Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Comparecencias - De Consejeros del Gobierno de Aragón
Comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para informar sobre su relación, y de los miembros de su gabinete, con la Fundación 2000, así como de los convenios y adjudicaciones que dicha fundación tiene con el Gobierno de Aragón y con distintos ayuntamientos aragoneses.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 090 de Serie A (V Legislatura)
Intervinienen: Plantagenet-White Perez, Rosa - Larraz Vileta, Alberto - Lacasa Vidal, Jesus - Echeverria Gorospe, Yolanda - Costa Villamayor, Montserrat
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del miércoles día 28 de marzo [a las diez horas cuarenta y cinco minutos].
En primer lugar, damos la bienvenida al consejero por su comparecencia ante esta comisión, y el primer punto del orden del día (lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior) lo dejaremos, como es costumbre, para el final.
Pasamos al segundo punto del orden del día: comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a solicitud de los veintiocho diputados del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre su relación, y de los miembros de su gabinete, con la Fundación 2000, así como de los convenios y adjudicaciones que dicha fundación tiene con el Gobierno de Aragón y con distintos ayuntamientos aragoneses.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Plantagenet.
Comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para informar sobre su relación, y de los miembros de su gabinete, con la Fundación 2000, así como de los convenios y adjudicaciones que dicha fundación tiene con el Gobierno de Aragón y con distintos ayuntamientos aragoneses.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Agradecemos al señor consejero su comparecencia en esta comisión.
Mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, ha solicitado su comparecencia urgente ante estas Cortes de Aragón para que viniera a explicar una serie de hechos de los que hemos tenido conocimiento, entre los que se encuentra la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y una fundación privada, la Fundación 2000, y dos adjudicaciones a concesiones de unas residencias de la comunidad autónoma. Actuaciones que a nuestro entender ponen de manifiesto una serie de irregularidades y que, a nuestro juicio, suponen una posible arbitrariedad en estas actuaciones llevadas a cabo por su departamento y, particularmente, por usted, como responsable último de la consejería.
Antes de entrar a detallar los hechos, me gustaría decirle que no debe sentirse ofendido ni molesto por tener que venir a dar cuentas ante los representantes legales de los aragoneses. Antes bien: es una obligación de todos los miembros del gobierno dar debidas cuentas de su gestión.
Las responsabilidades de las que vamos a hablar van a ser responsabilidades políticas, que a todo cargo público le son inherentes, y no entraremos en aquellas que puedan quedar fuera del alcance de esta cámara.
Usted tomó posesión como consejero en agosto de 1999, y más tarde, libre y voluntariamente, firma la constitución de una fundación privada, la Fundación 2000, que se inscribe en el registro de fundaciones por orden del 11 de diciembre de 2000 y se publica en el BOA el 22 de diciembre de 2000, y usted aparece como patrono, hasta la fecha de hoy.
Junto con usted existen otros cargos de relevancia, como es el presidente, don José Antonio Biescas (ex consejero de Economía en un gobierno PSOE); como vicepresidente, don Luis Felipe Serrate (en la actualidad es asesor suyo en política social), y otras personalidades.
Quiero hacer hincapié en el hecho de que tanto usted como su asesor están y figuran en esa fundación a título personal e individual, y que en ningún caso están en representación de la consejería de Sanidad y Bienestar Social.
Y también se da otro hecho, como, por ejemplo, que existe un ejemplo claro, la Fundación de la Caridad en Zaragoza, donde hay un representante, que es el alcalde de Zaragoza, del ayuntamiento, y tiene como patronos otros representantes de otras entidades, como Ibercaja, la CAI, de sindicatos y de organizaciones empresariales. Ustedes están a nivel personal y físico.
También quiero resaltar otro hecho que nos llama poderosamente la atención: es que la mayoría de los integrantes, por no decir todos, tienen una vinculación política con el PSOE. La fundación, como no podía ser de otra manera, es constituida para cumplir un objetivo, y ese objetivo (dice textualmente en los estatutos) es «la realización de forma directa o concertada de programas que faciliten el pleno desarrollo social y laboral de las personas y de los grupos sociales desfavorecidos por cualquier causa que implique desarraigo social o dificultades para su plena participación en la vida de la comunidad».
Queda muy claro a qué colectivo va dirigida esta fundación: a todas aquellas personas que pueden acercarse a los servicios sociales de la comunidad autónoma (mayores, menores, discapacitados, grupos sociales marginales, enfermos: cualesquiera que tengan un componente social y sociosanitario). Y es más: la Fundación 2000 elaborará programas que faciliten su pleno desarrollo social y laboral para dichas personas. Dicho objetivo supera ampliamente la mera investigación, como usted manifestó en la rueda de prensa ante los medios de comunicación. Es más: le preguntaría: ¿la realización de estos programas no supone una competencia directa de la consejería en el área de Bienestar Social?
Siguiendo con el tema, la Comunidad Autónoma de Aragón recibió las competencias de salud mental transferidas por las diputaciones provinciales de Huesca el 2 de enero del 2001. Paradójicamente, usted, en calidad de consejero, suscribe un convenio con el presidente de la Fundación 2000 (de la que por cierto es o era patrono) el 2 de febrero del 2001: un mes más tarde de las transferencias. Convenio que, casualmente, se dedica a la realización de actividades de rehabilitación social y laboral de pacientes psiquiátricos en el área de Huesca. Dicho convenio tiene, además, efecto y vigencia desde el 1 de enero (o sea, con efecto retroactivo), con lo cual, prácticamente, tiene efecto desde un mes antes de recibir las transferencias.
Insistimos: el día 22 de diciembre en el BOA aparece su nombramiento, siendo usted consejero, como patrono, y el día 1 de enero, sin solución de continuidad, y prácticamente en período de vacaciones navideñas, la Fundación 2000 ya tiene una adjudicación para gestionar parte del área de salud mental de Huesca.
Es totalmente sorprendente que usted, como consejero (independientemente de que esté o no como patrono), convenie y firme un acuerdo de gestión con una Fundación 2000 recientemente constituida, por tanto, con experiencia nula en la gestión, y con tal precariedad de medios le adjudica nada menos que la compleja gestión del personal y los talleres de empleo de Arcadia; los talleres ocupaciones adscritos al área de salud mental de Huesca y del Servicio Aragonés de Salud de la DGA en Huesca; la titularidad de dicho centro -con todo lo que ello lleva consigo-; la cesión del uso de las instalaciones propiedad de la DGA para el funcionamiento de los talleres de jardinería y lavandería; la gestión y mantenimiento completo de las instalaciones y del personal del centro de día Agustín Serrate, situado en el recinto del hospital provincial Sagrado Corazón de Jesús; la gestión y mantenimiento de los pisos tutelados y del servicio asociado a los mismos, incluida la subrogación en el arrendamiento de los mismos. Y lo que es algo verdaderamente insólito: como consejero, suscribe la adscripción de personal funcionario y laboral propio de la DGA a la Fundación 2000, de la que usted es o ha sido patrono, lo que supone un total de veintiséis empleados públicos que trabajan para la fundación.
Llegándose al extremo, incluso, de que hay una cláusula que dice que, si se produjese una vacante en las plazas adscritas a la fundación y la DGA produjera una amortización de dichas plazas, y la citada entidad, la Fundación 2000, con sus propios medios, necesitara para su organización aumentar algún tipo de plaza, incluso se procederá a la revisión y al cómputo, de mutuo acuerdo, de la cuantía de la aportación económica. Esto es lo nunca visto: que la consejería incluso esté preocupada por las necesidades futuras de una fundación.
La Fundación 2000, finalmente, suscribe o recibe de la consejería la subvención de la cantidad nada desestimable de treinta y ocho millones ochocientas mil pesetas para el desarrollo de sus objetivos.
Pues bien: en base a todo lo anterior, a nuestro entender, es de todo punto irregular este convenio, el que usted firma como consejero de la Fundación 2000, de la que usted ha sido arte y parte, fundación sin experiencia alguna, a la que cede los inmuebles, el personal, los pacientes y, además, finalmente, le aporta una apreciable cantidad de dinero público.
La firma de este convenio entre usted y la fundación privada, de la que además usted es o ha sido patrono, deja de ser ya un problema de estética política y pasa a convertirse, a nuestro juicio, y a la espera de sus explicaciones, en una situación sumamente irregular, debido a que usted, como está sujeto a la ley de incompatibilidades de la Ley 1/95, del 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, que regula las incompatibilidades de los altos cargos... Usted, a todos los efectos, teóricamente, según el artículo 38, que señala que «El ejercicio de un alto cargo es incompatible con las siguientes actividades privadas: [a] el desempeño por sí o por personas interpuestas de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de empresas en que participe el sector público aragonés, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas»... La fundación privada es una configuración jurídica que entra dentro del sector público.
De la lectura del artículo yo creo que queda medianamente claro que no estamos ante un mero problema de estética, sino que más bien incurrimos, a nuestro juicio, en un asunto de incompatibilidad, con la agravante particular de que en este caso el objeto de la fundación coincide plenamente con la labor que realiza su consejería, lo que nos lleva a concluir que ha manejado una información privilegiada sobre los asuntos tratados.
En su pretendido descargo, han aparecido en la prensa declaraciones suyas en las que manifiesta la existencia de un acta notarial, mediante la que cesa de sus funciones como patrono de la Fundación 2000, en diciembre: justo antes de la firma del convenio. Si usted lo dice, existirá; nosotros no lo ponemos en duda, ni hemos tenido constancia de ello. Pero lo más grave -nos parece- es el efecto sobre terceros, y hasta que, mediante el sistema de información pública y pertinente, no se incorpore a su registro y se publique el hecho de su separación del cargo, usted aparece y, por lo tanto, es a todos los efectos patrono de la Fundación 2000, de acuerdo con lo que he recogido en el BOA del día 22 de diciembre; por la misma razón, el día 1 de enero, este convenio sigue en vigor frente a terceros y tiene plena vigencia, y usted sigue siendo patrono de la misma.
Ahora, pretender justificar ante la opinión pública y ante los representantes legítimos aragoneses que desde el punto estrictamente legal no pertenecía a dicha fundación, que desconocía los fines de la misma, es sencillamente irrisorio y atenta contra la inteligencia natural. Especialmente si tenemos en cuenta que usted es conocedor y, por lo tanto, consentía que su asesor se mantuviera en el cargo de la fundación. Y, aun asumiendo que en el momento de la firma del convenio usted ya no fuera patrono de la misma, es de total aplicación en este caso la misma ley a que antes nos hemos referido, el artículo 40, que regula la obligación de abstención: quienes desempeñen un alto cargo vendrán obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o interviniesen empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge, personal vinculado y tal. Por tan claro motivo, usted estaba obligado a abstenerse de esta firma o por lo menos lo tenía que haber realizado otro consejero.
Pero, por si no fuera causa bastante de incompatibilidad todo lo anterior, se produce otra causa grave a nuestro juicio, y es el contar esta fundación con un asesor personal, a su cargo, en funciones de vicepresidente, circunstancia en la que, evidentemente, usted tampoco podía sustraerse en el momento de la firma. Nos parece durísimo que usted firme sabiendo que su asesor está incumpliendo una grave incompatibilidad. Y esto lo recoge la Ley 53/84, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, que en el artículo 12.1 dice: «El personal comprendido en el ámbito de la aplicación de esta Ley no podrá ejercer las siguientes actividades: el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido, en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público, o, así mismo, la pertenencia a consejos de administración, órganos rectores -tal, tal, tal- que estén directamente relacionados con los que gestione su departamento o entidad en que preste sus servicios el personal afectado».
Queda claro que su asesor, perteneciendo a una fundación privada, constituida con fines muy similares a los que lleva a cabo su departamento, se encuentra en una manifiesta incompatibilidad.
Poniendo esto de manifiesto no le estamos poniendo en bandeja de plata una cabeza de turco. Es indefectible que su asesor deberá responder de sus propios actos; pero no es menos cierto que la responsabilidad de las personas al servicio de cualquier departamento público debe alcanzar a los últimos responsables de los mismos, en este caso, a usted.
No es válido para nada el débil argumento de la falta de ánimo de lucro de esta fundación, de la fundación constituida. No pretendan confundir a la opinión pública y a nosotros mismos con la supuesta bondad de la actuación de las fundaciones sin ánimo de lucro: ni estamos cuestionando sus bondades, ni por supuesto la capacidad de dar respuesta a las necesidades reales y completas de una sociedad. Lo que estamos cuestionando ahora mismo es que usted, como consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, haya constituido una fundación privada, con su vicepresidente; que además esa fundación privada tenga, evidentemente, cargos muy cercanos al PSOE, y que además usted haya firmado un convenio irregular de todo tipo con ellos.
Por lo que se refiere a la fundación Medina Albaida, que es otra fundación en que interviene en este caso, fue constituida el 29 de diciembre de 1999, dentro de la legislatura, gobernando el PSOE y ocupando ya usted el cargo de consejero, como consta en el registro de fundaciones de la comunidad autónoma el 26 de julio.
