Intervinienen: Lacasa Vidal, Jesus - Gonzalez Barbod, Gonzalo - Ibañez Blasco, Jose Ramon - Uson Ezquerra, Miguel Angel - Ibañez Gimeno, Joaquin
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a dar comienzo a la sesión de esta comisión [a las once horas y diez minutos], con cuatro puntos en el orden del día, el primero de los cuales lo dejaremos para el final, pasando ya directamente al segundo, que es debate y votación de la proposición no de ley número 56/01, sobre control y seguimiento de las obras de creación y mejora de infraestructuras de regadío en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).
Para la presentación de la proposición no de ley, tiene su representante el turno de palabra.
Proposición no de ley núm. 56/01, sobre control y seguimiento de las obras de creación y mejora de infraestructuras de regadío en Aragón.
El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
Nos hemos encontrado con una cierta sorpresa a raíz de un hecho concreto que sucedió con la rotura de la presa del embalse de San Juan en Altorricón, pues, con una situación que, quizá, pocos pudiéramos imaginar. En esta comunidad autónoma se habla mucho de embalses y, normalmente, se piensa en los grandes embalses, incluso en los medianos embalses, pero quizá no somos suficientemente conscientes, sobre todo quienes no vivimos todos los días en el medio rural, de la existencia de docenas de balsas complementarias de regulación que, aun siendo pequeñas, una rotura de las mismas puede suponer importantes perjuicios económicos e, incluso, en algún momento, puede suponer algún riesgo para la seguridad de las personas y desde luego de los bienes.
La balsa o presa de San Juan en Altorricón provocó una salida incontrolada de, al menos, doscientos cincuenta mil metros cúbicos de agua —otras fuentes dan datos de una salida todavía superior de agua—. Eso causó la muerte de animales en varias granjas, daños a cultivos y un corte temporal de la línea férrea. Afortunadamente, no supuso ningún daño a personas físicas, pero no es descartable que esa tromba de agua, aunque sea en un momento muy concreto y específico, pueda en alguna ocasión originar también problemas a las personas.
A raíz de esa preocupación, de ese síntoma que nosotros detectamos, y pensando que puede haber esas docenas de balsas a lo largo de todo el territorio de la comunidad autónoma, ante esa preocupación, hicimos comparecer a quien creíamos —erróneamente, y lo dijimos en la comparecencia— competente entonces en esa materia, que era al consejero de Medio Ambiente, puesto que entendíamos que, teniendo en cuenta que las competencias en materia de agua de la comunidad autónoma residen en el Departamento de Medio Ambiente, iba ser, quizá, la respuesta a nuestra inquietud. Sin embargo, el señor Longás, aunque amablemente vino y compareció en otra comisión de estas Cortes, nos llamó la atención sobre el caso concreto de esta balsa, y nos dijo que se regulaba por un decreto, el Decreto 32/96, de 13 de marzo, por el que se establecían ayudas para obras de creación y mejoras de infraestructura de regadíos, entre las cuales están estas balsas, y que por lo tanto el departamento competente no era el suyo, sino el de Agricultura. Perfecto, no hay inconveniente: asumimos que pueda ser otro departamento del Gobierno de Aragón, pero, al fin y al cabo, hay un problema, hemos detectado un problema, ha surgido un problema, y de lo que se trata es de poner las bases para que ese problema, en la medida de lo que humanamente posible y previsible, que siempre hay un margen lógicamente para el error, pues, intentemos paliar o salir al paso de cualquier problemática en esta materia.
El Decreto 32, que establece estas ayudas para obras de creación y mejora de infraestructuras de regadío, simplemente se limita a establecer las condiciones para la concesión de subvenciones y el control y evaluación de esas subvenciones a través del seguimiento y el grado de cumplimiento de las mismas, y, lógicamente, se permite realizar inspecciones por parte del Departamento de Agricultura para comprobar que las inversiones que se han subvencionado están correctamente realizadas, esto es lógico y evidente, como siempre que se concede una subvención hay la posibilidad de inspeccionar y comprobar que esas subvenciones hayan llegado a buen término.
