta jurisdicción en la ciudad de Zaragoza.

Esto creo que sigue pendiente, y a mí me parece importante, y lo resalto, porque la jurisdicción contencioso-administrativa tiene un ámbito especial: como saben ustedes, es a la que le corresponde controlar la legalidad de los actos de las administraciones públicas. El ciudadano sabe que, frente a —digamos— el omnímodo poder de la Administración y de las diversas administraciones, no tiene al final otra solución, otro recurso, que acudir a la vía contencioso-administrativa. Pues bien, prescindiendo de que aquí también puede buscarse algún tipo de solución, mediada o conciliatoria, en determinados casos, creo que es importante que esta jurisdicción se refuerce en su eficacia, y, desde luego, no es eficaz una sentencia que tarda tres años, y tampoco cuando la ejecución se hace compleja. Por eso creo que es una de las jurisdicciones en las que es necesario reforzar.

Otra creo que será necesario plantear —ya lo planteamos en principio, pero, desde luego, creo que vamos hacer un esfuerzo para el año próximo— es la jurisdicción penal en la provincia de Huesca. Y digo esto porque, como han visto en la exposición anterior, se crean juzgados de primera instancia de instrucción, pero en un ámbito de competencia penal, tanto en Huesca capital como en Fraga y en Barbastro. Todo ello genera un trabajo, desde el punto de vista de la instrucción penal, que, en gran parte, va al juzgado de lo penal, juzgado único para la provincia. Este juzgado ya tiene un volumen de trabajo importante y un volumen de ejecución yo creo que desbordante en este momento. Entonces, si no se crea el juzgado número 2 o no se refuerza de algún modo esta jurisdicción, creo que estaremos abocados a que todo ese trabajo de instrucción que se realiza por los nuevos juzgados quedará al final —digamos— en una lista de espera, y la lista de espera en el ámbito de la jurisdicción penal no es nada buena.

Me voy a referir ahora a la cuestión relativa a la oficina judicial. La oficina judicial es un reto que se planteó ya —recordemos— por la Ley Orgánica de modificación de la orgánica del poder judicial del año 2003. Estamos en el año 2010 y, hasta ahora, hemos avanzado poco.

El Plan estratégico 2009-2012, que creo que es muy importante y que es el que hay que desarrollar, juntamente con el Plan de modernización del Consejo General del Poder Judicial, que creo que siguen, fundamentalmente, líneas paralelas, pero es, como decía, del año 2009 al año 2012; estamos terminando el año 2010 y creo que hemos avanzado poco, sinceramente lo tengo que decir.

Es verdad que en este momento hay proyectos, bastante avanzados ya, de puesta en marcha de esa nueva oficina judicial, de los servicios comunes de ordenación del procedimiento, de ejecución, etcétera. Esto requiere todavía algunos esfuerzos. Yo, desde luego, pediría a la Administración de la comunidad autónoma que pronto se tase el decreto y las resoluciones correspondientes para la ordenación de la relación de puestos de trabajo en la Administración de Justicia y, a partir de ese momento, la puesta en marcha de, al menos, algunas de estas unidades comunes para la ejecución o para la ordenación del procedimiento. Si tardamos, si dilatamos esto, sucederá que llegará el año 2012 y estaremos todavía a mitad de camino.

En ese punto, una cuestión relevante es la relativa a la formación del personal y a tener personal titular. Se ponía de relieve por el Grupo de Chunta Aragonesista la necesidad de que los juzgados nazcan con un personal titular, un personal experto y un personal que conozca el trabajo que debe de realizar. Pues bien, esto me parece de gran relevancia. Los nuevos juzgados se crean a 30 de diciembre, y en este momento, que yo sepa, no se han publicado todavía los anuncios de las plazas ni de magistrado, por parte del Consejo General del Poder Judicial, ni de secretario ni del personal al servicio de la Administración de Justicia. Eso significará que nacerán también o con personal interino o con personal en comisión. Cuando es personal en comisión, se generan algunos problemas que detectábamos en la memoria, pero es cuando es personal interino cuando la situación es más preocupante, porque este personal interino, que no ha pasado ninguna prueba de acceso, a veces tiene una cierta formación por el hecho de que ya ha estado anteriormente en interinidades, pero a veces no, y cuando esto es así, y ha sucedido recientemente en algún juzgado, la situación de tramitación es difícil, y eso significa que el juez no puede llegar a dictar las resoluciones de fondo porque todavía está en tramitación y esa tramitación no avanza lo suficiente. Por eso creo que es muy relevante, muy importante, que los juzgados que se creen se creen con plena dotación de personal y con personal titulado y con personal experto.

En cuanto a la situación de los edificios, bien es verdad que hemos avanzado. Si, efectivamente, pronto tenemos un proyecto para Huesca y un plan para que este proyecto sea viable a medio plazo, creo que será para nosotros una gran alegría.

Respecto a juzgados concretos en los que se planteaban algunas necesidades, los refuerzos han sido limitados en este año por razones presupuestarias.

Los refuerzos que existían en los juzgados de lo penal terminaron en junio del año 2010 (aún se mantienen algunos en este momento).

El refuerzo general establecido para los juzgados de lo social de Zaragoza finó también en junio del año 2010, y no se ha considerado necesario mantenerlo porque, es un refuerzo que se establece a nivel nacional y había otras ciudades que tenían más necesidad, mayor pendencia. Creo que, en este momento, la situación allí está estabilizada.