El ámbito de la actuación se suscribe, evidentemente, a Aragón, exactamente igual que la Fundación 2000, y los fines que persiguen son los de la gestión de servicios sociosanitarios, la obtención de recursos para minusválidos y excluidos sociales y la prestación de ayudas a las organizaciones sin ánimo de lucro. Fines, evidentemente, que coinciden en la totalidad con su departamento.
En esta fundación, junto con otras personas, cuentan como secretaria doña María Paz Álvarez, la hija de don Miguel Álvarez, su actual director gerente en el IASS, y se repite la significativa vinculación de los integrantes con el Partido Socialista, y, ¿cómo no?, se vuelve a dar la curiosa coincidencia entre los fines de la misma y los fines de la consejería que usted dirige.
El 20 de enero del 2001, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, los ayuntamientos de Gurrea de Gállego y de Almudévar convocan un concurso de procedimiento abierto para la gestión de sus residencias municipales. Merece la pena referirnos o incidir en la coincidencia literal de los textos de sendos anuncios publicados en dicho boletín, uno a continuación del otro; la coincidencia de los textos del anteproyecto de explotación del servicio de ambas residencias, así como la coincidencia en ambos pliegos de las cláusulas administrativas que rigen el concurso de adjudicación.
También nos llama poderosísimamente la atención la no existencia de una cuantía previa, que previsiblemente se debería haberse fijado como canon anual previo, pero bueno... Otra singular coincidencia es que, en lo que se refiere a los dos ayuntamientos, se establecen exactamente las mismas garantías provisionales y definitivas. Y lo que nos parece mucho más preocupante es que ambas concesiones se dan para veinticinco años, prorrogables otros veinticinco, con lo cual, el concesionario tiene asegurada cincuenta años la gestión.
Al parecer, y según la información que hemos obtenido de todos nuestros concejales en los ayuntamientos con los que nos hemos comunicado, los pliegos de condiciones son facilitados directamente por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y lo que consideramos, evidentemente, importante de ser resaltado en esos pliegos es que, en el caso del Ayuntamiento de Almudévar, dice en el pliego de condiciones que facilitará al de Gurrea de Gállego la información y cooperación necesarias, con el fin de que exista una efectiva coordinación que permita el abaratamiento de costes en la gestión de sus respectivas residencias. Declaración que nos lleva irremisiblemente a la presunción de que, con anterioridad al concurso, las residencias ya debían ser adjudicadas al mismo concesionario, porque, si no, evidentemente, no se podrían abaratar costes.
A nuestro entender, se incumple abiertamente una parte sustancial del requisito del contenido de la cláusula 18 del pliego de condiciones, donde se exige la documentación acreditativa, la solvencia económica, financiera, técnica y profesional de la persona o entidad proponente.
Yo no voy a entrar y voy a descartar entrar a valorar la posible solvencia económico-financiera de unas recién constituidas fundaciones, a las que, a la vista de los estatutos, aportan exiguos recursos económicos, pero sí que me puede usted contestar: ¿qué trayectoria y experiencia profesional tienen unas fundaciones constituidas tan sólo dos o tres meses anteriormente?
En el pliego de condiciones se prima la utilización de un criterio nada objetivo, desde nuestro punto de vista, y ciertamente sospechoso, que es el de la mayor puntuación para aquellas empresas definidas como de interés sin ánimo de lucro, con sede social en Aragón, condiciones que, casualmente, cumplen la Fundación 2000 y la UTE formada con la Medina Albaida.
Y, sin embargo, no he dicho lo más llamativo de todo: que esto se encuentra contenido en la cláusula vigésima cuarta, donde el ayuntamiento dice haber solicitado ya un concierto de reserva y ocupación de plazas con el IASS.
Éste es el quid de la cuestión. Sin conciertos, las residencias, difícilmente, y más las residencias municipales, difícilmente tienen... Ustedes utilizan esta herramienta para inclinar en una dirección u otra la resolución de los concursos. Un ayuntamiento no se atrevería nunca a adjudicar la gestión de una residencia a un adjudicatario que no fuera bien visto por ustedes. Y lo que resulta escandaloso es que se adjudique la gestión de residencias a unas fundaciones en las que no sabemos si usted es patrono o no todavía -nos lo tiene que demostrar-, pero sí su asesor en materia de bienestar social y, por supuesto, la hija del director gerente del IASS.
Este hecho, en tan sólo cuatro meses, desde que se han fundado estas fundaciones, inexpertas en la gestión que se les ha adjudicado por parte de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, significa una cantidad significativa de recursos del área de salud mental de Huesca. La gestión de las residencias de Almudévar, Gurrea, Asín, Orés... y ayer me llamó el concejal que Alfambra diciéndome, tras tratar periódicamente los temas de Alfambra, que se ha concedido porque -«me ha dicho el alcalde»-, evidentemente, no se había presentado más que la Fundación 2000, que era la que reunía las condiciones, y que tenemos suerte, porque tenemos seis plazas concertadas con el IASS.
Todo lo anterior nos crea dudas razonables acerca de lo regular de las actuaciones de la consejería de la que usted es responsable; por lo que, ante esta actuación, le brindamos mediante esta comparecencia la oportunidad de que nos aporte las explicaciones que usted considere convenientes.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Plantagenet.
Tiene la palabra para su intervención el consejero de Sanidad y Bienestar Social.
El señor consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
Señorías.
Don Gustavo Alcalde, dondequiera que esté.
Espero que el hecho que me hace comparecer aquí no provenga del nerviosismo existente entre sus filas, o, peor, de la vieja estrategia ya muy utilizada por ustedes del difama, que algo queda.
Señor presidente, señorías: yo creo que los políticos no sólo tenemos que decir la verdad, sino además conocerla. Hay que decir la verdad y conocerla: es nuestra obligación. Por eso, las medias verdades o el artificio de un discurso enrevesado como el que acaba usted de entretejer desautoriza al político que las utiliza.
Señorías, ustedes, como grupo parlamentario de la oposición, tienen todo el derecho a conocer y a recibir cualquier explicación sobre la gestión o las formas de actuar del departamento del que yo soy consejero, y, por supuesto, haciendo caso a sus primeras frases, yo vengo encantado aquí siempre a darles a ustedes explicaciones. No sé si habrá algún consejero que venga más veces y a petición propia a hablar con ustedes y a discutir lo que sea necesario.
Todo el derecho; pero también ustedes tienen un deber y una exigencia que cumplir con esta cámara y con los ciudadanos aragoneses, y es el respeto y la cortesía necesarias para no hacer de la política una actividad torticera y de malas artes.
Ustedes, señorías, convocaron a los medios de comunicación primero para generar duda, incertidumbre, sobre mi forma de actuar y la de mis colaboradores, y después solicitaron una comparecencia en esta cámara. Aquí, ante testigos, con luz y taquígrafos, es donde yo deseo establecer el debate. Aquí, en esta cámara, donde la práctica política cobra más valor y donde es más difícil que el subterfugio de la retórica se convierta en mero ruido. Aquí, ustedes, señoría, corren el riesgo, como decía Platón, de que su retórica sea tan exigua como el sonido que despierta una copa de bronce cuando se golpea y que se acalla cuando se le coloca el dedo encima.
Ustedes, parlamentarios del Grupo Popular, han pretendido dañar la dignidad de algunas personas mediante la acusación velada y la sospecha, y han abandonado el sabio arte de intentar convencer con la palabra.
Yo quiero ser respetuoso con ustedes, con esta cámara y conmigo mismo, y por ello intentaré que la cortesía parlamentaria y el respeto impregnen toda esta comparecencia, donde tengo que explicar las dudas que ustedes han sembrado sin prueba e injustamente.
Comencemos por las graves afirmaciones vertidas en comparecencia de prensa y que han aparecido en un resumen de folio y medio escrito con membrete del Partido Popular. En primer lugar, falta a la verdad cuando dice que pertenezco al patronato de la Fundación 2000. Si así fuera, que no lo es, no incurriría en ningún tipo de incompatibilidad. La Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, referente a las incompatibilidades de los altos cargos y de los miembros del Gobierno de Aragón, no incluye esta actividad como incompatible. Léase detenidamente la ley y no confunda esta actividad privada, sin ánimo de lucro, con una actividad privada mercantil. Usted malutiliza ese boletín, y yo creo que no sé si lo hace con mala fe o con desconocimiento, no estoy muy seguro; pero, en fin, que le dé usted a la prensa ese documento malinterpretándolo la verdad es que me da algún problema de conciencia.
No soy patrono de la Fundación 2000 ni ostento cargo alguno en la misma. Fui patrono fundador, también he sido socio del Real Zaragoza, y ahora no lo soy. Y le explicaré en pocas palabras el porqué.
La Fundación 2000 nació para desarrollar su actividad en tres facetas básicas: la investigación, la formación y el trabajo en torno a los recursos sociales. Los servicios sociales precisan incorporar criterios de gestión: esto exige formación e investigación. Creí y sigo creyendo que esta labor la podía impulsar, y la puede impulsar, una fundación como la 2000.
Apostando por lo público y por el tercer sector siempre me encontrará. Lo que sospecho es que ustedes y yo no nos cruzaremos en esta actividad, ya que sus deseos pueden ir en otras direcciones.
Cuando el patronato decidió abordar la gestión directa o conectar con la administración, solicité personalmente mi baja en dicho patronato, presenté mi dimisión el 28 de diciembre del 2000 en reunión del patronato, y se otorgó posteriormente validez notarial. Un acta de un patronato es tan legal como la Constitución: no sé si usted lo sabe.
A mí me gustaría saber si siguen ustedes afirmando aquí, señorías del Partido Popular, que pertenezco a esa fundación, porque entonces tendré que tomar otras medidas, naturalmente. Ya he visto que han retranqueado ustedes su furor inicial de la comparecencia: ya ponen en duda que pertenezca mientras he firmado ese convenio con la Fundación 2000: me alegra muchísimo; pero yo le ruego que me conteste y que me diga si ustedes afirman que yo pertenezco a esa fundación en el momento en que firmo ese convenio, porque, si lo afirman ustedes así, no me quedará más remedio que llevarles a los tribunales.
En segundo lugar, falta a la verdad cuando afirma que, siendo patrono de la Fundación 2000, firmé un convenio con la misma para la rehabilitación social y laboral de pacientes con problemas de salud mental en el área del Servicio Aragonés de Salud de la provincia de Huesca.
Ha jugado usted muy bien con las fechas, pero equivocadas. Existe un convenio de la Fundación 2000 para la realización de actividades de rehabilitación social y laboral de pacientes psiquiátricos del área de Huesca del Servicio Aragonés de Salud (acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2001) por valor de 38,8 millones de pesetas. No sé si con ese dinero les llegará suficientemente para pagar los salarios de los enfermeros de salud mental que trabajan allí; probablemente, no les llegará para pagar todo el año. Fíjense qué volumen de dinero.
La fundación asume la gestión de los talleres del centro especial de empleo Arcadia y los talleres ocupacionales, manteniéndose la forma de gestión que se venía desarrollando en los últimos años. No se ha contratado -creo, por lo que yo conozco, por lo que yo he averiguado, antes, naturalmente de esta comparecencia-..., en la Fundación 2000, siguen gestionándose exactamente igual y con las mismas personas que se gestionaban cuando pertenecía a la diputación provincial; exclusivamente se ha añadido ahí el gerente de la fundación, que luego les diré si tiene experiencia o no en estos asuntos.
Cuando se firma el convenio, yo no pertenezco a la Fundación 2000, y entonces ya no puede ni siquiera utilizar torticeramente la ley de incompatibilidades, que la utiliza usted torticeramente: usted y quien la presentó. No es posible presentar una ley, interpretarla de otra manera y confundir las entidades privadas con ánimo de lucro con las fundaciones sin ánimo de lucro; eso es mala fe, nada más que mala fe.
El Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no realiza una gestión directa de ningún dispositivo de este tipo; solamente hay otro dispositivo de este tipo en toda la comunidad autónoma, que es el del Hospital Psiquiátrico de Zaragoza, que lo lleva -como usted sabe- otra fundación, porque los organismos públicos no pueden llevar esos dispositivos.
Y aún le voy a decir más -luego se lo volveré a repetir-: de los dispositivos de Huesca no encontramos a nadie que quisiera hacerse cargo. Conectamos con la única fundación que tiene experiencia en temas de salud mental, y no quiso saber nada del asunto. O sea, el convenio se firmó con la única fundación que quiso hacer ese trabajo.
¿Sabe usted quién es el gerente de esa fundación? (Por eso nos llamó la atención y nos pareció bien dejarlo en esas manos.) La persona que montó todos los dispositivos que tiene esa fundación, la persona que montó hace años todos los dispositivos de esa fundación (los talleres de inserción, los centros especiales de empleo, etcétera), la fundación Arcadia, es el gerente de la Fundación 2000. Por eso nos pareció idóneo el que realizara ese trabajo, y porque no encontramos a nadie más. Le va a pasar lo mismo a Asín, a Orés y a Alfambra, porque ya sabemos que a los dispositivos con ánimo de lucro les interesa poco el recoger situaciones en las que no hay negocio. Por lo tanto, la fórmula de convenio que aquí se utilizó es la norma en este tipo de actividades.