Sin embargo, el Decreto 32/96 no hace ninguna referencia a la seguridad de los embalses ni aparece ninguna previsión de que, como en el caso de San Juan de Altorricón, cualquier circunstancia provoque un accidente en esas infraestructuras de regadío creadas o mejoradas con las ayudas, y, por lo tanto, entendemos que, además de que es ese decreto se contemplen esas ayudas, sería lógico y necesario que la Administración autonómica, a través del departamento correspondiente, en este caso Agricultura o a través de la coordinación interdepartamental que se articule, existan mecanismos para prever y responder con la agilidad y eficiencia ante la posibilidad de accidentes en las obras de creación y mejora de infraestructuras de regadío en Aragón.
Y desde ese punto de vista, la proposición no de ley, que es muy sencilla, que nuestro grupo plantea y que busca prevenir y no tener que salir al paso... Imaginémonos, desgraciadamente, que aquel suceso hubiera tenido alguna víctima, algún herido o incluso alguna víctima mortal, desde luego, estaríamos hablando de otra preocupación y otra de incidencia muy distinta de la que tuvo, sólo daños en las cosas, bienes de todo tipo, pero sería sin duda otro alcance el que hubiera tenido un daño en las personas.
Por eso, queremos prevenir antes de tener que lamentar cualquier desgracia y planteamos que el Gobierno de Aragón, en relación con estas obras, incluyendo estas balsas, por supuesto, salga al paso con dos puntos: uno, primero, que es que asegure el control de las mismas a través de un sistema de inspección sistemático después de finalizadas las obras de ejecución, en previsión de las posibles roturas y desembalses accidentales. Es decir, el Gobierno ha subvencionado una obra, una obra que tiene un impacto, una obra que alberga miles de metros cúbicos de agua, una obra que puede potencialmente generar algún tipo de riesgos, y no es despreciable que el Gobierno de Aragón no termine su actuación subvencionando, sino que el Gobierno de Aragón se encargue de inspeccionar y, por lo tanto, de estar al tanto de cuál es el estado de esas obras, si existen o se perciben grietas, si es previsible que pueda haber algún tipo de problema de obturación o desbordamiento, en fin, que esté al tanto de cualquier problemática que pueda plantearse en esas obras de infraestructura.
Y dos, que el Gobierno elabore programas de emergencia y protección civil en previsión de posibles roturas y desembalses accidentales y haga labor de seguimiento en la aplicación de dichos planes. Lógicamente, junto con los propietarios de las balsas y los ayuntamientos de la zona, deben estar muy al tanto para saber que si un día se produce la circunstancia, cuáles son los protocolos de actuación en la materia, cuáles son los protocolos de actuación de protección civil, sanitarios, etcétera, que pudieran desencadenarse.
Creemos que esto no es excesivo, que esto es razonable y, sobre todo, que esto demostraría que somos una comunidad autónoma y una Administración que está atenta y que no está esperando a que se produzca cualquier hecho desgraciado, sino que va a anteponerse y va a prever las posibles consecuencias.
En esos términos, está planteada la proposición no de ley que defiende Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor Lacasa.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por Chunta Aragonesista y otra por el Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene cinco minutos, en primer lugar, el portavoz de Chunta Aragonesista.
El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa, como ha comentado el portavoz del grupo proponente, procede de una comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, señor Longás, tras la rotura del embalse de San Juan, en el término municipal de Altorricón. Este embalse estaba financiado con fondos públicos de la comunidad autónoma, del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, con sesenta y un millones de pesetas, que era un 40% del total de la financiación de esta infraestructura.
Esta rotura, que causó importantes daños materiales, aunque afortunadamente ninguno personal, como digo, fue financiada con fondos públicos y, por tanto, parece lógico que la Administración que, de alguna forma, la respaldó, garantice la seguridad de esta infraestructura y, por tanto, también, debiera realizar la función inspectora y la de control.
El asunto de fondo del que estamos hablando es un asunto importante, como es la cuestión de la seguridad, y aunque se trate de balsas de regulación, que son totalmente necesarias, insisto en que la postura de nuestro grupo es que estas obras son necesarias, pero eso no resta para que debamos ser igualmente rigurosos en su ejecución y en su control, porque las consecuencias, en caso de siniestro, pueden ser muy negativas. Por lo tanto, creemos que deberían extremarse por parte de la Administración absolutamente todas las medidas para evitar que se volviesen a producir situaciones de este tipo, y creemos que aquí no hay peros que valgan, ni posturas tibias, ni intereses que anteponer, porque, insisto, estamos hablando de seguridad, y si realmente se hubiesen puesto todos los medios razonables, lógicos, creemos que no hubiesen ocurrido incidentes como el de Altorricón.