Respecto al Juzgado de lo Social de Teruel, que me preguntaban expresamente, creo que la situación de este juzgado también se ha normalizado, ha habido un magistrado titular durante este tiempo, ha cesado recientemente, y espero que en el próximo concurso se dote de un nuevo titular a este juzgado de lo social. De esta manera, creo que funcionará con normalidad ese juzgado y, por lo tanto, no hará falta refuerzo en ese ámbito.

Respecto a las cuestiones relativas a la ejecución, la ejecución civil y la ejecución penal, bien, desde nuestro punto de vista, es una preocupación prioritaria. La ejecución penal se lleva a cabo en este momento por todos y cada uno de los juzgados y tribunales porque es una ejecución compleja. El Código Penal estableció un sistema más complejo de penas que el código anterior, un plan de sustitución de unas penas por otras menos aflictivas y también la existencia de unos sistemas de suspensión de la condena, o de la ejecución, en los casos en los cuales la persona tuviera un buen comportamiento durante ese tiempo de la suspensión. Pero todo esto hace más compleja la tramitación. Eso podemos arreglarlo, en parte, a través de la mejora de las oficinas, pero yo creo que aquí es muy importante la reforma procesal.

Tengo que decir que, si bien ya se ha producido una reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la jurisdicción social —por cierto, va a ser reformada de nuevo próximamente—, la Ley de enjuiciamiento criminal sigue siendo una ley del siglo XIX con parches, y creo que esta situación no es buena y creo que hay que optar, como parece que el Ministerio de Justicia nos ha dicho, por que pronto haya una nueva Ley de enjuiciamiento criminal adaptada a las necesidades y a los criterios de un Estado moderno.

Respecto a algunas propuestas de reforma concreta que se hacían, bien, yo, respecto al Registro Civil, me parece absolutamente razonable que se desjudicialice la llevanza del registro, la llevanza de la oficina, y que, desde luego, la informática tiene que entrar ahí de una manera importante para que los ciudadanos puedan instar, con los medios técnicos y con la seguridad adecuados, puedan instar lo que precisen de certificaciones, etcétera, para que esto pueda hacerse de una manera informática y de una manera rápida.

Es más compleja la tramitación de los procedimientos, pero yo creo que puede hacerse también. La única observación que pudiera hacer es la relativa a la afectación de los derechos de la persona en cuanto a los derechos relativos al estado civil, porque esto es algo muy relevante desde el punto de vista de la persona y de sus derechos fundamentales. Y, en este ámbito, creo que la Administración de Justicia, como poder judicial, algo tendría que decir, bien por vía de jueces especializados en la materia, bien por la vía de una revisión en otro orden jurisdiccional.

Respecto la nueva planta y demarcación judicial, y aquí enlazaré con el tema de los juzgados de paz que se planteaba anteriormente, yo, respecto a la situación actual, mantengo lo dicho, es decir, mientras existan los juzgados de paz, primero tenemos que dotarlos y tenemos que hacer lo posible porque para los ciudadanos sea ilusionante ser juez de paz, y, por otra parte, tienen que tener los medios adecuados para prestar el servicio, prestarlo ágilmente y prestarlo sin —digamos— quebraderos de cabeza para el juez de paz, que es una persona lega en derecho y, además, que se dedica profesionalmente a otras cosas.

En ese punto, creo que el sistema de agrupación, y quizá el sistema de comarcas, seguiría siendo efectivo, pero esto, en este momento, se ve alterado por el estudio realizado por un equipo de expertos a nivel nacional para una nueva planta y demarcación judicial. Yo estuve en la presentación que tuvo lugar en el Ministerio de Justicia el pasado día 28 de septiembre, y ahí se planteaban una serie de reformas, entre ellas la relativa a la posible desaparición o modificación de lo que son los juzgados de paz y, por otra parte, respecto a la nueva planta judicial en general. Puedo decir que yo tuve oportunidad de intervenir y planteé que, si bien era cierto el planteamiento básico, por ejemplo, de la creación de los tribunales de instancia, que creo que es un avance para la seguridad jurídica, sin embargo, en un territorio como Aragón va a tener alguna complejidad en la aplicación: Aragón, como sabemos, es un territorio muy amplio, no muy poblado y que tiene partidos judiciales no muy bien comunicados y todavía alejados de los centros de decisión; pues bien, creo que la supresión de los partidos judiciales y los juzgados en estos ámbitos ha de pensarse dos veces. Y, por tanto, creo que, en la línea de ese estudio para la nueva planta y demarcación judicial, que parece que va a ser un poco el embrión de la nueva ley o la ley de modificación, habrá que tener en cuenta las especialidades de algunos territorios de interior con estos problemas a los que antes aludía.

Esa, en definitiva, creo que es la situación en este momento, y creo que en ello seguiremos. Yo termino demandando de la Administración competente el esfuerzo posible para que, en definitiva, se haga lo que creo que tenemos que hacer, porque, insisto, cuando se nos pide la colaboración de los jueces, y creo que, desde luego, estamos haciendo el esfuerzo para que ello se haga, no se olvide que es la oficina judicial la que ha de servir de instrumento para el buen funcionamiento de ese poder judicial independiente que la Constitución ha dado y que creemos que tenemos que poner en marcha todos los días del año.

Muchas gracias, señorías.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor presidente.

Agradecería que permanezca unos minutos con nosotros para concluir esta comisión.

Pasaríamos, pues, al punto primero, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por asentimiento.

El número 3: ¿ruegos y preguntas?

Bueno, pues no habiendo ningún punto más a tratar en el orden del día, se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cinco minutos].