Y a continuación quiero realizar algunas aclaraciones de tipo jurídico, a ver si se impregna usted un poco de la jurisprudencia -yo lo he tenido que hacer por obligación-, imprescindible para entender la cuestión que nos ocupa.
La Ley 8/99, de 9 de abril, de reforma de la Ley 2/89, del Servicio Aragonés de Salud, en su artículo 6.2, prevé que el Servicio Aragonés de Salud podrá promover acuerdos, convenios, conciertos con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con carácter complementario a la utilización de los recursos del SAS.
La Ley de contratos de las administraciones públicas excluye de su ámbito de aplicación los convenios de colaboración que celebren las administraciones públicas, y se rigen los mencionados convenios por el título uno de la Ley 30/92, de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. No confunda usted a nadie con otras normas: éstas son las que rigen y las que se han aplicado estrictamente en este convenio.
Podría poner múltiples ejemplos de convenios que el departamento firma con innumerables instituciones, asociaciones, fundaciones, etcétera; si así lo desean, a lo largo de este debate, podemos profundizar en ello, y pondremos muchísimos ejemplos, para que ustedes los conozcan.
En este marco jurídico, el SAS convenia, con cargo al capítulo cuatro, con entidades relacionadas con la salud mental y drogodependencias, por valor de más de doscientos cincuenta millones al año. Los convenia todos los años. Señorías del Partido Popular: ¿existe alguna sombra de duda sobre la legalidad -apúntelo: la legalidad- y legitimidad del convenio del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la Fundación 2000? Si hay alguna sombra de duda legal o legítima, póngala usted encima de la mesa, y le animo, porque yo tomaré nota textual de lo que usted diga. Y, si creen ustedes que pueden con esto poner en duda la legalidad del departamento, ya saben ustedes lo que pueden hacer.
El Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social actúa siempre, políticamente, con publicidad y transparencia en su gestión. Hay que leerse las cosas, eso sí, hay que leérselas, y no interpretarlas, leerlas, y, si no las saben interpretar, búsquense ustedes un abogado. Y administrativamente, con arreglo a la normativa jurídica vigente, nunca de forma arbitraria o irregular.
Por lo tanto, ya les digo: se han equivocado ustedes de documentos y los han interpretado de forma torticera.
Ustedes, señorías del Partido Popular, ¿siguen ratificándose en las graves imputaciones vertidas sobre mi persona? Le ruego que lo vuelvan a repetir.
Tercero. Aclarado el punto anterior, quisiera detenerme en lo que el Partido Popular considera llamativo -dicen que es llamativo- en relación con la gestión de las residencias de Almudévar y Gurrea por la UTE formada por la Fundación 2000 y la fundación Medina Albaida. Parece que el Partido Popular desconoce cómo se organiza la gestión de las residencias municipales. En usted lo dudo porque se dedica profesionalmente a estos asuntos: no sé cómo ha podido llegar a esos conocimientos. Espero que lo manifestado sea fruto del desconocimiento y no de la mala fe.
La concesión de la gestión de las residencias señaladas no la hace el Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: no seremos nosotros los que socavemos el principio de la autonomía municipal. Las residencias de titularidad municipal, de titularidad municipal, son construidas y equipadas por convenio del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el ayuntamiento afectado. Una vez construidas, dependen en su totalidad del municipio, y sólo interviene el departamento en el caso de que se solicite un concierto de plazas, efectivamente.
Hasta donde yo he podido conocer -no lo conozco todo perfectamente-, hasta donde yo he podido conocer, la concesión de gestión de las residencias municipales a la UTE formada por la Fundación 2000 y la fundación Medina Albaida se otorga en acuerdo plenario, por unanimidad de todos los grupos municipales (PAR, PP y PSOE), tras un proceso de concurrencia pública. No debo ser yo quien venga aquí a defender a sus concejales en los ayuntamientos. Por unanimidad de todos los grupos municipales.
Es llamativo que el Partido Popular ponga en duda la autonomía municipal, la honorabilidad y la honradez de los ediles, incluidos los del Partido Popular. No seré yo quien exija responsabilidades por lo manifestado. Esto, si lo consideran oportuno, lo harán los municipios en el ámbito de su competencia y autonomía.
Pero no puedo dejar de manifestar mi confianza en los ayuntamientos, en su buen hacer, en su honradez, en su autonomía, a la hora de tomar decisiones que consideren oportunas. En cuanto a la deducción que hace el Partido Popular con respecto a la futura firma de un concierto de plazas por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, resulta, como poco, sorprendente.
Quiero pensar una vez más que aquí impera el desconocimiento y no la mala fe. Los ayuntamientos de Almudévar y de Gurrea no han presentado solicitud de concierto de plazas, ni siquiera han presentado la solicitud. Usted supone que ya está el asunto resuelto. Permítame una broma: para deducir que Almudévar y Gurrea terminarán firmando un concierto de plazas no hace falta ser Rappel, no hace falta ser Rappel. Todas las residencias municipales, si lo solicitan, todas, terminan recibiendo ayuda económica por este concepto. Esto, tal como casi lo amenazan ustedes, en el papel, parece La amenaza fantasma, no parece otra cosa.
Pero insisto: los ayuntamientos que nos ocupan no han demandado ayuda. Esto no es cierto, faltan ustedes a la verdad. Nuevamente -no sé si por cuarta o por quinta vez se lo he dicho, con respecto a los cuatro o cinco asuntos vitales en la denuncia que ustedes hacen-: si lo solicitan, serán atendidos con los mismos criterios que son atendidas otras demandas, incluidas las de los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular.
Miren ustedes: anteayer, al Consejo de Gobierno llevé ayudas a residencias por valor de ciento cincuenta millones. El 47% de las ayudas, al Partido Popular; el 33%, al Partido Socialista; el 15%, al PAR, y el 3%, a Izquierda Unida. Éste es el sectarismo que ustedes me echan encima. A lo mejor se enfadan mis compañeros de partido y me dicen: pero ¿cómo le das tanto dinero al Partido Popular? Pues porque son las residencias que están abiertas y es lo que necesitan, y ése es el criterio que sigue el departamento, exclusivamente.
Por favor le pido, por favor le pido que no siga por el camino de sembrar la duda, que aquí nadie es juez y parte, ni pretende defender intereses de partido; lo niego de forma tajante, y si el Partido Popular tiene alguna prueba para sustentar las afirmaciones que hace, muéstrela y, si no, cállese, por favor.
Aclarados los dos puntos anteriores, quiero referirme a la pertenencia de un asesor de mi gabinete, Luis Felipe Serrate, como patrono de la Fundación 2000 y la hija del gerente, Mari Paz Álvarez, en la fundación Medina Albaida. Quiero dejar claro para todas sus señorías que, si es que no comprenden, porque no tienen por qué (y a todos los que están aquí escuchando), lo que es una fundación, ser miembro de una fundación privada, en este caso, no es sinónimo de ánimo de lucro (que ustedes lo confunden), no es el ejercicio de una actividad; ustedes se confunden porque no están acostumbrados a estar en entidades sin ánimo de lucro -ya lo entiendo, ya lo entiendo-. No es el ejercicio de una actividad, sino la expresión del ejercicio del derecho reconocido en los artículos 23.1 y 34 de la Constitución. Vuelvo a repetir: ser miembro de una fundación, una fundación (las fundaciones no son públicas ni privadas: son fundaciones: a ver si se leen ustedes las normas que rigen estas instituciones, se las van aprendiendo, les cogen cariño y entran ustedes en ellas) no es el ejercicio de una actividad. Es la expresión del ejercicio del derecho reconocido en los artículos 23.1 y 34 de la Constitución. Así que yo podría estar en treinta y ocho mil fundaciones incluido, y no tendría ninguna incompatibilidad con mi cargo de consejero de Sanidad. Eso tiene que quedar absolutamente claro, y, si les parece que no es así, háganme un informe jurídico y preséntenmelo, que me voy a divertir.
Aquí quiero incidir en varias cuestiones que el Partido Popular parece no tener claras, y que oculta de manera deliberada. Todas las fundaciones, todas, son sin ánimo de lucro; las fundaciones no son un negocio para ganar dinero: eso son las empresas. Ser patrono de una fundación no permite percibir cantidad económica alguna, no permite percibir cantidad económica alguna. Ser patrono de una fundación no presenta los mismos supuestos de compatibilidad que el desarrollar actividades privadas de carácter mercantil: a ver si lo aprenden. En las fundaciones no se pueden confundir los órganos de gestión con los órganos de representación, con los patronos. Yo no confundo a la esposa del presidente, que está como presidenta honoraria, con los órganos de gestión de la fundación en la que está, no lo confundo (confundo su influencia, eso sí).
Yo no confundo a Luis Felipe Serrate, que está en un órgano de representación, con los órganos de gestión. Yo no confundo este asunto que ha surgido aquí, con las fundaciones, con un escándalo de fundaciones que surgió el año pasado, o hace año y medio, y que implicó a alguna persona de algún partido, porque él no estaba en los órganos de representación; él estaba en los órganos de gestión cobrando dinero. No confundan ustedes unas cosas con otras.
Ustedes han hecho una tortilla con tal cantidad de ingredientes, que no hay quien la pueda digerir. Lo han hecho bien: no les digo que no, pero para sus fines; no para que el público, la gente, los zaragozanos, los aragoneses, incluso los políticos, que tienen sus dudas, entiendan lo que aquí está ocurriendo.
Dicho esto, quiero aclararle al Partido Popular que la figura de asesor de consejero no tiene ninguna atribución ejecutiva; es decir: no participa en procesos de adjudicación, no tiene firma en el departamento, no negocia convenios, ni siquiera nadie depende jerárquicamente de él. Y ¡le aplican ustedes la ley de incompatibilidades de los altos cargos! Pero ¿a quién quiere usted confundir? He apuntado aquí, textualmente, lo que ha dicho. ¿A quién quiere usted confundir? Esto no puede ser, y tenemos que ser un poco más honestos en las cosas que decimos.
Respecto a la incompatibilidad, basta ir a la Ley 53/84, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Como ya le he expresado, la condición de miembro de una fundación no es el ejercicio de una actividad, sino la expresión de un derecho. ¡Ojalá estuvieran ustedes en veinticinco fundaciones cada uno! Luego les diré que están en algunas; ya lo comentaré después en la discusión.
El caso que nos ocupa me ha obligado a documentarme y puedo informarle de que, como patrono de la Fundación 2000, mi asesor no tiene firma, ni siquiera está en la UTE creada para la gestión de las residencias de Almudévar y Gurrea, ni siquiera pertenece a esa UTE, y además está en un órgano de representación y no tiene ninguna firma. No tiene ningún contacto con ningún tipo de documento, ni firma. ¡Pobre Luis Felipe, que no tiene firma ni en el departamento ni en ningún sitio de los que está! ¡Ya lo siento! Porque es uno de los mayores expertos en bienestar social de toda la comunidad autónoma. Tendré que ascenderte, Luis.
Aclarada la legalidad, quiero defender el derecho de mi asesor a ser patrono de la Fundación 2000, y a continuar siéndolo todo el tiempo que él lo desee, todo el tiempo que él lo desee. A la legalidad de su pertenencia al patronato y al derecho constitucional de estar en él, hay que añadir que su participación en la fundación responde a su trayectoria de compromiso social reconocido (incluso por compañeros suyos del Partido Popular; hasta compañeros suyos del Partido Popular reconocen su trayectoria social), actividades siempre exentas de lucro, siempre. Yo no sólo respaldo esta actitud, sino que lo animo a mantener el compromiso social que tiene. Lo animo absolutamente.
También me ha obligado a documentarme sobre la hija del gerente del IASS, María Paz Álvarez, y quiero reconocerle que esto me ha permitido apreciar más el compromiso de determinadas personas por los más desfavorecidos. Mari Paz trabaja en la fundación Benito Ardid, cuya actividad fundacional tiene por objeto la asistencia a enfermos mentales. Algunos patronos de esta fundación, y algunos de sus trabajadores, deciden ampliar la iniciativa social de sus actividades, y para ello crean la fundación Medina Albaida, en la que Mari Paz Álvarez es patrona; sobra decir que esta dedicación es totalmente filantrópica y habla a favor de su compromiso personal.
Órganos de representación y órganos de gestión. No quiero incidir en argumentos ya expresados cuando me refería a mi asesor, como el derecho constitucional, el compromiso social, la trayectoria personal, etcétera. Creo que es innecesario, pero resulta curioso que en lo tocante a ambos nunca haya actividades mercantiles por medio.