Y quiero recordar las declaraciones del consejero no de Medio Ambiente, que fue el que aquí nos dio las explicaciones, sino una comparecencia posterior del Consejero de Agricultura, en aquella ocasión, explicándonos la otra cuestión, como era la sociedad pública SIRASA, pero que, a propósito de ello, dijo: «La empresa —refiriéndose a SIRASA— está pensada como están pensadas todas las empresas de estas características, tanto las del Estado como las de las comunidades autónomas: es para dar mucha más agilidad por una parte a la actuación y para darle rigor a obras que no tenían ese rigor. Bueno, eso puede ocurrir en cualquier momento, pero hace poco, tuvimos un reventón de una balsa de regulación. Pues, bueno, estas cosas habrá que hacerlas con más rigor y, por lo tanto, son obras sobre las que habrá que estar encima». Esto es textual, recogido de la comparecencia del consejero Arguilé. Por lo tanto, una presa, aunque sea un pequeño embalse, no se rompe porque sí, no se rompe sin motivo: se rompe por errores en su construcción o mantenimiento (puede haber fisuras, puede haber grietas...), pero un derrumbamiento no es ni fortuito ni inevitable y, por lo tanto, tiene que existir un control extremo que detecte todos estos defectos y un sistema de inspección público que evite estas situaciones.
Para defender estas obras, estas pequeñas balsas de regulación y la importancia que tienen en los sistemas de riego, para defenderlas con coherencia y seriedad, no solamente hay que defender su construcción: hay que ser también extremadamente rigurosos a la hora de asumir responsabilidades en su control y en su inspección. No debería servirnos el «todo vale».
Por lo tanto, sí a estas balsas y a los pequeños embalses, necesarios para el regadío, pero con todo el rigor en su construcción, porque, además, son los agricultores, las comunidades de regantes los primeros perjudicados en caso de incidentes.
Creemos que es esto lo que se persigue con esta iniciativa y, por lo tanto, en ese sentido la vamos a apoyar.
También creemos, aunque no sea el caso, que con más motivo se debería de hacer un esfuerzo en proporcionar y garantizar la seguridad de la población en el momento en el que se están planteando grandes obras de regulación, grandes presas, y en este momento sí que queremos denunciar que las grandes presas que existen en el Estado español no disponen de planes de emergencia en casos de rotura, y esto es un escándalo silencioso que existe, que está sobre la mesa, pero nadie dice nada, nadie responde. En este caso, no es la Administración autónoma la competente, pero creemos que hay que ponerlo de relieve.
El Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, que se aprobó por Orden ministerial en el año 1996, estable que las grandes presas, calificadas en los grupos A y B, son las que tienen más riesgo para la población y bienes, deben contar con un plan de emergencias, y las de grupo A, es decir, las de mayor riesgo, no lo han presentado todavía; y este reglamento, como digo, es del año1996. Por lo tanto, existe ahí una situación de riesgo a la que, desde luego, no se responde con actuaciones por parte de la Administración estatal.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta iniciativa y es, simplemente, delimitar la responsabilidad que tiene la comunidad autónoma en solamente estas balsas. Este reglamento, como he dicho, el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, de aplicación obligatoria en la presas y embalses cuyo titular sea el Ministerio de Obras Públicas y aquellas que sean objeto de concesión administrativa por parte del Ministerio u otros organismos. Por lo tanto, lo que pretendemos es que quede clara en la proposición no de ley la responsabilidad de cada una de las Administraciones, la central y la autonómica, en las distintas obras de regulación: la central en las grandes y la Administración autonómica en las pequeñas.
Sí que hay un cambio normativo en la regulación de la comunidad autónoma, y es que con posterioridad al Decreto 32/96 se publicó el Decreto 48/2001, cinco días más tarde de la entrada en registro de esta iniciativa, pero, puesto que no hay cambios sustantivos y no añade nuevos instrumentos de control, parece que sigue siendo necesario el crearlos.
Por lo tanto, nuestro grupo, si de alguna forma se introducen estos cambios en la proposición no de ley del Grupo Mixto, pues, la apoyaríamos.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor González.
El portavoz del Grupo Socialista tiene cinco minutos para defender su enmienda.
El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Señorías.
Desde el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley de Izquierda Unida, porque si bien estamos de acuerdo en el fondo —yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo y así quedo patente en la comparecencia del Consejero de Medio Ambiente ante la comisión por la rotura de la presa de San Juan de Altorricón—, entendemos que se podía mejorar y que hay algunos aspectos, desde nuestro punto de vista, deberían quedar un poco más claros de lo que lo estaban en la proposición no de ley.
Nosotros entendemos, al igual que lo ha hecho CHA, que ha presentado una enmienda al respecto, que lo primero que debía quedar claro es a qué clase de obras nos estamos refiriendo, y, lógicamente, entendemos que son aquellas que están en el ámbito de las competencias del Gobierno de Aragón, como decía CHA en su enmienda, y que por tanto había que excluir las grandes presas y las clasificadas en las categorías A y B del Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses.
Asimismo, y teniendo en cuenta la legislación vigente, creemos que es responsabilidad de los propietarios y beneficiarios de estas obras, a través del autor o autores de los proyectos, así como del director de las obras y del contratista, asegurar la buena ejecución de las mismas, y en cuanto a su funcionamiento, estas obras dependen normalmente de las comunidades de regantes, correspondiéndoles a ellas, por tanto, velar porque ese funcionamiento sea el correcto.
A nuestro entender, esto mismo ocurre con otras muchas líneas de subvenciones que se dan desde el Departamento de Agricultura, incluso desde otros departamentos de la Diputación General de Aragón.
Nosotros entendemos que es un tanto complicado que de todas aquellas obras que se hacen con fondos subvencionados por la Diputación General de Aragón se cree o se plantee la necesidad de hacer inspecciones una vez finalizadas las mismas o una serie de controles que, bajo nuestro punto de vista, pues, son bastante inviables. Por lo tanto, en los casos en que las obras las realizan los particulares, sean personas físicas o jurídicas, la Administración lo que tiene que hacer y lo que hace es exigir con la solicitud un proyecto técnico redactado por un facultativo competente y visado por su colegio profesional y pagar la ayuda que esté establecida, previa certificación de haberse realizado las obras o instalaciones previstas en el proyecto aprobado. No obstante, estamos de acuerdo, como decimos en el punto primero de nuestra enmienda, en que se incremente el control en los proyectos, obras y mantenimiento de las mismas en previsión de posibles roturas y desembalses accidentales. Una cosa es que entendamos que se deben incrementar los controles y otra cosa es que sea la propia comunidad autónoma, la propia Administración quien lo tenga que hacer.
Nosotros sí que entendemos que la entrada en vigor del Decreto 48/2001, que sustituye al 32/1996, va a hacer posible que algunos aspectos de éstos se puedan corregir, ya que alguna de estas obras —la mayoría—, entendemos nosotros que se van a poder hacer a través de la empresa SIRASA, y, por tanto, ahí sí que va a existir, como decía el consejero en sus declaraciones, un control directo de las mismas por la Administración, que va a ser quien se encargará de la redacción de los proyectos, de la dirección de las obras y de la ejecución de las mismas, con lo cual, pues, nos parece que podemos tener una buena parte del problema solucionado.
En cuanto a los planes de emergencia y protección civil, nos tenemos que remitir a la Orden del 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento técnico que ya hemos citado, sobre seguridad de presas y embalses, que es el que determina qué se considera como gran presa, en función de sus dimensiones, y la que las clasifica en diferentes categorías, en función del riesgo potencial que pueda derivarse de su ruptura. En su artículo 29, deja claro que es el titular de la presa el responsable de su seguridad, de la del embalse y de los efectos que ambos puedan producir, y asimismo, dice también que «durante la fase de explotación, el titular adoptará las medidas pertinentes para detectar y corregir eventuales defectos anteriores o deterioros producidos por la edad». Y, por otra parte, en su artículo 30 dice: «Previamente a la entrada en servicio de un embalse, el titular de la presa deberá tener aprobado y adecuadamente implantado el correspondiente plan de emergencia de la presa en aquellas que, en función de su riesgo potencial, hayan sido clasificadas en los grupos A y B», que esto es a lo que hacía referencia el portavoz de CHA, y yo creo que todos tenemos conocimiento a través de algunas noticias que han aparecido en la prensa nacional de que parece ser que algunas de estas presas del grupo A todavía no lo han presentado, cuando la Orden es del año 1996, pero, en fin, eso, como también ha dicho muy bien él, no es competencia del Gobierno autónomo, sino del central.