Yo comprendo que a determinadas personas les cueste entender esto, como a lo mejor les cuesta entender lo que me pasa a mí. Toda mi vida, desde que terminé la carrera (que, por cierto, la hice con una beca y con mi propio trabajo), nunca jamás he tenido más dinero que el de mi sueldo público, jamás he tenido ningún negocio, yo jamás he trabajado en nada que no sea lo público. Entonces, no es de extrañar que todas las personas que trabajan conmigo -es una característica que la podría usted ver, si conociera los currículum de todos los cargos públicos que trabajan conmigo-, en toda su vida, sólo han trabajado en lo público, y no han tenido nada más que su sueldo público. Todos los que trabajan conmigo. Nunca me lo ha preguntado nadie; pero así es, en ese perfil: lo público, lo público y lo social.
Como comprenderá usted, si yo les digo a todos los cargos que hay en el departamento que tienen que irse de todas las instituciones sin ánimo de lucro a las que pertenecen, probablemente, las entidades sin ánimo de lucro lo notarán, en volumen, porque con trayectorias de veinticinco años casi todos en lo social y en lo sanitario, estamos metidos en todos los ajos que no tengan que ver con ganar dinero. En todos los ajos en donde haya que poner dinero y trabajo, en todos, en todos. No solamente en el departamento. Si quieren ustedes, en la discusión, entraremos en algunas otras participaciones de personas de todo tipo y de todos los partidos en fundaciones o en entidades sin ánimo de lucro.
Yo les tengo que preguntar si consideran irregular el ejercicio del derecho constitucional de pertenecer a entidades sin ánimo de lucro, por parte de mi asesor y de Mari Paz Álvarez. Si les parece que no tienen derecho constitucional, pues estableceremos alguna otra norma y les haremos dimitir.
No quisiera terminar esta comparecencia, no quiero alargarme más, sin hacer una mención al tercer sector.
Tras un análisis profundo de la realidad de los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma, cualquier responsable político podría llegar a tres conclusiones. En Aragón existe un tercer sector en expansión -ya hablaremos más adelante, si ustedes lo quieren-, muy atomizado, muy atomizado. El campo de los servicios sociales debe incorporar, y así lo están haciendo, criterios de gestión. Muchas veces me dicen los propios responsables de estas instituciones que les empujo mucho con la gestión, que soy muy insistente. Lo van entendiendo, se dan cuenta de que es indispensable que la gestión entre en los mecanismos, en toda el área de asuntos sociales, y lo discutiremos.
Los recursos gestionados por entidades de iniciativa privada empresarial tienden, en el medio plazo, a tener unos costes superiores a los gestionados por entes públicos o sin ánimo de lucro. Nos está ocurriendo con las residencias. ¿Qué ocurre con las residencias para mayores? Si alguien tiene que comprar un terreno en Zaragoza, construir una residencia y gestionarla con ánimo de lucro, pues tiene que repercutir (en una residencia normal, de cien plazas) en diez años no menos de mil millones de pesetas. En diez años, como mínimo, tiene que repercutir en los costes, y, si además gana un diez o un quince por ciento, tiene que repercutirlo también en los costes. Entonces no es de extrañar que haya residencias en las que haya que pagar doscientas sesenta mil pesetas al mes. ¿Cuántos aragoneses pueden acceder a esas residencias? ¿No les parece normal que busquemos otros métodos, otras áreas, otros sistemas para poder ofertar plazas a ciento diez mil pesetas, que sean asequibles? Yo creo que eso no tiene ningún problema.
Desde luego, en zonas con baja cuota de mercado, en zonas envejecidas y con altos grados de dependencia, la iniciativa empresarial no muestra ningún interés.
Esta fundación ha cogido Asín, que ha quedado desierta: nadie ha querido ir a gestionarla; Medina Albaida ha cogido Orés, que nadie ha querido ir a gestionarla; Alfambra, porque nadie ha querido ir a gestionarla. Y han tenido suerte y han podido acceder a ese concurso impecable -yo tengo la copia aquí del concurso-, impecable, y han asumido, entre las dos, esas otras dos residencias, que, junto con las que no hay manera de gestionar, por ser tan pequeñas, espero que las puedan sostener.
Hecho este diagnóstico de lo social, la obligación de un político, desde luego, es marcar prioridades. Me lo han oído ya en mis comparecencias en estas Cortes: mi prioridad es el sector público y las iniciativas sociales que se engloban en el tercer sector, ésa es mi prioridad. Tal vez en un futuro o en otros escenarios financieros cambien mis prioridades y atienda a otros sectores, como el privado, pero siempre la actividad privada será complementaria de la pública y la social, igual que ocurre en la sanidad.
Para finalizar, señor presidente, señorías, como consejero del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de Aragón, tengo la obligación de asegurar a estas Cortes que se ha cumplido escrupulosamente la ley, que no existe una relación de las actividades descritas con ningún tipo de interés ilícito, ilegítimo o irregular -no admito los calificativos que ha dado usted a esa gestión, y espero que los retire-, y que simplemente existe la participación de personas honorables en actividades solidarias, sin ningún afán lucrativo.
Sólo espero que el Partido Popular rectifique, ya que ha puesto en entredicho la honradez de demasiadas personas.
Nada más.
Gracias, señor presidente.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor consejero.
Para la réplica, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Plantagenet.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Pues, señor consejero, no deja de ser lamentable que una de sus argumentaciones principales tenga que bajar al terreno personal y a la descalificación. Pero no es más que echar tierra a sus propios errores.
El Partido Popular en ningún momento va a rectificar porque, si algo hemos hecho, con el sentido de responsabilidad y de ética que nos caracteriza, es estudiar debidamente y asesorarnos debidamente en todo lo que hemos manifestado.
No solamente tenemos que convencer con las palabras (como usted ha hecho aquí muy bien: nos ha montado una especie de espectáculo), no solamente hay que convencer con las palabras, sino que hay que convencer con los documentos, y nosotros tuvimos la delicadeza de pasar esos documentos a la prensa, y a todos los grupos parlamentarios, para que todos esos documentos, que realmente es lo que estamos valorando, tengan un texto al cual atenernos.
Usted no nos ha explicado para nada por qué usted, como consejero, siendo consejero, hace y forma parte de una fundación que participa de los mismos fines que su departamento, como patrono; cómo está su asesor... Además me hace mucha gracia: dice usted: no cobra. Evidentemente, hay algunos patronos que están en fundaciones que no cobran. Si usted se ha leído perfectamente los estatutos, verá que hay una diferencia significativa entre los estatutos de la fundación Medina Albaida y los estatutos de la Fundación 2000: en la Medina Albaida queda expresamente dicho que no habrá cobro por parte de los patronos, cosa que no aparece en la Fundación 2000, que no queda recogido.
De todas maneras, no voy a entrar en un tema económico, que no es el caso, sino en un tema estéticamente incorrecto. Señor consejero, le hemos dado todas las argumentaciones legales ya. Usted, como consejero, se tenía que haber abstenido en la firma del convenio, usted, como consejero, y su asesor, que estaba en la fundación.
Todos los cargos que aparecen en la fundación tienen vinculaciones políticas con el PSOE. Eso es una realidad, y entonces no hay más que ver uno a uno. A nosotros, aquí -y no quiera llevar el debate para nada...-, no hemos venido a hablar de debate de gestión. Si hubiera venido por otro tema y hubiéramos hecho un debate de otro tipo de comparecencia: a ver qué hacemos sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro... En fin, todo ese tipo de cosas: gestión mercantil, no gestión mercantil... No quiero entrar en el debate, porque no es esto, y usted quiere derivarlo, evidentemente. Usted está aquí porque hay unas irregularidades personales a la hora de conceder una serie de gestiones, y de conveniar una serie de cosas, con la salud mental de Huesca y con unas residencias de ancianos de la comunidad autónoma.
Para nada, para nada ponemos en duda la honorabilidad de los alcaldes y de los concejales de nuestros grupos parlamentarios, incluso del suyo, incluso de los otros grupos. Estas personas, como yo he dicho, evidentemente, tienen dirigidos los conciertos porque el propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales -y lo dicen de alguna manera- les suministra el pliego de condiciones. Y el pliego de condiciones está, evidentemente, dirigido a que las únicas personas que puedan tener esas fundaciones lo recojan, y además tienen la seguridad previa de que les van a concertar plazas.
Mire, señor consejero: la cláusula decimocuarta dice: «Habiendo solicitado el ayuntamiento la formalización de un concierto de reserva y ocupación de plazas»... Esto lo pone en la cláusula de condiciones del ayuntamiento de Almudévar: «habiendo solicitado»: ellos tienen la seguridad y por eso...
Usted está dirigiendo los conciertos. Es realmente sospechoso que en tan sólo cuatro meses cinco residencias de ancianos (Almudévar, Gurrea, Asín, Orés y Alfambra), cinco residencias, estén adjudicadas a dos UTE recién formadas, Fundación 2000, en la que usted ha sido patrono, en la que está su asesor como vicepresidente, altos cargos y cargos del Partido Socialista, y la UTE con Medina Albaida, otra fundación en la que está la hija de su director general. En diciembre, enero y febrero se han producido estas cosas.
No quiera confundir a la opinión pública sobre lo que nosotros hemos dicho de las fundaciones sin ánimo de lucro. De todas maneras, yo creo que usted se contradice habitualmente en todo lo que dice. Evidentemente, todas las fundaciones son sin ánimo de lucro, evidentemente. Pero ¡si es usted el que lo dice!: nosotros no hemos dicho nada. Hemos dicho que es una fundación privada, y en el ánimo o no ánimo de lucro no hemos entrado; si nos parece correcto que haya fundaciones sin ánimo de lucro: es más, le tenemos que decir que existen fundaciones públicas, aunque usted, en un texto que tiene, nos dice que no existen fundaciones públicas en los medios de comunicación.
Lo que nos parece terrible es que sea una declaración suya que dice: no forma parte de la Fundación 2000, tal y tal, firmando un convenio, ya que explicó que perteneció a ella, pero que se salió en diciembre, y se planteaba la posibilidad de acceder a fondos públicos. Señor consejero: eso ya se planteaba en los fines de la fundación. La fundación tiene unos fines que dicen que puede concertar servicios, o sea, que el fin de la fundación estaba previamente, y usted, cuando fundó esa fundación como patrono, conocía los fines de la misma.
Éste es el hecho que nosotros aquí estamos juzgando. No estamos juzgando las fórmulas de gestión, ni estamos juzgando la honorabilidad de los ayuntamientos ni de los concejales ni de nadie. Estamos hablando de irregularidades personales suyas, y de su departamento, a la hora de arbitrar una serie de convenios, porque, evidentemente, nosotros vemos una serie de irregularidades que hemos manifestado por todo el cúmulo de leyes que -esto es un tema jurídico- lo recogen, y está recogido; le hemos dicho que tiene obligación de abstención por el artículo 40.
Me parece totalmente pueril e ingenuo hacer toda esta especie de montaje, que incluso yo no sé cómo se viene usted con tanta gente para venir a debatir con nosotros, si puede usted sólo venir a explicarnos, evidentemente, y se trae una corte celestial para que le apoye.
Evidentemente, en las fundaciones sin ánimo de lucro se puede estar de tres maneras, señor consejero: se puede estar como presidente honorífico, como está el alcalde de Zaragoza; se puede estar con un cargo de responsabilidad o de representación, para darle cierto impulso, como está Ana Botella o como está la señora de Bono también en Castilla-La Mancha en los Mensajeros de la Paz, o se puede estar de integrante en la fundación; evidentemente, un integrante en la fundación sin ánimo de lucro, como es su caso, está participando y está en la toma de decisiones, y, como tal fundación, tiene unos fines, y es conseguir gestión; además, usted está ahí, está su asesor y coinciden, evidentemente, los fines con los propios que tendría que desarrollar usted como consejero en su departamento. O sea, que la irregularidad está ahí, y no nos desvíen o nos vaya con otro tipo de gestión. Yo no he venido aquí a hablar de fórmulas de gestión (mercantil...): todas me parecen correctas, todas son abiertas en esta sociedad del siglo XXI, y nosotros no nos manifestamos ni por la bondad de una o de otra: estamos hablando de usted como consejero, y como tal no hemos venido a hablar de estética política.
En usted, como consejero, recae la responsabilidad de planificar y dirigir las líneas maestras de la política que lleva la consejería, no en venir aquí a hablarnos de las fundaciones en las que usted participa, y espero que no participe en ninguna más, de ahora en adelante. Y, además, bajo la impronta del gobierno que ostenta la representación ejecutiva del parlamento autonómico.