No obstante, dicho esto, parece que está claro que el espíritu del legislador es que la responsabilidad de la prevención de riesgos y del establecimiento de los planes de emergencia recaiga sobre los titulares del embalse, pero siendo esto así, entendemos que, de no hacer nada, estas pequeñas presas o embalses, de las que nosotros nos tenemos que ocupar, estarían fuera de todo control, y es por lo que en el punto dos de nuestra enmienda instamos al Gobierno de Aragón a que evalúe, según la ubicación y las características de cada una de ellas, la necesidad de exigir el establecimiento de planes de mantenimiento, emergencia y protección civil.
En definitiva, creo que el fondo es exactamente el mismo, pero lo único que hemos pretendido en nuestra enmienda es clarificar y dejar claro quién debe ser en cada momento el responsable y el encargado de tomar las medidas necesarias para que estas obras no puedan o no generen riesgos mayores de los que serían aceptables y asumibles por todos.
Nada más.
El señor presidente (LAPLANA BUETA): Gracias.
A continuación, en el turno de los grupos no enmendantes, para fijar la posición de sus respectivos grupos, tiene la palabra el portavoz del PAR, señor Usón.
El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor presidente.
Dice el refrán que «el que la persigue la consigue» ¿verdad?, y, efectivamente, el señor Lacasa, yo creo que hoy lo va ha conseguir. Lo va a conseguir porque, efectivamente, estamos detectando dentro de los grupos que estamos representados en esta cámara que esta proposición va a tener los apoyos necesarios para que salga adelante. Por supuesto, el Partido Aragonés la va a apoyar.
Decía que el que la persigue la consigue, porque, seguramente, se quedó todavía insatisfecho cuando comparecieron el Consejero de Medio Ambiente y, posteriormente, el Consejero de Agricultura para dar toda clase de explicaciones a estas iniciativas, a este planteamiento, a esta situación que se produjo en Altorricón.
Efectivamente, se ha explicado muy bien aquí cuáles son las presas de alto riesgo, las de menor riesgo y las que todavía tienen menos riesgo, como puedan ser éstas.
Pero esto, efectivamente, como decía el señor Lacasa, no debe de conformarnos con que, bueno, la responsabilidad la tenga la Comunidad de Regantes, y yo creo que, seguramente, el señor Lacasa, pues, ha sido ahí inteligente, a la hora de plantearlo, porque ya no solamente ha planteado la situación desde el punto de vista de responsabilidad, sino que, sabiendo que tenemos la responsabilidad o que tienen la responsabilidad las comunidades de regantes, la Administración no se podía quedar al margen de lo que pudiese ocurrir, como ocurrió en Altorricón. Por eso, desde el punto de vista del Partido Aragonés, nos parece razonable la proposición que plantea y, en todo caso, como también expresaba el portavoz del Grupo Socialista, pues, seguramente, viene a clarificar un poquito más con su enmienda la proposición no de ley. En consecuencia, puesto que tampoco quiero reiterar lo que ya todos los grupos han expresado y, seguramente, si retrocedemos a los de datos anteriores, pues sería reiterativo en cuanto a la exposición.
En consecuencia, el Partido Aragonés va a apoyar esta proposición no de ley, sugiriendo que, seguramente, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista se quedaría un poquito más clara. Vamos a apoyar esta proposición que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida porque la vemos con buenos ojos.
Nada más, presidente.
Gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor Usón.
Señor Ibáñez, puede intervenir.
El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Gracias, señor presidente.