Yo creo que el consejero actúa en representación y, por lo tanto, obligando al gobierno del que es miembro, y no se puede sustraer a una responsabilidad con independencia de los órganos de control que deba utilizar. Debe conocer en todo momento qué documentos, con quién firma, quién está detrás de la firma; porque usted está en ese acto representando al gobierno. Tiene una enorme responsabilidad, de la cual usted se quiere sustraer, de representar en el área que usted está acometiendo al Gobierno de Aragón. No vale con una excusa pueril: yo ya no estaba, yo ya me había ido, mi consejero estaba allí. ¿No le es exigible a un alto cargo representante del gobierno la responsabilidad adecuada al nivel de la tarea que libremente asume? ¿No le facilita su propio gobierno los medios necesarios para que actúe en el ejercicio de sus funciones, y especialmente a su consejería, que tiene a su cargo las personas más vulnerables de la comunidad autónoma, como son los mayores, los enfermos mentales, los menores...? Usted, con ese tipo de población, a la cual tendría que estar aplicando todo tipo de iniciativas, se dedica a conveniar con una fundación en la cual usted, su consejero, están ahí, y todos los cargos del PSOE; pero usted ¿qué está formando?: ¿un monopolio?
Desde luego, no ha tenido suficiente, además, con toda la renovación del personal eventual o de libre designación que ha hecho, pasando por alto que ha creado organizaciones paralelas sin ningún tipo de control en la contratación, financiadas con dinero público.
Señor consejero, mire, para nosotros, para el Partido Popular, está meridianamente claro que debe asumir…
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Perdone un momento, señora portavoz, que soy yo, el presidente, el que tiene que decir a los señores diputados que se callen, pero no usted, y en ese caso en concreto le digo a todos los diputados que guarden silencio, pero soy yo el que lo tengo que decir.
Gracias.
Puede continuar.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Nosotros, el Partido Popular, evidentemente, cada vez estamos teniendo más meridianamente claro que usted no es la persona idónea para asumir la responsabilidad de la consejería; que ni muchísimo menos es competente ni idóneo para llevar adelante el complejo de la negociación de las transferencias sanitarias de la comunidad autónoma, y mucho menos para gestionar los recursos del Gobierno de Aragón, como en este caso son los ciento sesenta mil millones de pesetas.
Vamos a escuchar, evidentemente, a los otros grupos a ver qué es lo que manifiestan y, ahora bien, mi grupo está firmemente convencido de su responsabilidad directa como consejero de Sanidad, y, como creemos que existen irregularidades en la administración de convenios en materia de salud mental, en la adjudicación de residencias de la comunidad autónoma, por ello, nuestro Grupo Parlamentario Popular solicita su inmediata dimisión como consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y, es más, señor consejero, si esta dimisión no se produjera inmediatamente, pedimos al presidente, don Marcelino Iglesias, presidente de la comunidad autónoma, que proceda a su cese de una manera inmediata.
Gracias, señor presidente.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Plantagenet.
Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.
El señor consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (LARRAZ VILETA): Mire usted, yo de verdad que no sé por dónde empezar, porque en esta segunda intervención que ha tenido usted vuelve otra vez a mezclar las churras con las merinas, yo creo que de mala fe.
Fíjese: dice usted: ¡la cantidad de cosas que dice!... Yo creo que no se las ha leído, no se las ha mirado bien. Dice usted que en las dos fundaciones en una pone que no hay cobros y en otra sí: pero, ¡oiga!, ¿se ha leído usted la Ley de Fundaciones? Pero ¡si eso está en la Ley de Fundaciones!, ¡si ninguna fundación tiene que poner en sus artículos que no cobrarán los cargos honoríficos! Pero, si está en la Ley de Fundaciones, ¿por qué quiere usted confundir a la cámara? Yo no lo entiendo. ¿Cómo dice usted, que lo ha repetido dos veces, que la mayor parte de los miembros de la Fundación 2000 son del PSOE? Fíjese: se equivoca hasta en el presidente, hasta en el presidente de la Fundación 2000; se equivoca. Dice usted que está en el PSOE: se equivoca. Yo creo que cuando se dicen las cosas hay que tratar de saber un poco por dónde van los tiros.
Mire: ustedes han escrito, sobre la concesión de las residencias por parte de los alcaldes, que se han valorado por encima de no sé qué, que si…
Mire: nosotros no damos los pliegos, por supuesto: ni al Ayuntamiento de Almudévar -supongo que se lo puede confirmar el alcalde que hay- ni al Ayuntamiento de Gurrea nosotros les hemos enviado los pliegos. Exclusivamente, el Ayuntamiento de Gurrea nos avisó de que querían incluir un texto en el que se valora muchísimo más a las fundaciones que a las entidades con ánimo de lucro para dar las concesiones, y, miren ustedes, es un texto que se incluye en esos contratos, y siempre tienen más ventajas las fundaciones para la gestión, aunque haya algunos ayuntamientos que no las tengan en cuenta -no quiero decir de qué partido: supongo que lo sabrán ustedes-; pero es que resulta que este texto que se incluye es de la Ley de contratos de las administraciones públicas, y la Ley de contratos de las administraciones públicas es un texto refundido de un real decreto del dos del 2000 hecho por el Partido Popular. Ustedes han hecho este texto refundido, y se incluye en los textos de los pliegos de los ayuntamientos.
Entonces, lo que no entiendo es cómo les sabe a ustedes tan malo que haya una disposición adicional para la contratación con empresas que tengan en su plantilla minusválidos y con entidades sin ánimo de lucro. Yo no entiendo por qué les sabe a ustedes tan mal que los ayuntamientos den la gestión de sus residencias a entidades sin ánimo de lucro.
Mire: tenemos un desacuerdo absoluto en el modelo de gestión; pero les voy a hablar sobre un texto que me han enviado, que ayer hizo el Ayuntamiento de Almudévar, un texto del Partido Popular, de sus concejales. Dice: «Nuestro representante en la comisión -yo creo que se han sentido molestos- de asuntos sociales ha actuado siempre con imparcialidad a la hora de puntuar a la empresa responsable de la gestión de la residencia, ya que en ningún momento», no sé qué… «Recalcamos que hoy haríamos exactamente lo mismo en las mismas circunstancias. Rogamos que así conste y que así se transcriba como declaración de nuestro grupo en este pleno. Por otra parte, leídas las declaraciones del señor Gustavo Alcalde, deducimos que lo más normal es que la máxima puntuación la obtenga este tipo de fundaciones, ya que las bases», no sé qué… O sea, es que, ¡vamos!, a mí me parece… «Resumiendo -su concejal del Partido Popular- los temas tratados, acordamos no aprobar el envío de los documentos propuestos». O sea, propone el ayuntamiento enviar los documentos a todos los grupos de cómo se han hecho las adjudicaciones, y tal, porque los alcaldes, lógicamente, están deseando que su nombre y el de toda la corporación quede limpio, y el Partido Popular se opone, o sea, no aprueba el envío de documentos propuestos, y le continúo leyendo: «entendiendo que la actuación del ayuntamiento no queda en entredicho; es más, un control del Partido Popular, que en estos momentos, está en la oposición de la DGA»...
Yo no sé cómo ponen ustedes de manifiesto estas cuestiones, porque me parece verdaderamente terrible, terrible cómo mezclan ustedes las cosas, y es que confunden unas cosas con otras.
Miren, desde luego que estamos en un proceso de globalización, pero no somos todos iguales. Yo no tengo la misma idea que tiene usted de los modelos de gestión, ni de la estética, ni del mercado. Ustedes están proponiendo meter en este modelo social una cantidad de dinero terrible, a través de -que a mí me parece muy bien- un seguro de dependencia. Ustedes han propuesto, el Partido Popular ha propuesto, ya hay documentos que yo tengo -si no los tiene usted, yo se los proporcionaré-, asuntos sobre el asunto de la dependencia. Entonces, en la dependencia, lo que proponen es que, igual que tenemos un seguro sanitario, haya un seguro de dependencia. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que, si esto se acepta o se pacta, no como dicen ustedes, sino con el cheque, para luego gastárselo en lo que crean conveniente los dependientes, si esto ocurre así, va a entrar en el mercado social de medio billón a un billón -con be- de pesetas.
Yo, como no veo que hayamos incumplido ninguna ley -y, si ustedes creen que he incumplido alguna ley, llévenme a los tribunales, estaría encantado; si no, probablemente, los tendré que llevar yo-, como no he incumplido ninguna ley, como no he incumplido ninguna norma, como estoy completamente limpio, como en mi vida no me he dedicado a otra cosa que a lo que me estoy dedicando, pues, lógicamente, tengo la obligación, como consejero de Sanidad y Bienestar Social, de tomar posiciones para el futuro, y yo estoy tomando posiciones de cara al futuro. Y eso a ustedes no les parece bien, que yo tome posiciones para el futuro, porque ¿qué ocurre?: que me estoy apoyando en lo público y en lo social.
¿Y por qué me apoyo en lo social? Pues me apoyo en lo social, en este caso concreto, porque, si no tengo nadie que me gestione Asín, Orés, Alfambra o los servicios transferidos de la Diputación de Huesca, tengo que buscar alguien que me lo haga, y no me lo hacen las entidades privadas. ¿Por qué? Porque a las entidades privadas lo único que les interesa, porque vienen todos los días a hablar conmigo, es que les proporcione un suelo o un espacio o una librería, con un convenio de plazas, y nunca, nunca, bajan del cuarenta por ciento las peticiones, cuando nosotros no conveniamos con nadie más del veinte por ciento.
Entonces, como no le veo sentido a esto que están ustedes haciendo, no le veo sentido, pues me retranqueo hacia lo político, y quiero decir: ¿estarán tomando posición?, ¿tendremos otra forma de ver las cosas? Yo creo que lo social debe ser un mercado regulado, y, para eso, tiene que intervenir el Estado; naturalmente. ¿Creen ustedes que yo no voy a intervenir en el mercado de lo social? Yo soy político, y pertenezco al Partido Socialista, y estoy muy separado de sus ideas acerca de lo social; sobre todo, de usted, que ha tomado la voz en este caso del Partido Popular. Yo conozco su trayectoria y sé dónde trabaja y de dónde viene; naturalmente que no estoy de acuerdo.
Yo no quiero un mercado persa, yo quiero un mercado regulado. Y voy a intervenir y voy a apoyar a las entidades sin ánimo de lucro, naturalmente que sí, y, si más adelante cambia el panorama económico o el producto interior bruto de la comunidad, ya tendremos tiempo de que complemente la privada, ya tendremos tiempo. Me da la impresión de que esto es una posición que están ustedes tomando más bien porque ven lo que viene: el dinero, al mercado de lo social.
En segundo lugar, lo que me gustaría dejar claro es... El otro día leí un artículo en el que hablaban... -era en El País: es totalmente sectario: ya lo entiendo; pero, claro, yo leo ese periódico-. Decía que el trabajo de los ministros de este gobierno era un poco complicado porque no tenían tiempo, porque, como se tienen que dedicar a sus empresas, pues entonces casi no tienen tiempo de gobernar, y ustedes nos confunden a nosotros con eso. En mi departamento somos todo lo contrario, porque, claro, que yo vaya a una reunión a Madrid, en la que estamos todos los consejeros de Sanidad y todos los consejeros de Agricultura, que la presidan la ministra de Sanidad y el ministro de Agricultura, y que empecemos a tratar un punto del orden del día sobre a ver qué dinero les vamos a dar a las ganaderías bravas, y que se levante el ministro Cañete, y diga: «con permiso, tengo que retirarme de esto», y se tenga que salir durante una hora, hasta que nosotros decidimos cuánto dinero le damos a las ganaderías bravas, ¿verdad? Porque no sé si saben ustedes que tiene ganaderías bravas este señor, o su mujer, tal vez. Entonces ¿qué ocurre? Claro, se quedan dentro todos, todos: el subsecretario, el director de Ganadería...; pero él, muy dignamente, se sale. Eso no ocurre en este departamento, es que a nosotros no nos cabe en la cabeza, ¿entienden? Pero, claro, ustedes, como esto es lo habitual -se cree el fraile que todos son de su aire-, esto les parece habitual. Eso es lo que pasa con Cañete.
O con Matas. Bueno, ahora he leído que Matas tenía no sé qué negocios de sanidad exterior. Voy a revisar a ver si tengo algún convenio, no sea que le esté financiando la búsqueda de votos por América Latina. De verdad: es que es una cosa terrible, terrible.
Yo, respecto al sectarismo y el monopolio (hablan ustedes de sectarismo, de monopolio, que vamos a coger el monopolio de no sé qué)... ¿El monopolio?, ¿el monopolio de lo que no quiere nadie?: ¿ése es el monopolio?: ¿el monopolio de lo que no quiere nadie?
Oiga: si quieren ustedes ejemplos estéticos, que estaba hablando usted de estética, se ha financiado desde el gobierno, en la legislatura anterior, a la fundación Cánovas del Castillo. Si quiere que le diga quién está, a título personal, en la fundación Cánovas del Castillo: don Manuel Fraga Iribarne, don Carlos Robres Piquer... En fin: todos son conocidos; si quieren se los listo todos, ¿eh? A mí me parece bien... Bueno: no me parece tan bien porque está Fraga Iribarne, que me recuerda tiempos antiguos: «la calle es mía» y todo eso. Bueno, ahora la de Euskadi quiere, creo que ahora la de Euskadi.