Nosotros, desde el Grupo Popular, también vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley, porque estamos prácticamente de acuerdo en todo lo que aquí se ha dicho y, desde luego, tenemos que estar de acuerdo en todo lo que se refiere a medidas de seguridad, porque hay que ponerlas todas, todas, porque luego todo son lamentaciones de por qué se ha roto la presa o por qué no se hizo tal cuestión. Entonces, no debemos escatimar ningún esfuerzo en cuanto a las medidas de seguridad.
Aquí, se han dicho ya muchas cosas —no voy a repetirlas—, pero ha salido el tema de responsabilidades. Yo creo que el tema de responsabilidades no está concentrado en nadie concretamente; estoy convencido de que si todas las partes que intervienen en la construcción y explotación de un embalse o de una balsa de regulación cumpliesen con su responsabilidad, probablemente, estas cuestiones no ocurrirían, y no hay que dejar de lado a nadie: desde la Administración, que en este caso —digamos— es la competente, pasando por los técnicos que elaboran el proyecto —creo que es la fase fundamental, la de elaborar un buen proyecto—, los colegios oficiales correspondientes que visan los proyectos —creo también fundamental que si un proyecto no es técnicamente correcto, no se debe visar, pero supongo que los que visan son correctos—, la empresa constructora, que debe construir con arreglo al proyecto, debe de haber un control de calidad en la ejecución, en los materiales, en todas las cuestiones y, posteriormente, pues los propietarios de la obra y los usufructuarios de la misma, pues, en la explotación y en el mantenimiento.
Creo que nadie debe quedarse al margen: todos son responsables o todos deben ser responsables, pero, en último caso, muy bien, como competente en este tema la Administración autónoma de Aragón, pues, de acuerdo que establezca los planes, que obligue a estos otros eslabones de la cadena a cumplirlos estrictamente y, sobre todo, que se establezcan unos programas, unos planes de mantenimiento en caso de emergencia, protección civil. Estamos de acuerdo —no voy a reiterar lo que se ha dicho aquí—, pero insisto en que cada cual sea responsable de la parte que le corresponde.
Nuestro voto será, pues, favorable.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETA): Gracias, señor Ibáñez.
Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos para que hablen si admiten o no las enmiendas, transaccionan el texto o lo que crean oportuno.
Sí, señor Lacasa.
El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presidente.
Vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista. En primer lugar, porque el párrafo introductorio es más completo, incluso desborda la intención de nuestro grupo. Nuestro grupo planteó ante un hecho concreto de una balsa afecta a los temas agrícolas, pero es verdad que no sólo existen el tipo de balsas destinadas a usos agrarios, sino que existen balsas destinadas, fundamentalmente, a usos forestales, que ahí sí que entraríamos en otro departamento como es de Medio Ambiente, pero, quizá, la redacción que plantea el Grupo Socialista sea una redacción en la que todo que no sean grandes presas, todo lo que no sea grupo A y grupo B, todas las demás balsas, en las cuales tiene mucho que decir el Gobierno de Aragón, porque muchas de ellas están financiadas o, seguramente, están todas financiadas por el Gobierno de Aragón, el objetivo ya lo tenemos centrado en todas estas presas o balsas que tenemos en Aragón.
En los dos puntos siguientes, en los dos puntos sustantivos, era más contundente la redacción de nuestra proposición, pero entendemos los argumentos que se dan, y parece que incrementar el control no sólo en los proyectos y en las obras, sino en lo que nos parece más importante a nosotros, en el mantenimiento. Y ahí, estamos de acuerdo en lo que plantea el Grupo Socialista, porque es el espíritu de nuestra proposición: no sólo que el Gobierno supervise la fase de redacción del proyecto (que va de suyo, porque tiene que financiarlo), no sólo que supervise la obra (va de suyo, porque la paga total o parcialmente), sino que luego, durante el mantenimiento de la presa, siga ejerciendo un control, el que se estime oportuno —evidentemente, el Gobierno tendrá que ver cuál es el nivel de control que tiene que establecer—.