Naturalmente, a mí me parece bien y positivo. Esto me parece bien y positivo, de la misma manera que me parece bien y positivo el que yo tenga un convenio con los colegios de médicos para que se reciclen los médicos. Yo pertenezco también al Colegio de Médicos, incluso he sido dirigente, y me parece bien, lo mismo que me parece bien esto. Me parece bien que se financie con casi sesenta millones a la fundación Humanismo y Democracia. ¿Quiere que le lea quiénes están en la fundación a título personal?: don Javier Arenas, que es secretario general del Partido Popular; don Javier Rupérez; don José Luis Álvarez; don Luis de Grandes, el portavoz; don Marcelino Oreja; don Eugenio Nasarre; don José Manuel Otero: todo el listado, aquí lo tienen, todo el listado del Partido Popular. Están todos: presidentes, vicepresidentes, secretarios, vocales, etcétera.
Me parece muy bien: es que no le pongo ni la pega que le ponía a la de don Manuel Fraga. Porque fíjese usted: se introducen en lo que es cooperación al desarrollo y a ustedes les hace mejores, mucho mejores: más centristas: se acercan más a lo que nosotros proponemos, y a mí me parece excelente. Fíjense si me parece excelente, que yo, este año 2000, he vuelto a financiarlo, porque me parece que están haciendo una labor y un programa en Honduras y en la República Dominicana excelente. Enhorabuena; enhorabuena a ustedes.
De la misma manera que me parece excelente que estemos financiando a entidades sin ánimo de lucro a las que pertenecen directores generales o gerentes, o cualquier tipo de personas de mi departamento y de otros departamentos, y que estemos financiando otras situaciones en las que hay miembros del parlamento, del parlamento.
Yo ya entiendo que esto es complicado. Mire: son cinco mil millones de presupuesto los que maneja el departamento para todas estas cosas, y, a veces, surgen situaciones que pueden ser estéticamente complicadas. Pero yo le aseguro que se hacen las cosas bien, y que esas situaciones que a unos les pueden parecer estéticas a otros no; porque surgen siempre en todas las cosas, en todos los partidos y en todos los sitios. Porque, lógicamente, yo trabajo y trato también con alcaldes que son diputados, y que vienen a firmar acuerdos conmigo. ¿Qué pasa?: ¿que es que los tengo yo cogidos del cuello, si es que firman acuerdos con el departamento, porque sean diputados del PP, del PSOE, del PAR o de cualquier partido? ¿O puedo yo establecer un convenio con una diputada o un diputado de un partido que dirige y maneja los fondos de una entidad sin ánimo de lucro? ¿Puedo hacerlo, o no puedo hacerlo? Pues yo les digo que lo hago: si ustedes quieren que nos vayamos a los tribunales, pues nos iremos.
O sea: llega un momento en que las cosas resultan complicadas, y lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, naturalmente.
No digan ustedes más barbaridades, por favor. Yo les pido que tengan un poco de sentido común, que tengan un poco de… Y, si quieren hablar de estética, pues miren ustedes: la estética es un poco discutible: a mí me puede parecer un coche muy bonito y a usted le puede parecer horrible. Ahora, yo aseguro aquí -y vuelvo a repetir, y se lo digo a usted- que este departamento y este consejero no ha incumplido ninguna ley ni ninguna norma, ni nada parecido, y que, por supuesto, no hay ningún problema en ningún aspecto económico: eso ya lo da usted por sentado, pero, en fin, lo quiero añadir, por si acaso, porque, a raíz de estas confusiones que luego se transmiten, la gente siempre opina que algo habrá o alguna cosa habrá.
Ustedes me han hecho un daño tremendo, me han hecho un daño tremendo, por lo menos a mí, personalmente, y lo único que me queda es mi ética, que me permite desde luego estar tranquilo y dormir todas las noches excelentemente.
Y pongo en una balanza su botín (que han conseguido un botín político, salga como salga esta comparecencia), su botín, que ha sido el desgastarme un poquito, y pongo en la otra balanza el que hemos conseguido que alguien atienda a los dispositivos mentales de Huesca, que alguien atienda a Asín, que alguien atienda a Orés, que alguien atienda a Alfambra, y que se estructure el territorio, y además pongo en la otra balanza mi apuesta decidida -ahora sí que en la práctica- por las entidades sin ánimo de lucro, pongo en la otra balanza eso, y no me importa: me se seguiré desgastando hasta que termine la legislatura, sin ningún inconveniente ni problema.
Muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor consejero.
A continuación tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Lacasa.
El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Créanme que para mí no es ningún placer esta comparecencia y la intervención que voy a realizar. Desde luego, para mí es desagradable. Yo esperaba que en esta legislatura no tendríamos que ver este tipo de situaciones, pero las tenemos que contemplar, y con responsabilidad.
En primer lugar, desde luego, yo no voy a hacer ningún tipo de debate jurídico. Éste no es un tribunal de justicia, ni aquí nos sentamos como juristas; ni usted como consejero ni la diputada que le ha interpelado son juristas; aunque yo sí he estudiado en la Facultad de Derecho, no utilizaré, desde luego, esos argumentos, porque creo que deben permanecer aparte de este debate.
Éste es un debate político, entre responsables y representantes políticos del gobierno y de los partidos políticos. Y, en ese debate político, sí cabe hablar de gestión, sí cabe hablar de modelos de gestión, aunque no sólo en el tema fundamental que nos trae aquí, no sólo es hablar de qué modelo de gestión nos parece más adecuado; pero sí diré algunas cosas en relación con los modelos de gestión, cosas que se pueden imaginar y suponer, proviniendo de Izquierda Unida.
Cuando se habla de que lo público no gestiona directamente los servicios sociales, pueden entender que en Izquierda Unida no hay un especial interés o un especial entusiasmo con esa condición. Pondré algún ejemplo.
Nosotros nos hemos resistido, con uñas y dientes, y en ese terreno también el Partido Socialista, a las pretensiones que el Partido Popular tenía de cambiar el modelo de gestión en lo sanitario (es verdad que es distinto de lo sanitario), y hemos puesto el grito en el cielo y hemos paralizado un proceso de puesta en marcha de fundaciones públicas sanitarias -quiero recalcar lo de «fundaciones públicas sanitarias»-; afortunadamente, ese camino no se va a recorrer. Sin embargo, detectamos que aquí -y usted, como consejero, lo ha explicado con toda claridad- hay una intención política de poner en marcha un tercer sector, por lo tanto, un sector social, para gestionar los recursos públicos. Pero la actuación más importante o más contundente que vemos hoy encima de la mesa es un convenio, sobre el cual me voy a detener más, de colaboración entre su gobierno y la Fundación 2000 a través de una fundación privada. Ni siquiera estamos hablando de una fundación pública, en este caso social, sino que estamos hablando de una fundación privada social. Y, por lo tanto, a nosotros ese matiz sí que nos parece importante.
Porque yo también voy a entrar a desmitificar un poco lo de las fundaciones y las ONG. Hombre: ¡claro que no son empresas privadas!, que el sector social no es igual al sector privado exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia, señor consejero, y señorías que me escuchan? La diferencia es que las fundaciones no reparten dividendos. No reparten los beneficios que se generan; es decir, eso se reinvierte: de acuerdo.
¿Pero qué hacen, sí, las fundaciones? Las fundaciones tienen, sobre todo, una enorme importancia, una enorme capacidad de influencia y de generar, a través de esa influencia, todo tipo de complicidades, por decirlo de alguna manera. Porque las fundaciones sí que hacen una cosa importante, que es contratar personal, y tienen la capacidad de decidir a qué personal contratan y a qué personal dejan de contratar, y eso es algo muy importante, e, incluso, cuáles son los salarios de las personas a las que contratan.
Cojamos el elemento más importante, porque es el decisivo, el que hoy podemos resolver en esta cámara, porque los convenios con los ayuntamientos, las adjudicaciones de los ayuntamientos tienen otras circunstancias que no podemos examinar desde la cámara aragonesa; pero sí podemos coger el convenio de colaboración que yo antes expresaba entre su gobierno, siendo usted consejero y firmante, y la fundación de la cual usted era miembro, porque, efectivamente, hemos podido ver alguna copia de que usted ya no es miembro del patronato de esa fundación, pero sí lo era.
Lo primero que vemos es que esta fundación tiene importantes capacidades; por ejemplo, la contratación y el cese de empleados protegidos; tiene, por lo tanto, la capacidad de decidir a quién se contrata y a quién no se contrata en los aspectos de los talleres ocupacionales.
Pero, sobre todo, y lo más chocante (y, desde luego, lo que desde el punto de Izquierda Unida no entendemos) es que una fundación privada, sin ánimo de lucro, pero privada, gestione y absorba las plazas de la Diputación General de Aragón, del Servicio Aragonés de Salud, que son exactamente veintiséis plazas entre funcionarios y laborales. Las pone a disposición de esta fundación.
Pero es más: si estas plazas se amortizan, será la propia fundación la que contratará al nuevo personal. Y aquí está la clave, el meollo del asunto: sí que tienen las ONG un importante poder, ¡claro que lo tienen!: pueden decidir a quién contratan y a quién no contratan, y ése es un poder político importante, y ése es un poder que, utilizado de una determinada manera, redunda en clientelismo político.
Y eso es así, y hay que decirlo con esa claridad y con esa contundencia. Por lo tanto, sí hay una esfera de intervención muy importante que se está pudiendo realizar desde ese sector. Y no es equivalente para nosotros una fundación pública a una fundación privada, porque Alberto Larraz Vileta puede hacer dos cosas muy diferentes, y en una cosa yo estaría en contra por el fondo, pero podría aceptar la forma; pero ya no puedo aceptar la forma, y tampoco el fondo, de lo que ha hecho Alberto Larraz Vileta cuando constituye la Fundación 2000. Usted dice: «necesito un tercer sector que me gestione». Y yo puedo decirle: yo lo haría desde lo público; hay muchas fórmulas: hay institutos, hay organismos autónomos, hay empresas públicas... Pero vale: usted me puede decir: «no me vale ninguna de las fórmulas jurídicas: hay que ir al tercer sector, y no puedo conformarme con la gestión directa por parte de lo público», y yo no estaré de acuerdo. Pero le puedo decir: bien, de acuerdo, es una discrepancia política, pero podemos seguir trabajando, y, entonces, Alberto Larraz Vileta, como miembro del Gobierno de Aragón, con quien quiera: como gobierno, como departamento, constituye una fundación pública, una fundación pública, y usted dice: «con esa fundación pública, yo puedo cubrir las lagunas que me deja esto».
Pero no puede Alberto Larraz Vileta, ética ni estéticamente, no puede crear una fundación privada, aunque, luego, cuando vaya a adjudicarla directamente, pero unos días antes, se retire de la misma... Eso no se puede aceptar. Desde luego, no lo podemos aceptar. Entendemos que eso es no sé si una inconsciencia o una ingenuidad, pero todo eso también se paga en política. Eso es así. Las cosas en política las pagamos todos: también las cosas que hemos hecho con buena intención. Pero no podemos aceptar que se constituya una fundación privada. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Aragón tiene que ser absolutamente exquisito; cuando hablamos en este ámbito, en ámbitos privados, tengan o no tengan ánimo de lucro, tiene que ser exquisito en guardar un principio de neutralidad. Y ese principio de neutralidad podemos sospechar que se quiebra en la medida en que hay una relación, una relación de afectividad, que existe entre el consejero, la hay, entre ese consejero que forma parte de un consejo de gobierno y esa fundación, esa relación de afectividad existe, aunque usted se haya ido. Podría ser negativa; podría ser, incluso -fíjese usted-, que, al irse, se hubiera ido enfadado, y podría ser una relación de afectividad negativa; pero también afectaría, porque sería un prejuicio negativo. Pero como, probablemente, usted se ha ido por otras razones que he explicado aquí, para guardar las formas, etcétera, etcétera, es una relación de afectividad positiva.
Y, por lo tanto, cabe pensar en una información diferente y privilegiada para quienes están en esa fundación que para quienes no están en esa fundación. Y, si hablamos de ámbitos privados, que a mí no me gusta, en el ámbito de las ONG privadas tiene que haber un ámbito de concurrencia, un ámbito de transparencia y un ámbito de participación en condiciones equivalentes; lo cual se rompe en la medida en que usted está, como Alberto Larraz Vileta (fundación privada), y no está en una fundación pública, que podríamos entrar a considerar otras circunstancias.
Es por eso que nosotros entendemos que ha habido una actuación incorrecta, que nosotros hubiéramos deseado que no se hubiera producido. Y yo, hoy, incluso le he indicado cuáles hubieran sido las fórmulas que usted hubiera podido seguir, como miembro de un gobierno, para potenciar un sector que usted, estratégicamente, políticamente, ha decidido que quiere potenciar, y eso, bueno, es discutible, pero es aceptable.