Y el segundo punto, que se evalúe la necesidad a exigir el establecimiento de planes de mantenimiento, emergencia y protección civil, nos parece importante que aparezca reflejado. Aunque es verdad que pueda descargarse esa exigencia en los particulares, no es menos cierto que es el Gobierno de Aragón el que tiene que estar encima presionando, de alguna manera, para que eso se ejecute, porque si ya vemos que en la grandes obras, como acertadamente han expuesto otros intervinientes, si en las grandes presas todavía vamos con cinco años de retraso, pues, qué no nos puede pasar en pequeñas obras que, a veces, por descuido, pueden caer en el olvido.
Por lo tanto, creo que encaja con el espíritu de la proposición no de ley; técnicamente, puede ser mas ajustada, y por eso aceptaríamos la enmienda del Partido Socialista. De alguna manera, aceptar la enmienda del Partido Socialista, haría decaer un poco la enmienda de Chunta Aragonesista, porque quedaría subsumida, de alguna manera, en el párrafo inicial, y en este sentido, pues, creo que la enmienda del PSOE podría ser la que se sometiera a votación directamente como proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Entonces, la proposición no de ley cambiaría el texto por las dos enmiendas del Partido Socialista.
El señor diputado LACASA VIDAL: Sí, sería sustituir todo el texto de la proposición no de ley de Izquierda Unida por la enmienda del representante del Grupo Socialista, por entender que se puede asumir.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor Lacasa.
Pasaremos, pues, a votar esta proposición no de ley en los términos que ha dicho el proponente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Señor Lacasa, tiene la palabra.
El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Para mostrar mi satisfacción.
Yo creo que ha habido verdadero espíritu de cooperación en la cámara para que salga por unanimidad de las Cortes de Aragón una llamada de atención, lo que esta proposición no de ley pretendía, que era establecer una advertencia, y a partir de estos momentos, ningún Gobierno, ninguna Administración puede, de alguna forma, como vulgarmente se dice, llamarse andana. Yo creo que esto marca un hito, y esta proposición no de ley establece un determinado listón de exigencia, que, por supuesto, no quiere decir que la Administración autonómica sea la única competente y la única responsable: habrá responsabilidades importantes de los particulares, habrá responsabilidades de las comunidades de riegos, habrá muchas responsabilidades de los técnicos, pero la Administración, de alguna manera, yo creo que con esta proposición no de ley no se inhibe por completo del problema, sino que sabe que no se trata sólo de financiar obras, sino que se trata de hacer un seguimiento y de tener previsiones para cuando pueda haber algún tipo de incidente.
En ese sentido, creo que ha sido oportuno y que el apoyo unánime, agradeciendo las enmiendas que han presentado, que han mejorado mucho la proposición no de ley, hace que la cámara se anticipe un poco a cualquier incidencia que pueda venir en el futuro.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor Lacasa.
¿Algún otro grupo?
Chunta Aragonesista.
El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, muy brevemente, para congratularnos de que haya sido aprobado este texto y para decir que creemos que el sentido en el que presentábamos nuestra enmienda era coincidente con la enmienda del Partido Socialista, si bien el texto y el sentido de aquella era más extenso, sentido en el que nos hemos visto reflejados.
Como nuestra intención era la misma, pues, en ese sentido, hemos apoyado este texto final, que consideramos muy positivo.
Gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
¿PAR? ¿PSOE?
El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor presidente.
Solamente por cortesía, por agradecer al grupo proponente, que creo que ha dejado claro cuál era el objetivo suyo al presentar esta proposición no de ley, que no era otro que dar ese toque de atención a la Administración para que se puedan solucionar males futuros.
Nosotros hemos presentado la enmienda, porque entendíamos que había que dejar algunos aspectos más claros.
Y agradecemos también al Grupo Chunta Aragonesista, que también ha entendido que su enmienda se podía englobar dentro de la nuestra, y al resto de los grupos, por haber votado a favor de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Partido Popular.
El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Gracias, presidente.
Prácticamente, no hay nada que explicar. Simplemente, mostrar mi satisfacción porque, de vez en cuando, la sensatez se impone el la cámara y todos votamos lo que hay que votar.
Y nada más, simplemente decir que esta mañana estamos todos en la línea y que ojalá sigamos en esa línea y también en otros temas tan importantes y más importantes que éste, donde debe imperar la sensatez, sin hacer cuestiones de partidos, sino cuestiones que sean bien para toda la comunidad.
Muchas gracias.