Pero creo que se puede hacer de muchas maneras. Y, desde luego, la manera en que lo han hecho es una manera en la que ustedes han constituido... Porque usted, en esta comparecencia, no sólo ha hablado de la Fundación 2000; también ha hablado de la fundación Medina Albaida, aunque a usted no le toque nada, teóricamente, pero usted ha entrado a hablar de la fundación Medina Albaida; con lo cual, vemos que políticamente hay un ensamblaje, y, además, como van como UTE, evidentemente, hay una relación directa, y es cierto que son fundaciones constituidas en el ámbito de… Las personas que están ahí son de un ámbito político determinado; lo cual, si fueran estrictamente privadas, perfecto. Es decir, en una, evidentemente, está usted o está su asesor; en la otra está el antiguo alcalde de Cariñena del Partido Socialista. Es decir, gentes conocidas del ámbito de su esfera, de la esfera de influencia de -bueno, yo no diría del Partido Socialista, porque el Partido Socialista es muy grande- algún sector próximo al Partido Socialista, porque el Partido Socialista tiene muchas corrientes y familias, y, por lo tanto, seguramente, cercano a ese ámbito.
Y, si se quedara en eso, en que son personas privadas, particulares del Partido Socialista, me parecería magnífico, estupendo y superpositivo; pero, en la medida en que usted tutoriza, desde el principio, una fundación, y su asesor sigue tutorizándola, en esa medida, yo creo que eso rompe las reglas del juego y las reglas de la equivalencia, y, por lo tanto, entiendo que se produce una quiebra que debe, en este momento, resarcirse.
Yo creo que eso es así. Creo que el convenio que firman es un convenio muy importante, por la vía que abre esa manera de adscribir funcionarios a una fundación privada. Nosotros no estamos de acuerdo en esa adscripción para la gestión a través de esos funcionarios; sí, porque aquí lo dice con toda claridad, cuando habla de los funcionarios... Perdone usted: «La Diputación General de Aragón adscribe el personal funcionario laboral propio, que se relaciona en el anexo uno -y son veintiséis funcionarios y personal laboral-, a las funciones, servicios y prestaciones a desarrollar por la Fundación 2000», según las instrucciones que les encomiende, evidentemente; pero los adscribe al trabajo de la Fundación 2000. No pierden la condición de funcionarios, no la pueden perder (nadie puede perder la condición de funcionario, salvo que sea separado por algún tipo de sentencia); pero sí que luego sigue hablado de las vacantes que se van cubriendo: la Diputación General de Aragón podrá proceder a amortizarlas, y, entonces, sí será la fundación la que irá incorporando nuevo personal, y el nuevo personal lo va a decidir la fundación.
Y en esa fundación está el pecado y el vicio de origen: que usted estaba en esa fundación, y que usted y personas de su entorno están en esa gestación. Y usted no puede romper un principio ético, estético, de responsabilidad política, que es haber sido creador y luego haber sido quien concede a esa fundación unas importantes facultades de gestionar una parcela de poder y tener a disposición una serie de trabajadores, y todas esas referencias que yo he hecho, aquí, evidentemente. Eso es poder, eso es poder, y eso, al final, es influencia política.
En cuanto a los ayuntamientos no podemos entrar aquí, porque, evidentemente, corresponde explicase a las corporaciones locales, salvo que a este asunto se le diera más vueltas en la cámara y se abrieran vías de comparecencia de alcaldes, que yo no sé si se abrirán (ojalá no se tengan que abrir), y, entonces, escuchar más opiniones.
Nuestro grupo político no está representado en los ayuntamientos, no puedo pronunciarme al respecto, lógicamente, no puedo decir prácticamente nada en esa dirección. Pero sí tengo que concluir diciendo que nosotros consideramos que se ha traspasado la raya; es decir, hay una raya; en política, como todo en la vida, tiene que haber una raya: una raya que no presupone ilegalidad, porque -repito-, en esta cámara, no hablamos de legalidades o ilegalidades: hablamos de aspectos políticos. Y nosotros consideramos que ha sido un grave error por su parte, un grave error político, el mezclar el nombre de Alberto Larraz Vileta, que es indisociable de su cargo de consejero, porque es la misma persona física, haber creado una estructura jurídica, que es una fundación privada, y, acto seguido, prácticamente sin solución de continuidad (aunque, evidentemente, salvando con el acta notarial el lapso para la adjudicación), sea el Gobierno de Aragón el que lo adjudique a algo que ha sido puesto en marcha con su contribución y con su esfuerzo.
Yo supongo que es buena intención, pero esa ingenuidad política tiene, en estos momentos, que ser examinada por nuestra cámara, y tiene que ser examinada con una nota negativa, y yo creo que desde nuestro grupo político le tenemos que plantear que asuma una responsabilidad política. Yo se lo tengo que decir con sinceridad: me gustaría no tener que decírselo; pero creo que lo mejor que podría hacer es asumir esa responsabilidad política y cesar en estos momentos como consejero del Gobierno de Aragón; creo que sería lo correcto y lo que, de verdad, restituiría el equilibrio de las cosas, y separaría el ámbito de lo privado, en el cual usted ha participado hasta hace muy pocos días, del ámbito de lo público, que tiene que quedar siempre sin ninguna mancha y sin una sospecha de complicidad o de indicación.
Por lo tanto, ésa es la posición que hoy formulo, con ese pesar, en esta cámara.
Muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Lacasa.
Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, señora Echeverría.
La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias, señor presidente.
Primero, buenos días, consejero, y le agradecemos de verdad que haya comparecido tan rápidamente.
Decía Victoria Camps que había en política una serie de vicios y una serie de virtudes, y citaba como vicios dos principales: uno que era la paritocracia (o sea, lo que es el corporativismo político) y otro que era la falta de transparencia. Y también comentaba que ninguno de los dos ayudaban a la credibilidad ciudadana, sino todo lo contrario. Ya sabemos que la ciudadanía suele sospechar, habitualmente, que en política no se suele decir toda la verdad, y que las aclaraciones a posteriori nunca suelen ser suficientes. La verdad es que se piensa que el político pocas veces reconoce sus errores y que, en situaciones difíciles, raramente da la cara. Usted está en una situación difícil: ha dado la cara, porque en este momento está aquí, pero yo creo que no ha reconocido sus errores, y Chunta Aragonesista cree que sí que ha habido errores.
A mí, la verdad es que todo este asunto de las fundaciones, de la fundación Medina Albaida y de la Fundación 2000, sí que me suena un poco a corporativismo político, a falta de transparencia y también a cierta falta de ética.
Usted dice que abandona la Fundación 2000, que se constituye el 12 de julio, cuando ésta accede a fondos públicos. Usted no es un ingenuo y sabe que una fundación siempre va a intentar acceder a fondos públicos, y era consciente de ello cuando entró a formar parte de esa fundación, que era ya consejero también.
Dice que puede estar a título personal, puede estar como patrono; pero convendrá conmigo también en que no es normal que sea patrono de una fundación que persigue unos fines sociales y que es lo mismo: su departamento también persigue unos fines sociales; pero no se puede estar en misa y repicando al mismo tiempo.
Es miembro de esa fundación, después de ser consejero, y, por tanto, dispone de toda la información y sabe cómo está la situación, cómo están las necesidades sociales en Aragón. Una cosa es una fundación y otra cosa es crear una fundación para que a continuación se dé un servicio.
Deja la fundación -lo ha dicho y yo me lo creo-, pero permanece en ella su asesor, y con esta fundación a la que usted pertenece, y no con otra, firma un convenio de colaboración el pasado 2 de febrero, para que la fundación gestione esos centros del SAS, esos centros que habían pertenecido a la diputación provincial, y, para el ejercicio de esas funciones, se les dan esos treinta y ocho millones, que dice usted que son pocos, y, evidentemente, en un año, la verdad que son pocos. Creo que la firma del convenio puede ser legal (yo tampoco lo pongo en duda, no soy jurista, además), pero la verdad es que creo que no queda bien, no queda bien y parece amiguismo.
Ha hablado usted de gestión privada, de gestión pública... Bueno; tenemos ahí una fundación que es conocida por usted, que es privada, sin ánimo de lucro, pero privada, para gestionar lo público y a la que se adjudica directamente la gestión de esos centros del SAS. Dice que los patronos no gestionan, pero en una fundación los órganos de gestión dependen de los patronos. La verdad es que yo apuesto por la gestión pública y la gestión directa, y usted lo sabe.
Luego está también lo de adscribir ese personal funcionario a la fundación, a una fundación privada, que tiene capacidad para contratar, y la verdad es que yo creo que más de un sindicalista se ha llevado las manos a la cabeza por este motivo.
Y, siguiendo con esa especie como de culebrón, parece que la Fundación 2000 forma una UTE con esa fundación Medina Albaida, en la que está la hija del gerente del IASS, que también es libre de estar -faltaría-, y hacen una UTE, esa unión temporal de empresas. Y lo de «empresa» la verdad, a priori, suena justamente a lo contrario de lo que es altruismo, y suena a lucro, aunque no lo sea.
Y, mira por dónde, a esa UTE se le concede la gestión de las dos residencias de ancianos: la de Gurrea y también la de Almudévar. La verdad es que no sé quién redacto el pliego de cláusulas para ese concurso público: no sé si fue el IASS o no fue el IASS, o si, antes de que saliese la cosa a concurso público, ya se sabía a quién se iba a dar la gestión; si esto fue así, usted sabe, consejero, que eso tiene un nombre.
No sé si los ayuntamientos estaban o no estaban presionados a la hora de adjudicar o actuaron libremente, pero sí que me gustaría conocer paso a paso esta adjudicación mediante concurso. Nos han entregado antes lo del Ayuntamiento de Almudévar, que me lo leeré, téngalo por seguro.
Yo espero que el amiguismo no se convierta en una práctica en su departamento. Me gustaría también saber si la Fundación 2000 o la fundación Medina Albaida se han presentado para gestionar alguna otra cosa, porque ya sabe que en el IASS existen muchos servicios gestionados por terceros, y la verdad es que, mire, consejero, nosotros, Chunta Aragonesista, cuando ha hecho las cosas bien, se lo hemos reconocido, y usted lo sabe, y creo que en este momento ha cometido un error y ha hecho las cosas mal.
Usted es un político avezado, que no se cayó el otro día del guindo; es un político veterano, y sabe que ha cometido un error. Y, en política, como la mujer del César, además de ser honrada, hay que parecerlo.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Echeverría.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, señora Costa.
La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, señor presidente: voy a ser muy breve.
Simplemente empezaré con un documento del Ayuntamiento de Almudévar, que me ha sido entregado, referente a la gestión de la residencia de ancianos, y que fue asumida por todos los grupos, todos los concejales de todos los partidos. El convenio se refiere a la nota de prensa del Partido Popular: dice el señor Gustavo Alcalde que roza la arbitrariedad. Dice el documento: hombre, la empresa elegida nos da la oportunidad de poner en el ayuntamiento el cincuenta por ciento de la capacidad de la residencia de personas del pueblo, mientras que la empresa no elegida nos proponía que el ayuntamiento pusiéramos cuatro personas del pueblo.
Para su conocimiento, le diré que hoy tenemos quince solicitudes que van a entrar; con la empresa no elegida nos quedarían fuera once. Y piden al señor Gustavo Alcalde que se retracte públicamente de las acusaciones vertidas contra este ayuntamiento, ya que las acusaciones carecen de fundamento, no siendo verdad alguna de ellas.
Yo creo, señorías, que este gobierno lo está haciendo muy bien, de verdad; porque, si no, no entiendo que la oposición se vea abocada a globos sonda del escándalo, para ocupar una página en los periódicos y desgastar una consejería que está en vísperas de recibir unas transferencias de sanidad difíciles, difíciles, en financiación.
«Irregularidades», dicen ustedes, y también los que me han antecedido. Y yo pregunto: ¿es legal, o no es legal?
Si es legal, como ha demostrado el consejero en su intervención -y no voy a entrar porque ha dado suficientes argumentaciones-, ¿a qué irregularidades se refieren?: ¿ética?, ¿estética?, ¿responsabilidades políticas?... Absolutamente subjetivo. Si lo quieren llevar ustedes a que sea objetivo, y estamos en una cámara legislativa, tráiganlo ustedes aquí para cambiar las normas o las leyes, tráiganlo, y, a lo mejor, apoyaremos; pero, mientras, señorías, yo quiero que la consejería de Sanidad, como cualquier consejería de este gobierno, dentro de la legalidad, se mueva con la libertad de acción que considere oportuna.
Y fíjense -con esto ya termino-: responsabilidades políticas. ¿Quieren que les recuerde las responsabilidades políticas del Partido Popular en estos momentos? Trabajar en Madrid para que la financiación de Sanidad nos llegue en unas buenas condiciones; allí sí que tienen ustedes trabajo, y no mareando la perdiz aquí.
Muchas gracias, señorías.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Costa.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Mihi.
La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor consejero.
Como en otras ocasiones en que el desarrollo normal y racional de la acción política de lo que son materias y competencias de su departamento ha precisado de su presencia, queremos darle hoy también la bienvenida en nombre del Grupo Socialista a esta comisión, aunque lamentamos que su presencia se produzca y haya que insertarla no dentro de los parámetros de trabajo en que solemos movernos, y que habitualmente le han traído a esta comisión, como se ha desprendido del carácter y del tono de su intervención, sino de la larga serie de infundios y descalificaciones que sobre su persona y su participación, como fundador y patrono en la Fundación 2000, han sido vertidas en los medios por el Partido Popular.
No es pretensión de quien interviene, ni del grupo que represento, concurrir a esta comisión, venir a esta comparecencia, con el ánimo de avalarle, de protegerle, señor consejero, es su actuación; el carácter de la misma, su honestidad, lo que pensamos, le respalda.
Y, frente a esa honestidad, no deberían caber sino las sinceras excusas y la asunción del error político cometido por aquellos que lo perpetraron. Porque no cabe, desde nuestro punto de vista, más que dos formas de entender este enojoso asunto: o bien se ha actuado desde el más profundo desconocimiento de las fundaciones y su entorno legal, o bien se ha actuado desde la mala fe.
Suponiendo que el primero de los supuestos (el desconocimiento) haya sido el argumento esencial para las manifestaciones efectuadas por el PP, y entendiendo lo atrevida que a veces puede llegar a ser la ignorancia, vamos a rellenar, aunque sea sucintamente, el hueco político que, entendemos, puede haber en esta materia, ya que la portavoz del Partido Popular no ha hecho ninguna alusión a las leyes fundamentales que regulan las fundaciones, ni una sola, en las dos intervenciones en las que ha intervenido.
Sí que ha hecho referencia a incompatibilidades, demostradas ya por el propio consejero que no corresponden, sino que las que corresponden son éstas.
La ley de 24 de noviembre de 1994, titulada «de fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general» (que denota su orientación), las define -artículo primero- como «las organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tiene afectado, de modo duradero, su patrimonio a la realización de fines de interés general, y que se eligen por la voluntad del fundador, y, en todo caso, por la propia ley de fundaciones». Es consecuente con la Constitución Española (artículo 34), que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. Como quiera que las fundaciones deben perseguir un fin de interés público (artículo 35 del Código Civil) o general (artículo uno de la ley), y, como tales, la ley enumera las de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, etcétera (artículo 2), que beneficia a colectividades genéricas de personas (artículo 2), en el artículo 12 de la ley recoge que el patronato es el órgano máximo de gobierno y representación de la fundación. El cargo de patrono (artículo 13 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones) se ejerce de forma gratuita, sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función.
Siguiendo con la Ley de fundaciones, sorprendentemente, tampoco se ha aludido a las funciones que cumple el protectorado. En el capítulo VII, artículo 32 y artículo 36, sobre el protectorado y registro de fundaciones: «la administración ejercerá el protectorado de las mismas». Asumida por la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir del Decreto 569/1995, de 7 de abril, la competencia exclusiva que, en virtud del artículo 35.27 del Estatuto de Autonomía, le corresponde en materia de fundaciones que desarrollan sus funciones en Aragón, se aprobó el Decreto 276/1995, de 19 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las competencias en materia de fundaciones y se crea el registro de fundaciones. En este decreto se crea un protectorado único, que será desempeñado, en nombre de la Diputación General, por el consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. La finalidad de éste es facilitar el recto uso del derecho de fundación y asegurarse de que su constitución y funcionamiento se atienen a los preceptos legales que las rigen, previéndose su autorización para ciertos actos, y la adopción por el mismo de las medidas adecuadas para aquel cumplimiento, incluso el intervenirlas con autorización judicial.
En la disposición sexta se crea el registro de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, que será público. La personalidad jurídica se adquiere por la inscripción de la fundación en el registro.
Lo dicho hasta ahora no es más que una pequeña muestra de lo legislado en materia de fundaciones, pero, si necesitan más argumentos, les recomiendo este libro que tengo aquí, editado por la Confederación Española de Fundaciones, el Código de Fundaciones, en el que se recoge desde la Constitución Española, Código Civil, reales decretos, normativa fiscal, normativa autonómica, otras normas fiscales como tributación estatal, que serían demasiado largas para traerlas aquí; pero, de todas maneras, si no, señor consejero, yo le recomiendo que se lo regale a los representantes del Partido Popular.
Con todo esto, yo creo, por una vez, que, si ustedes siguen la recomendación que les ha hecho el consejero, leen y estudian un poquito y se asesoran, realmente, se puede demostrar perfectamente que las denuncias que ustedes han presentado en cuanto a irregularidades no son correctas. Pero, en política y en Aragón, la vieja y harto conocida posición y axioma político, para todos los temas, y patrimonio exclusivo del Partido Popular, que consiste en «mantenella y no enmedalla» (y, en todo caso, «enmierdalla»), hace difícil, sino imposible, un gesto honesto y racional en la restitución sincera de la honorabilidad dañada por parte de quienes lo hicieron.
Por eso nos complace que, de su intervención, se deduzca, sin asomo de duda, que su actuación y participación en la Fundación 2000 y la legitimidad y legalidad éticas y estéticas de las mismas le respaldan, porque, al hacerlo, al mismo tiempo dejan al aire las miserias y vergüenzas (o desvergüenzas) políticas de quienes de forma torticera han querido instrumentalizar una actuación ajena, honesta y altruista, en beneficio propio y partidario, intentando echar lodo y sombras donde había total transparencia y legalidad, con el objetivo, entre otros -por qué no pensarlo y por qué no decirlo-, de desviar la mirada de los aragoneses de las miserias partidarias propias, en estos momentos en que la sociedad aragonesa se pregunta qué hacen y dónde están los populares aragoneses, cuando sus padrinos estatales nos quieren robar el agua.
A esta pregunta ya respondió gráficamente el señor Lanzuela en la primera parte del debate sobre el paseo militar hidrológico celebrado en las Cortes. El Partido Popular aragonés está dando un fuerte abrazo al ministro Matas y, a la vez, un gran beso de Judas a Aragón, aunque cabría decir, ante expresiones tan fraternalmente mezquinas, tan débiles con los fuertes y tan fuertes con los débiles, que, más que abrazados, están ustedes fundidos.
Lamentamos, señor consejero, que haya tenido usted que distraer parte del tiempo que dedica a la acción de gobierno y a la aplicación de sus políticas sociales para aclarar un asunto que no debería haberle ocupado ni un solo minuto. Sólo las sólidas convicciones democráticas que compartimos y el criterio de que, aunque, incluso, no sea menester, hay que dar explicaciones, para que no se entorpezca desde la instrumentalización de su posible ausencia las legítimas acciones de gobierno, hacen esta comparecencia, que le agradecemos, no solamente legítima y útil, sino también ilustrativa, políticamente didáctica y, fundamentalmente, un severo ejercicio de honestidad, del que deberían tomar buena nota quienes, pretendiendo dar lecciones en ese campo, deberían mejor aprender a tomarlas.
Muchas gracias, señor consejero.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Mihi.
Para las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor consejero.
El señor consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (LARRAZ VILETA): En primer lugar, querría insistir -porque lo ha sacado el representante de Izquierda Unida- en el asunto del tipo y estilo de la gestión. Yo estoy bastante abierto a cualquier instrumento de gestión, pero lo mismo que cualquier partido político, el suyo, un sindicato o cualquiera, porque ustedes están sometidos a derecho privado, y lo utilizan como instrumento, y a mí me parece estupendo. Lo público puede hacer lo mismo; pero, en ocasiones, cuando no se puede hacer todo con lo público, es necesario utilizar otro tipo de instrumentos, y, desde luego, en el caso que nos ocupa, la verdad es que han asumido lo que nadie quería hacer, y eso para mí es importante y debo felicitar a estas dos fundaciones o a cualquier otra que asuma estos trabajos.
Yo puedo decirle que, respecto a, quizá, lo que parece sectarismo del grupo... Yo he invitado a hacer UTE a todas las fundaciones que hay en Aragón (hay muchísimas), a todas las que tienen contacto conmigo, y yo le aseguro que entre esas fundaciones hay de todos los orígenes.
Dice usted que parece que puede haber una influencia política o algo... Mire usted: esa fundación surge de la izquierda, naturalmente: yo es que me muevo en la izquierda: yo no puedo estar en lugares en los que no está la izquierda, y, probablemente, haya personas de su misma ideología incluso cercanos a usted también (personas en tiempo, no ahora, por supuesto). Pero lo que le quiero decir es que surja, haya una cierta sintonía...; pero, desde luego, no es gente del PSOE la mayoría de quienes están en esas fundaciones, ni siquiera su presidente, aunque lo parezca, que a todo el mundo le parece que el presidente es de ese partido, y no es así. Somos una minoría los que hemos estado.
En segundo lugar, es excesivo que me coloque el pecado original, señor Lacasa, me parece excesivo. Si en cada lugar que yo haya tocado en toda mi época hay pecado original, y nadie puede estar en contacto con eso, pues, hombre, he estado en muchas cosas: entonces, vamos a tener que cerrar bastantes cosas de los contactos que tiene el departamento con alguna de las cosas a las que yo he asistido. Es prácticamente imposible, después de veintisiete años de trabajo en lo público y en entidades sin ánimo de lucro. Es difícil, y a mí me parece excesivo que hable usted del pecado original. Yo con eso no estoy en absoluto de acuerdo.
Tiene algunos errores, quizá por la lectura; aunque luego lo ha leído y debería haber deducido de la lectura lo que hay. Mire: no se ha cedido personal, en absoluto; se cede la función. La misma que ya tenían con la diputación provincial, porque la Diputación Provincial de Huesca, hace, monta un organismo autónomo (y, por cierto, que tenía sus problemas para hacerlo), y cede a esas personas el uso a quien está gestionando eso, cosa que sigue manteniéndose. Pero escuche: sigue pagando, naturalmente, el sueldo la entidad, siguen perteneciendo a la función pública y, en absoluto, hay cesión, porque eso no es ninguna cesión, lo mismo que se cede un espacio para el trabajo, y eso sigue siendo de titularidad pública. Nada más. Eso es habitual y ocurre en toda la administración, de eso hay casos en toda la administración.
A usted le parece una cosa extraña. Mire: la fundación que está haciendo el mismo trabajo en la Diputación Provincial de Zaragoza, en el Psiquiátrico, tiene cedido espacio para hacer el trabajo, de la misma manera. En tiempos también tuvo incluso algún funcionario cedido, que se jubiló, me parece. No es una cosa nueva, ha ocurrido siempre: primero, está absolutamente de acuerdo con la ley y, después, no me parece que el sacarlo sea un argumento en contra. Me parece simplemente que describe una situación que yo también la describo y con la que estoy de acuerdo.
Respecto -fíjese- al poder e influencia política, que usted menciona, yo no necesito, para tener poder e influencia política, no necesito, en absoluto, estar en una fundación, o haber pertenecido a una de ellas; pero ni esa misma fundación tiene más interés conmigo. Mire: todas las fundaciones y todos los convenios que se hacen, por valor de más de cinco mil millones de pesetas, todos los años, vienen al departamento, y ésa es la influencia que yo tengo: tenemos que firmar y hacer un acuerdo. Fíjense si tengo influencia, claro que sí, y bien utilizada, naturalmente. Claro que tengo influencia: tengo la decisión de firmar contratos, convenios y conciertos con todas las entidades que nos ayudan en el ánimo de lo social, naturalmente que tengo influencia política, poder y autoridad, naturalmente: el poder porque me lo da el nombramiento, y la autoridad porque me lo dan los veintisiete años que llevo trabajando en este sector. Y la honestidad, que todo el mundo sabe y conoce aquí, en esta sala, la honestidad personal y la de todos mis colaboradores. Estoy seguro de que ésa nadie la pone en duda.
Ustedes pueden pensar que estéticamente he cometido un error. Bueno; yo eso no lo puedo discutir, yo no puedo discutir con ustedes el que a ustedes les parezca que es un error y que a mí me parezca que, bueno, pueden ustedes deducir de lo que ven que he cometido un error. Yo no lo voy, desde luego, a discutir.
Lo que sí le aseguro es que hay concurrencia y transparencia en todo, porque usted hablaba de que se pueden contratar personas, y que eso es un poder y tal… Bueno; mire usted: en el órgano de contratación de los dos ayuntamientos de Gurrea y Almudévar están todos los partidos políticos y todos los sindicatos, en el órgano de contratación; si eso se puede manipular... Hombre, puede ser, yo no sé qué puede ocurrir, pero lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo. En este caso no está su partido, porque no están en esas mesas, pero probablemente estén sindicatos afines a la ideología que usted representa.
Yo, desde luego, agradezco el trabajo de estas entidades que hacen lo que nadie quiere hacer, lo agradezco muchísimo; asumo, desde luego, la limpieza y la honestidad en todo el procedimiento; asumo que no se ha incumplido ningún tipo de norma, y el desgaste político, o la responsabilidad política de todo lo que pueda suceder, naturalmente, que la tengo yo y naturalmente que la asumo. Pero, de ahí a lo que pretenden sus señorías, va un trecho bastante largo.
Muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor consejero.
Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos.